SÍDNEY – Fiyi, una nación ubicada en el Pacífico sur, es famosa por su belleza natural y sus centros turísticos playeros. Pero durante 38 años ha soportado una montaña rusa política de inestabilidad con cuatro golpes de Estado armados que derrocaron a gobiernos democráticamente elegidos y socavaron los derechos humanos.
Ahora, tras una transición pacífica de poder en las elecciones de 2022, el primer ministro Sitiveni Rabuka y su gobierno de coalición buscan enfrentar el pasado mediante una Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) que allane el camino hacia un futuro más pacífico y resiliente.
La comisión “facilitará un compromiso abierto y libre en la narración de la verdad sobre las convulsiones políticas durante los períodos de golpes de Estado y promoverá el cierre y la sanación para los sobrevivientes”, dijo ante el parlamento Rabuka, quien lideró el primer golpe, antes de apoyar la legislación aprobada en diciembre.
Ahora ha prometido supervisar la reconciliación y el retorno a las normas democráticas del país de Oceanía, conformado con 333 islas y situado al este de Australia y al oeste de Tonga.
La CVR tiene el mandato de investigar lo ocurrido durante los golpes de 1987, 2000 y 2006, las violaciones de derechos humanos relacionadas y los agravios que alimentaron la lucha de poder entre las comunidades indígenas de Fiyi y las indofiyianas. Su objetivo se centra en la verdad y en evitar la repetición del conflicto.
En este caso, no procesará a los responsables de los abusos ni otorgará reparaciones a las víctimas.
“Esta comisión busca servir al pueblo de Fiyi para que se reconcilie con su propia historia… el propósito no es culpar ni profundizar el trauma y las dificultades, sino ayudar al pueblo de Fiyi a avanzar hacia un futuro mejor para todos”, dijo en enero Marcus Brand, presidente de la CVR, con amplia experiencia en iniciativas de justicia transicional y cargos de alto nivel en las Naciones Unidas y la Unión Europea.
Lo acompañan cuatro comisionados fiyianos: el exjuez del Tribunal Superior Sekove Naqiolevu, la experiodista de televisión Rachna Nath, el excapitán de Fiji Airways Rajendra Dass y la experta en liderazgo Ana Laqeretabua.
Florence Swamy, directora ejecutiva del Pacific Centre for Peacebuilding, una organización no gubernamental con sede en la capital, Suva, dijo a IPS que la CVR es clave para generar confianza en un país donde muchas personas todavía sienten miedo y ansiedad por la violencia que presenciaron.
“Como primer paso, está creando un espacio seguro para que la gente hable de lo que les ocurrió”, enfatizó.
La agitación política de Fiyi tiene raíces históricas. La colonización británica en el siglo XIX estuvo acompañada de políticas destinadas a fortalecer los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas y evitar el despojo, derechos que fueron reforzados en la primera constitución de Fiyi al independizarse en 1970.
Pero, al mismo tiempo, la sociedad fiyiana cambió de manera irreversible con la inmigración organizada de personas de nacionalidad india en las plantaciones de azúcar y fomentar el desarrollo de la colonia. A mediados del siglo XX, la población indofiyiana superaba a la indígena y aumentaban sus demandas de igualdad de derechos.
“Los indios fiyianos fueron traídos al país, en muchos casos, bajo el falso pretexto de mejores oportunidades de trabajo y salarios, para desarrollar la economía de Fiyi… mientras que los fiyianos indígenas apenas fueron consultados sobre una decisión tan trascendental”, señaló a IPS Shailendra Singh, jefe de Periodismo en la Universidad del Pacífico Sur en Fiyi.
Pronto, la política nacional quedó atrapada en una feroz disputa por el poder. Y en 1987, Rabuka, entonces oficial del ejército fiyiano, lideró el derrocamiento del primer gobierno indofiyiano electo, encabezado por el primer ministro Timoci Bavadra.
Rabuka fue luego primer ministro de 1992 a 1999, hasta que otro gobierno indofiyiano, liderado por Mahendra Chaudhry, llegó al poder mediante las urnas.
