Proteger los derechos de las mujeres es esencial en un momento de retroceso

NACIONES UNIDAS – Las leyes discriminatorias y la ausencia de protecciones legales afectan a más de 2500 millones de mujeres y niñas en todo el mundo de diversas maneras. La reforma legal es fundamental para garantizar la igualdad de género, y el mundo no puede permitirse dar marcha atrás en décadas de avances en materia de derechos de la mujer.

En coincidencia con el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible de 2025, celebrado el 17 de julio, ONU Mujeres y Equality Now (Igualdad Ya), junto con otras organizaciones internacionales vinculadas a la equidad de género realizaron un encuentro paralelo bajo el título «Acelerar la reforma legislativa para cumplir la promesa de Beijing, los ODS y el Pacto por el Futuro».

El objetivo de la reunión era poner de relieve el éxito en la erradicación de la discriminación mediante la aprobación de una legislación sólida e inclusiva y reconocer la labor que queda por hacer en la lucha contra la discriminación legal de las mujeres y las niñas.

El encuentro congregó a partes interesadas del sector público y de organizaciones no gubernamentales, destacó la relevancia de los acuerdos globales que se centran en el desarrollo sostenible y defienden el derecho internacional, señaló la directora ejecutiva de Equality Now, Mona Sinha.

«En estos tiempos de retroceso en materia de igualdad de género, es más urgente que nunca que los Estados y la comunidad internacional protejan y promuevan el derecho a la igualdad por motivos de sexo como un derecho humano fundamental», afirmó la directiva de la organización internacional promotora de los derechos de las mujeres.

«En ONU Mujeres, nos enorgullece liderar una estrategia mundial para lograr la igualdad jurídica de las mujeres y las niñas para 2030 junto con nuestros socios… Estamos en una carrera contra el tiempo para derogar las leyes discriminatorias y sustituirlas por protecciones basadas en la dignidad y la igualdad», afirmó por su parte Sima Bahous, directora ejecutiva de ONU Mujeres.

El encuentro coincidió con el lanzamiento de una publicación conjunta de Equality Now y Campaña Global por la Igualdad de Derechos de Nacionalidad (GCENR, en inglés),  titulada «Selección de artículos sobre los derechos de nacionalidad para garantizar la igualdad de género».

La publicación está destinada a ser utilizada por los responsables políticos como guía para la elaboración de políticas inclusivas que consagren la protección de los derechos de nacionalidad de las mujeres, sus hijos y sus parejas. Esto se destacó como una forma persistente de discriminación que restringe ciertos derechos en virtud de su identidad.

Catherine Harrington, directora de campaña de GCENR, señaló la «absoluta injusticia» de que los hombres tengan el «derecho inherente» de transmitir la nacionalidad a sus hijos o cónyuges, mientras que a las mujeres no se les concede lo mismo.

Hay 24 países en los que las mujeres no pueden transmitir legalmente su ciudadanía a sus hijos, y al menos 40 países en los que las mujeres no pueden conferir los derechos de ciudadanía a un cónyuge no ciudadano.

Estas restricciones impiden a las personas afectadas ejercer otros derechos fundamentales, como el acceso a la educación, la asistencia sanitaria e incluso el derecho a entrar en el país en el que nacieron o consideran su hogar.

La lucha por la igualdad de derechos de nacionalidad es emblemática de la cuestión más amplia de la igualdad de género, ya que demuestra cómo la falta de protección jurídica puede dejar a las personas vulnerables a que se les nieguen o se les exploten sus derechos.

«¿Qué dice sobre la condición de las mujeres como ciudadanas y su igualdad en la familia el hecho de que la ley que establece los fundamentos mismos de la personalidad política, la ciudadanía, sostenga que los hombres tienen naturalmente el derecho a transmitir la ciudadanía como ciudadanos de pleno derecho y las mujeres no, y que no merecen lo mismo?», dijo Harrington.

