RÍO DE JANEIRO – Inundaciones, sequías, incendios forestales, crecida de los océanos y calor mortal, los eventos extremos se multiplican en todo el mundo sin una reacción de la humanidad con la urgencia necesaria para la contención de la crisis climática global.
En vísperas de la 30 Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que acogerá en noviembre la ciudad de Belém, en la Amazonia de Brasil, parece difícil cumplir la meta acordada en la COP21, para limitar el recalentamiento planetario a 1,5 grados centígrados.
Queda evidente que la ciencia que advierte el riesgo de catástrofe y los movimientos ambientalistas no tienen la fuerza para impulsar las políticas indispensables para que se cumpla esa meta fijada en el Acuerdo de Paris, aprobado en 2015.
La cantidad creciente de víctimas y destrucciones provocadas por los desastres amplía la conciencia en la población sobre el cambio climático por un lado, por otro crece en el mundo el poder político de la extrema derecha, que niega el fenómeno.
“La conformación geográfica, topográfica y geológica local debería impedir la ocupación humana, sobre todo actividades agrícolas densas, que quitan la cobertura vegetal y sedimentan los cursos de agua”: Renato Oliveira.
Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos desde enero es “otro evento extremo”, que agrava todos los demás, reconoció Roberto Messias Franco, expresidente del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama), la autoridad ambiental ejecutiva en el país.
Brasil, el anfitrión de la COP30, ejemplifica la tensión entre el activismo ambiental y climático y los retrocesos que impone la ultraderecha en ambos campos.
La extrema derecha, que estuvo en el poder de 2019 a 2022, no logró la reelección del expresidente Jair Bolsonaro en 2022, pero mantiene en el legislativo Congreso Nacional y en la sociedad una influencia suficiente para destruir parte de los esfuerzos ambientales.
Retrocesos, no más avances
“Brasil vive hoy el riesgo de retrocesos”, el Congreso bicameral ya aprobó “modificaciones en leyes que costaron mucha lucha para aprobar en el pasado”, lamentó Messias, que actualmente preside la no gubernamental Fundación Biodiversitas, enfocada en la conservación de la biodiversidad.
Las áreas de protección permanente (APP), en las orillas de los ríos y en la cumbre de las montañas, fueron creadas por ley en 1934 y ahora enfrentan propuestas para su reducción, ejemplificó.
“Luego porque la lucha política se hace tradicionalmente sobre ideas económicas, sociales y políticas, la cuestión ambiental es una novedad en la historia. El conocimiento del medio ambiente como un riesgo para la sobrevivencia de la humanidad viene de pocas décadas”: Liszt Vieira.
“Educación insistente, incluso con el uso de las nuevas herramientas, como las redes sociales, es la solución”, sostuvo a IPS el veterano ambientalista, geógrafo de formación universitaria, por teléfono desde Nova Lima, en el área metropolitana de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais, en el sudeste de Brasil.
“Un pueblo educado es fácil de gobernar, difícil de dominar e imposible de esclavizar” es una frase que adoptó como lema, tras leerlo en una escuela del interior del estado en que ha vivido, fuera de los períodos en que dirigió órganos ambientales del gobierno en Brasilia o como director adjunto del Programa da Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) para América Latina, en Ciudad de México.
Pero el proceso educativo es lento en relación a la urgencia de los desafíos climáticos reflejados en los eventos extremos que cobran vidas y pérdidas económicas, en el desplazamiento de poblaciones afectadas, incluso de islas que sumergen. Además los avances educativos no evitan el ascenso de los negacionistas.
Conocimiento sin acción
Por más conciencia de la emergencia climática que tenga la población, predominan los intereses inmediatos, sean económicos, afectivos o ideológicos.
Una encuesta realizada por el Instituto Datafolha en octubre de 2024 en todo el Brasil apuntó que 60 % de los entrevistados consideraba que el cambio climático es “un riesgo inmediato para la población del planeta” y 32 % un riesgo para el futuro. Solo 5 % negó cualquier riesgo.
Pero en la Amazonia, el escenario de la COP30 entre el 10 al 21 de noviembre, proyectos que los ambientalistas rechazan por sus impactos negativos, en términos de destrucción forestal y de la biodiversidad, tienden a ser aprobados por presiones políticas, empresariales o de la misma población local.
Uno es la exploración petrolera en la cuenca de la desembocadura del río Amazonas, atractiva por la proximidad de Guyana, en cuyo mar territorial se descubrieron importantes yacimientos de petróleo y se aproxima ya a una producción cercana al un millón de barriles diarios.
