JHAPA, Nepal – Cuatro refugiados lotshampas de Bután —Aasis Subedi, Santosh Darji, Roshan Tamang y Ashok Gurung— presentaron el 27 de julio un recurso ante el Tribunal Supremo de Nepal contra una orden gubernamental que ordenaba su expulsión del país, en un caso que representa un caso representativo de lo que sucede a este grupo.
Tras ser reasentados en Estados Unidos a través de un programa de refugiados de las Naciones Unidas, los cuatro fueron deportados de nuevo a Bután en abril de este año, donde fueron rechazados en la frontera. Bután se negó a reconocerlos como ciudadanos.
Entraron en Nepal sin visado y fueron encarcelados durante 28 días. Fueron puestos en libertad en junio, solo después de que el padre de Aasis Subedi, Narayan Subedi, presentara un recurso ante el Tribunal Supremo de Nepal. El tribunal dictó entonces una orden provisional que suspendía su deportación.
La orden instruía al gobierno que liberara a los hombres y les permitiera permanecer en los campos de refugiados del distrito de Jhapa, Pathri y Beldangi. También les obligaba a presentarse en la comisaría local una vez a la semana y pedía al Departamento de Inmigración que completara su investigación en un plazo de 60 días.
Ese plazo expiró el 20 de junio. Tres días después, la familia recibió una carta del Departamento de Inmigración de Nepal.
Los lhotshampas, que significa «habitantes de la frontera sur» lengua dzongkha, como se conoce a la butanesa, son un grupo heterogéneo, mayoritariamente budista o hindú y que se desplazaron desde el vecino Nepal al territorio butanés en el siglo XIX y se asentaron en esa parte del país desde entonces.
Pero ya entrado el siglo XX, Bután impuso una política calificada por organismos internacionales de limpieza étnica, que llevó a al menos 100 000 lhotshampas a su expulsión forzosa, negandoles la ciudadanía a los miembros de ese grupo, aunque hubiesen nacido y vivido siempre en Bután.
Tras vivir por años en campos de refugiados en el este de Nepal, a partir de 2007 la mayoría fueron reasentados en otros países dentro de un acuerdo internacional, principalmente en Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido y otros países europeos, al punto que en 2021 había muchos más lhotshampas en esos países que en Nepal.
Pero la negativa a darles la ciudadanía correspondiente por Bután, los condena a la apatridía en muchos casos, en especial los refugiados en Nepal o cuando intentan ser deportados a Bután, como hizo Estados Unidos por sus nuevas restricciones migratorias.
«Me quedé impactado al ver el veredicto. Me sentí triste e impotente», dijo Aasis Subedi, de 36 años, tras leer la carta en voz alta. En ella se indicaba que el Departamento había decidido deportar a los cuatro hombres, ya fuera a Estados Unidos de donde habían llegado o a Bután, tras multar con 5000 NPR (unos 36,4 dólares) a cada uno.
También se les exigió que pagaran las tasas de visado y ocho dólares adicionales por día como penalización por permanecer en el país más tiempo del permitido.
«Esta orden de deportación es profundamente errónea», afirmó el abogado Satish Krishna Kharel, que representará a los cuatro refugiados ante los tribunales. «Fueron reasentados en Estados Unidos desde Nepal en el marco de un programa internacional oficial. Expulsarlos ahora, sin que ningún país esté dispuesto a acogerlos, viola los principios jurídicos y humanitarios básicos», lamentó.
Kharel y el equipo jurídico sostienen que la decisión del Departamento de Inmigración ignora su historia y socava la credibilidad del propio proceso de reasentamiento internacional.
Al negarles la ciudadanía tanto Estados Unidos como Bután, los cuatro hombres se encuentran efectivamente apátridas, atrapados en un limbo legal. Su destino está ahora en manos del tribunal supremo de Nepal, que podría sentar un importante precedente legal sobre el trato que se da a las personas apátridas en el país.
El portavoz del Departamento de Inmigración (DoI), Tikaram Dhakal, declaró a un diario nepalí: «Aunque proceden de Estados Unidos, son butaneses. Cuanto antes tramiten sus documentos de viaje, antes podremos deportarlos. Si no pueden volver a Estados Unidos, Bután es la opción más fácil para nosotros. También tendrán que correr con los gastos del billete de avión».
Hasta que estén listos sus documentos de viaje, permanecerán en el campamento.
El padre de Aasis, Narayan Subedi, se siente impotente ante la apatridia de su hijo.
«La última vez, presenté una petición de hábeas corpus ante el Tribunal Supremo después de que mi hijo y otras tres personas fueran detenidos. Ahora estamos presentando otra petición, sin perder la esperanza de que se encuentre una solución para su futuro», afirma antes de partir hacia Katmandú para presentar el recurso.
