BOGOTÁ – El asesinato del joven político Miguel Uribe Turbay, aspirante a la presidencia de Colombia que murió este lunes 11 tras ser abaleado el 7 de junio, exhibe el dilema entre paz y violencia que vive este país, y abre una fase decisiva para la elección presidencial prevista para el año próximo.
El político, senador de 39 años, recibió varios balazos mientras intervenía en un acto de campaña en esta capital. Fueron detenidos el presunto autor de los disparos y algunos relacionados, pero la autoría intelectual permanece como una incógnita.
Uribe Turbay era precandidato presidencial de Centro Democrático, el partido de derecha que dirige el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010, sin parentesco con el asesinado) y que es el principal de oposición al presidente izquierdista Gustavo Petro.
Apenas fue tiroteado Uribe Turbay, políticos de la derecha más tradicional plantearon que el discurso de Petro, al que señalaron como incendiario y conflictivo, animaba un clima de crispación y violencia que sirvió de caldo de cultivo a la violencia expresada en el crimen del joven político.
Incluso en Washington el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo en junio que el atentado contra Uribe Turbay era “el resultado de la retórica violenta de izquierda proveniente de los niveles más altos del gobierno colombiano”. Este lunes lamentó el deceso y pidió “justicia” ante el crimen.
Petro expresó su pesar y dijo que “la vida está por encima de cualquier ideología”, y la muerte de Uribe Turbay “duele como si fuera de los nuestros. Es una derrota. Cada vez que cae un colombiano asesinado, es una derrota de Colombia y de la vida”.
También advirtió de que “no es la venganza el camino de Colombia. Por venganzas llevamos décadas de violencia. No más”.
El mandatario, que en 2022 se convirtió en el primer izquierdista que llega a la presidencia de su país, a la cabeza de la coalición Pacto Histórico, presentó como objetivo central de su gestión conseguir la paz con los remanentes de las guerrillas que han combatido durante décadas y con otros grupos al margen de la ley.
También ha tratado de avanzar en reformas sociales, en las áreas de salud, derechos laborales e integración de comunidades marginales, indígenas y afrodescendientes, así como de desarrollar políticas no punitivas anti los cultivos de drogas.
Además, sostiene un discurso ecologista, contra los combustibles fósiles y muy crítico del sistema internacional a propósito del conflicto entre Israel y Palestina.
En todos esos campos, que han ocupado gran parte del debate político en Colombia, en los últimos tres años, Petro ha chocado con el Congreso, donde la oposición ha reunido mayorías, y ambos bandos se han desafiado con multitudes en las calles.
En ese clima surgieron en lo que va de año decenas de figuras con aspiraciones de presentarse como candidatos a la elección presidencial prevista, a dos vueltas, en los meses de mayo y junio de 2026.
Entre ellos figuraba el joven Uribe Turbay, nieto del fallecido presidente Julio César Turbay (1978-1982), del tradicional Partido Liberal, e hijo de Diana Turbay, abogada y periodista asesinada en 1991 cuando estaba secuestrada por narcotraficantes.
Tras una breve pasantía en el liberalismo y ascender dentro del gobierno local de la capital colombiana, el joven Uribe Turbay adhirió al Centro Democrático que lidera el expresidente Uribe Vélez y llegó al Senado, desde donde hizo una fuerte oposición a los planteamientos de Petro y en general a la izquierda.
El expresidente Uribe Vélez, al lamentar la muerte, expresó que “el mal todo lo destruye, mataron la esperanza”.
Tras el atentado en junio, Uribe Turbay fue registrado por las encuestas como favorito entre los aspirantes a la presidencia, y su deceso abre campo a un extenso abanico de opciones ubicadas principalmente en los partidos tradicionales, independientes de derecha y a los compañeros de ruta del presidente Petro.
El atentado generó masivas expresiones de dolor, sobre todo en Bogotá, y se descuenta que el estado de conmoción por su muerte, al cabo de una azarosa agonía en la clínica Santa Fe de la capital -por momentos pareció recuperarse y volver a la vida- marcará de inmediato la lucha política en Colombia.
Muy probablemente los debates sobre la violencia y la inseguridad desplacen de la arena pública y mediática a las reformas sociales que ha tratado de pulsar Petro.
Aunque el crimen de Uribe Turbay es el más destacado, en Colombia han proseguido los asesinatos de líderes políticos locales, así como de activistas sindicales, indígenas, ambientalistas y de combatientes desmovilizados de las guerrillas.
La organización civil Misión de Observación Electoral registró que el año pasado hubo en Colombia 233 hechos violentos contra líderes políticos, y muchos otros, hasta completar 492, contra líderes sociales y comunales.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz pidió -como prácticamente la totalidad de las voces políticas del país- “que las autoridades competentes esclarezcan de manera pronta y rigurosa lo ocurrido, identificando y sancionando a los responsables materiales, intelectuales y determinadores de este crimen”.
Como otras instituciones colombianas y del exterior, el instituto hizo “un llamado urgente a la sociedad a rechazar la violencia, a construir garantías efectivas para el ejercicio de la política sin miedo, y a hacer de la paz un propósito común. La vida y la paz deben estar en el centro de cualquier proyecto de nación”.
A-E/HM