Esto desencadenó un segundo golpe, instigado en 2000 por el nacionalista George Speight, durante el cual el gobierno fue retenido como rehén en el parlamento durante semanas.
Posteriormente, en 2006, Frank Bainimarama, jefe de las fuerzas armadas, orquestó el tercer golpe, que justificó como necesario para eliminar la corrupción y las políticas divisivas del gobierno de entonces, presidido por Laisenia Qarase.
Durante los siguientes ocho años, Bainimarama encabezó un gobierno militar autoritario hasta que en 2014 se celebraron nuevamente elecciones democráticas.
Los golpes tuvieron un costo humano considerable. La anarquía, la violencia intercomunitaria, la brutalidad militar y policial, así como arrestos y torturas a personas críticas del régimen, se intensificaron especialmente después de 2006.
Tres años más tarde, Amnistía Internacional exigió “un alto inmediato a todas las violaciones de derechos humanos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios del gobierno, incluidas las detenciones arbitrarias, la intimidación y amenazas, y las agresiones y detenciones de periodistas, críticos del gobierno y otros”.
También pidió la derogación de las Regulaciones de Emergencia Pública impuestas en 2009, que otorgaron impunidad a los funcionarios estatales involucrados en abusos.
Actualmente, el equilibrio demográfico ha cambiado nuevamente debido a la emigración de indofiyianos, que ahora representan alrededor de 33% de la población nacional de unas 900 000 personas, mientras que los melanesios constituyen cerca de 56%. Pero las divisiones sociales siguen arraigadas y el pasado no ha sido olvidado.
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La comisión se prepara para realizar audiencias durante los próximos 18 meses. Rabuka ha prometido ser uno de los primeros en testificar sobre su participación en las convulsiones políticas.
“Juraré decirlo todo, la verdad… quiero seguir viviendo con la conciencia tranquila. Quiero que la gente sepa que al menos comprendan mis razones para hacerlo”, dijo a la prensa en enero.
Pero la CVR también se compromete a situar a las víctimas y sobrevivientes en el centro de su misión, afirmando que “sus experiencias de vida son vitales para fomentar la rendición de cuentas, alentar la sanación y construir una sociedad más unida y compasiva”.
Sin embargo, también existen voces de cautela, que advierten sobre los riesgos de reavivar recuerdos de conflicto y dolor y la necesidad de evitar que esto alimente nuevas divisiones.
Expertos en el país señalan la necesidad de ir más allá de la CVR y abordar problemas estructurales de desigualdad y marginación que han generado agravios comunitarios, “para que todos sientan pertenencia y lealtad al país en el que nacieron”, dijo Singh.
En particular, añadió, deben enfrentarse los “temores indígenas sobre la dominación política en Fiyi” y “la sensación de los indo-fiyianos de ser marginados por el Estado y no tratados como ciudadanos iguales”.
Las fuerzas armadas fiyianas, que desempeñaron un papel decisivo en la ejecución de los golpes, justificando sus acciones como defensa del orden interno, también son fundamentales para el éxito del retorno del país a la gobernanza democrática.
En 2023 se inició un proceso interno de reconciliación para poner fin a la intervención militar en la política y las elecciones.
En abril, durante una reunión oficial con la CVR, la cúpula militar se comprometió “a garantizar que los errores del pasado no se repitan, y que su papel como guardián del orden constitucional de Fiyi siga anclado en el servicio a todos los ciudadanos, independientemente de su etnia, origen o creencia política”.
Cuando la comisión concluya sus aproximadamente dos años de trabajo, formulará recomendaciones en su informe final para medidas públicas y reformas de políticas que respalden la cohesión social del país. Aquí Swamy subraya que es crucial que las recomendaciones no queden en el papel, sino que se implementen.
“En cuanto a las recomendaciones, ¿quién será responsable de ellas? ¿Se asegurarán de que las recomendaciones se lleven a la práctica? ¿Y qué mecanismos se establecerán para garantizar que las instituciones rindan cuentas?”, planteó.
De cara al futuro, Swamy expresó su deseo de que su país se convierta en uno “donde todos se sientan seguros, donde haya igualdad de oportunidades… un país donde todos puedan alcanzar su potencial”.
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