«El dinero siempre es un problema para los refugiados que viven en el campamento», explica Narayan Subedi, padre de uno de los deportados.
«Tanto la última vez como ahora, solo hemos podido cubrir los gastos de viaje y los gastos legales en Katmandú gracias a la ayuda de algunas personas de buena voluntad, como Dilli Adhikari, un compañero refugiado lhotshampa que ahora vive en Estados Unidos», añadió.
Narayan, que ahora tiene 55 años, no tiene un trabajo formal. Se gana la vida con una pequeña tienda de comestibles que tiene en su casa, dentro del campo de refugiados.
Al igual que su hijo hoy, Narayan ha vivido como refugiado apátrida desde principios de la década de 1990. A diferencia de su esposa y sus hijos, no reunió los requisitos para el reasentamiento en un tercer país cuando estaba en marcha el programa liderado por Estados Unidos.
Del mismo modo, el activista por los derechos de los refugiados y director de Inhured International, Gopal Krishna Siwakoti, explica que la orden de deportación de las cuatro personas se dictó siguiendo estrictamente la letra de la Ley de Inmigración de Nepal, sin tener en cuenta las cuestiones humanas y jurídicas más amplias que se planteaban.
Afirma que las autoridades parecen confusas e inseguras sobre cómo encontrar una solución justa y duradera a esta complicada situación.
Normalmente, el Departamento de Inmigración de Nepal impone una multa elevada —de ocho dólares diarios— por entrar en el país sin los documentos adecuados o por quedarse más tiempo del permitido por el visado.
Sin embargo, en este caso, los cuatro deportados fueron tratados con cierta fexibilidad. Se les pidió que pagaran solo 5000 NPR cada uno. Sin embargo, tendrán que pagar los ocho dólares diarios de multa por exceder el plazo de estancia una vez que obtengan sus documentos de viaje y estén listos para salir del país.
Un panorama sombrío
El futuro de los cuatro hombres deportados de Estados Unidos, y de otros como ellos, sigue siendo muy incierto. La mayoría de los posibles resultados ofrecen pocas esperanzas. Sin una fuerte presión internacional o un cambio en la diplomacia regional, estas personas podrían seguir atrapadas en un callejón sin salida legal y humanitario.
La repatriación a Bután puede parecer la solución más directa, pero es muy poco probable. Bután se ha negado sistemáticamente a readmitir a los refugiados lhotshampa, incluso a aquellos cuya ciudadanía fue verificada en controles anteriores.
Otra opción es el asentamiento permanente en Nepal. Pero esto también sigue siendo incierto. Nepal no es signatario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y no ofrece ninguna vía legal para que los refugiados obtengan la ciudadanía, lo que hace casi imposible la integración a largo plazo.
El reasentamiento en un tercer país también es improbable. El programa dirigido por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ha terminado oficialmente y la mayoría de los países no están dispuestos a aceptar a personas con antecedentes penales o legales sin resolver.
Según Gopal Krishna Siwakoti, el resultado más probable es «una detención prolongada en la zona o un limbo legal».
Esto ya ha ocurrido antes. Miles de refugiados han pasado décadas en campamentos en Nepal sin ninguna solución duradera. Casi 7000 lhotshampas siguen viviendo en los dos campamentos del este de Nepal. Los recién deportados se enfrentan a la misma cruda realidad: apátridas, atrapados y sin un camino claro por delante.
El camino a seguir
Para los deportados, esto supone volver a la apatridia. Ningún país está dispuesto a acogerlos, lo que los deja sin ciudadanía, sin protección y sin un futuro claro. Su deportación va en contra de las leyes internacionales, incluido el derecho a solicitar asilo y protección contra la tortura.
Nepal y Bután no mantienen relaciones diplomáticas formales, y sus conversaciones para resolver la cuestión de los refugiados se encuentran estancadas desde la 15 ronda de negociaciones. La India ha guardado silencio y Estados Unidos no ha hecho nada más que deportar a las personas.
Expertos como Siwakoti afirman que el camino a seguir depende ahora de la presión internacional.
«El apoyo del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, las organizaciones mundiales de derechos humanos y los grupos de la diáspora butanesa podría ayudar a impulsar una solución humana y duradera», dijo.
«En el ámbito jurídico, la próxima apelación ante el Tribunal Supremo de Nepal podría convertirse en un momento clave, sentando un precedente sobre cómo se tratará a las personas apátridas en Nepal en el futuro», añadió.
La diplomacia regional también podría ayudar si Nepal plantea la cuestión en foros mundiales como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh) o la Unión Europea. Esto podría aumentar la presión sobre Bután para que responda y se comprometa a resolver la crisis.