La licencia ambiental para que el grupo petrolero estatal Petrobras pueda hacer prospecciones en la cuenca cuenta con el apoyo de políticos, la población local e incluso del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del izquierdista Partido de los Trabajadores, que volvió al poder el primer día de 2023 con la promesa de recuperar el protagonismo ambiental y climático del país.
Otro proyecto que seguramente promoverá la deforestación en el corazón de la Amazonia es la reconstrucción y pavimentación de la carretera BR-319, construida en los años 70 y deteriorada en las décadas siguientes, con el derrumbe de puentes y la reocupación forestal de algunos tramos.
La carretera de 885 kilómetros une Manaus, capital del estado de Amazonas, con 2,2 millones de habitantes, en su punta norte, a Porto Velho, capital del estado noroccidental de Rondônia, con 515 000 habitantes, en la punta sur. Representa un fuerte anhelo, especialmente en Manaus, cuya población se siente aislada del resto del país.
El Ibama autorizó la restauración de la carretera, pero la justicia suspendió las obras en una batalla en que es muy impopular la parte ambientalista que provocó la medida.
En el sur ciudades bajo el agua
Una realidad dramática vive en el extremo sur de Brasil, el estado de Rio Grande do Sul, que sufrió inundaciones sin precedentes en mayo de 2024, con 2,3 millones de personas afectadas en 478 municipios, 185 muertes confirmadas hasta ahora y 23 personas aún como desaparecidas.
Porto Alegre, la capital del estado, de 1,38 millones de habitantes, tuvo muchos barrios enteramente inundados durante semanas y su aeropuerto local, cerrado el 3 de mayo, solo volvió a operar el 21 de octubre de 2024.
“Esa tragedia resulta del modelo de ocupación del territorio, que viene de la colonización europea por inmigrantes italianos y alemanes principalmente, que se instalaron en los valles de tierras fértiles”, apuntó Renato de Oliveira, sociólogo y exsecretario de Ciencia y Tecnología del gobierno de Rio Grande do Sul.
Esa inmigración fue más intensa a fines del siglo XIX y comienzo del XX.
Los valles los atrajeron también por la proximidad del gran mercado consumidor, Porto Alegre. Pero eran una trampa, su fertilidad es de aluvión, se debe a milenios de inundaciones frecuentes, que ahora se hicieron torrenciales.
Una familia no quiso vender sus tierras por el equivalente a 277 000 dólares por cada una de sus 70 hectáreas hace 10 años, ahora nadie quiere comprarlas, ejemplificó Oliveira.
“La conformación geográfica, topográfica y geológica local debería impedir la ocupación humana, sobre todo actividades agrícolas densas, que quitan la cobertura vegetal y sedimentan los cursos de agua”, destacó Oliveira a IPS, por teléfono desde Porto Alegre.
El área más afectada, el centro y el este del estado, se compone de las cuencas de cinco ríos que desembocan en el llamado río Guaíba, en realidad un gran lago en cuyas orillas se construyó el área metropolitana de Porto Alegre, en que viven 4,16 millones de personas.
Pese al desastre, buena parte atribuida a la gestión local, el alcalde de Porto Alegre, Sebastião Melo, resultó reeligido en octubre de 2024. “No había alternativas mejores”, justificó Oliveira.
Pero las propuestas para el futuro tampoco apuntan a las medidas estructurales, osadas, que exige la realidad actual, realzada por nuevas inundaciones y sequías en la parte fronteriza del estado, lamentó. Gobiernos, partidos y los negocios inmobiliarios que controlan los grandes medios de comunicación atajan el debate.
Fragilidad del ambientalismo
La tragedia repetitiva favorecería el protagonismo de los ambientalistas, pero solo realza su fragilidad política, porque “se limitan al ambientalismo, sin ver las dimensiones económicas, sociales y humanas” de la cuestión, “son doctrinarios”, diagnosticó.
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“Los partidos y movimientos verdes no tienen fuerza para imponer una agenda ambiental, primero porque las ideas dominantes provienen de las clases dominantes que controlan el mercado y los medios de comunicación”, reconoció Liszt Vieira, otro veterano ambientalista, exdiputado y exsecretario de Medio Ambiente del estado de Río de Janeiro.
“Luego porque la lucha política se hace tradicionalmente sobre ideas económicas, sociales y políticas, la cuestión ambiental es una novedad en la historia. El conocimiento del medio ambiente como un riesgo para la sobrevivencia de la humanidad viene de pocas décadas”, acotó.
Las consecuencias de los desastres ambientales y climáticos afectaron principalmente a los pobres hasta ahora. En el futuro “tienden a alcanzar también a los ricos, entonces la agenda ambiental se hará más fuerte”, vaticinó en entrevista con IPS en Río de Janeiro.