Y añadió: «¿Qué significa comprometerse a combatir la violencia de género cuando sabemos que las leyes discriminatorias por motivos de género están relacionadas con múltiples formas de violencia de género y contribuyen a la causa fundamental de la violencia de género, que es la desigualdad de la mujer en la sociedad?».

La participación de las mujeres en los espacios públicos, incluida la política, es también una medida de la igualdad de género y un paso hacia el desarrollo sostenible.

Un informe de ONU Mujeres que se analizó durante el encuentro, resaltó que, si bien se había producido un aumento en la proporción de mujeres en el parlamento, ya que los países habían tomado medidas para impulsar la participación de las mujeres en las legislaturas nacionales y locales, como las cuotas de género, tres de cada cuatro parlamentarios seguían siendo hombres.

Es necesario crear entornos que sean inclusivos en materia de género y seguros para garantizar la participación de las mujeres. Mientras las instituciones que deben representar al pueblo estén configuradas por leyes que solo benefician a unos pocos, no habrá lugar para la igualdad.

«La democracia no puede ser creíble ni eficaz si no refleja la diversidad de las personas», afirmó Paddy Torsney, quien ejerce como observadora permanente de la Unión Interparlamentaria (UIP) ante las Naciones Unidas.

Tornsey señaló que el fomento de entornos políticos inclusivos proporciona a las mujeres «el poder, la protección y la plataforma para liderar». Estos entornos pueden crearse mediante políticas inclusivas y una tolerancia cero hacia la violencia de género en todas sus formas.

Según Hikaru Yamagishi, del Banco Mundial, una legislación eficaz e inclusiva solo puede basarse en «datos fiables».

Añadió que, a través del proyecto «Mujeres, empresas y derecho», el Banco Mundial ha proporcionado «datos completos y comparables» sobre cómo las leyes afectan al empleo de las mujeres a los legisladores de 190 economías.

Entre sus conclusiones, detalló Yamagishi, está el hecho de que las mujeres tienen 64 % de los derechos de los hombres, pero aun así las economías cuentan con menos de 40 % de los sistemas necesarios para aplicar esos derechos en la práctica.

Esto indica una brecha de aplicación «significativa», remarcó, entre la legislación formal y lo que las mujeres experimentan realmente en la vida cotidiana.

«Esta brecha de aplicación debe seguirse de cerca junto con las brechas legales. El informe La Mujer, la Empresa y el Derecho pone de manifiesto la importancia de las reformas legales, como la prohibición de la discriminación, pero también muestra que esas reformas solo llegan hasta cierto punto sin políticas de apoyo», añadió.

El encuentro reunió también a representantes de los Estados miembrosde la ONU  para compartir cómo sus países abordaron la eliminación de la discriminación mediante reformas legales.

En Kirguisa o Kirguistán se tomaron medidas para reformar el código laboral, incluyendo 400 profesiones que antes estaban restringidas a las mujeres.

Bakyt Sydykov, ministro de Economía y Comercio de ese país de Asia central, se refirió a los programas federales que impulsaron las oportunidades de empleo para las mujeres que viven en zonas rurales.

Junto con la sociedad civil y los sindicatos, socios internacionales como ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) asesoraron al país en la reforma legislativa para garantizar la igualdad de oportunidades en el empleo.

«Creemos que la experiencia de Kirguisa puede servir de referencia útil para otros países que se enfrentan a retos similares», afirmó Sydykov. «Nuestro enfoque demuestra que cuando las reformas se basan en un diálogo a nivel nacional y en normas internacionales, y se aplican en colaboración con todos los sectores de la sociedad, pueden tener éxito», añadió.

Noel Mangaoang Novicio, de la Misión Permanente de Filipinas ante las Naciones Unidas, recordó que su país ha tenido ya dos mujeres presidentas, lo que muestra que la igualdad de género en su país «es sólida y muy necesaria en nuestra sociedad», aunque todavía tiene muchos aspectos que mejorar.

Novicio citó como ejemplo positivo la Carta Magna de la Mujer de su país, adoptada en 2009, una ley integral de derechos humanos para las mujeres basada en los principios del derecho internacional.

Son dos ejemplos que demuestran que es posible lograr una igualdad de género amplia, pero ningún país ha alcanzado la verdadera paridad de género, por lo que sigue siendo un esfuerzo continuo.

Durante el encuentro también se puso en relieve la importancia de las alianzas entre múltiples sectores y partes interesadas.

Los gobiernos pueden aplicar reformas legales a gran escala, el sector privado puede promover reformas y dar ejemplo, y las organizaciones multinacionales como la ONU y el Banco Mundial cuentan con los recursos necesarios para aportar pruebas de dónde se necesitan cambios y reunir a las partes interesadas.

«Cuando trabajamos juntos para hacer realidad la igualdad jurídica, se libera el potencial económico y se impulsa el progreso inclusivo», afirmó Yamagishi.

Antonia Kirkland, directora global de Igualdad Jurídica y Justicia de Equality Now, señaló que las Naciones Unidas es «una fuerza indispensable para impulsar reformas jurídicas transformadoras y basadas en los derechos en todo el mundo».

«Al amplificar las voces de los defensores de los derechos de las mujeres, en particular las del Sur global, las plataformas de la ONU brindan la oportunidad de elevar las demandas de las bases al nivel internacional, para influir en los cambios legales y políticos», dijo a IPS.

Kirland añadió que «la ONU proporciona un espacio esencial para la rendición de cuentas entre pares, el aprendizaje compartido y la presión colectiva que ninguna organización o gobierno podría generar por sí solo».

A su juicio, Las Naciones Unidas han ayudado a establecer normas jurídicas internacionales, y sus tratados y mecanismos especiales proporcionan los marcos para exigir responsabilidades a los miembros y denunciar la discriminación legal.

Dicho esto, las Naciones Unidas deben continuar con su apoyo y ejercer su influencia en medio de los crecientes ataques de los movimientos contrarios a los derechos que amenazan con revertir los avances en los derechos legales de las mujeres.

Kirkland consideró que los movimientos contrarios a la igualdad de género y a los derechos han estado trabajando para «borrar o diluir el concepto de ‘género’ de los documentos, negociaciones y marcos de la ONU».

Remarcó en ese punto que borrar el lenguaje inclusivo en materia de género corre el riesgo de socavar las normas internacionales de derechos humanos y debilitar aún más la rendición de cuentas por la violencia y la discriminación de género, además de marginar las diversas experiencias de las mujeres y las niñas.

Por lo tanto, dijo, la ONU debe reforzar sus mecanismos de supervisión y aplicación de los compromisos internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El organismo mundial, añadió, tambén debey utilizar sus plataformas para hacer un seguimiento público de los avances en la reforma legal. Para ello, también será necesario el apoyo de los Estados miembros, que deben reafirmar sus compromisos internacionales y mantener la financiación de la ONU.

«En un momento de auge del autoritarismo y de reacción contra los derechos, es esencial contar con una ONU fuerte y con recursos suficientes. Los gobiernos también deben reforzar y defender la legitimidad de la ONU en los foros multilaterales y resistir los esfuerzos políticos por debilitar su papel en la protección de los derechos y la rendición de cuentas de los Estados», insistió Kirkland.

Por su parte, Bahous, la directora ejecutiva de ONU Mujeres,  pidió en sus observaciones finales: «Invertamos en el liderazgo feminista. Consagremos la igualdad, no solo en nuestros discursos, sino también en nuestros estatutos y en nuestras acciones»

«La ley no debe ser una herramienta de opresión. Debe ser la primera garantía de justicia. Solo cuando logremos la igualdad para todas las mujeres y niñas ante la ley podremos volver a encarrilar los ODS, y el ODS 5 (en de Igualdad de género) sigue siendo nuestra base sobre la que dependen todos los ODS», concluyó.

T: MF / ED: EG