El silenciamiento de Hong Kong

LONDRES – Joshua Wong se encuentra recluido en una celda de máxima seguridad, consciente de que las autoridades de Hong Kong están decididas a silenciarlo para siempre. El 6 de junio, la policía llegó a la prisión de Stanley con nuevos cargos que podrían suponer la cadena perpetua para este destacado activista prodemocracia.

Esta es la realidad de Hong Kong: incluso tras las rejas, los activistas pueden ser considerados demasiado peligrosos como para ser liberados.

Se cumplió un aniversario infame. El 30 de junio se cumplieron cinco años desde la aprobación de la draconiana ley de seguridad nacional de Hong Kong. Imuesta en el territorio supuestamente autónomo por el gobierno chino, la ley tipificó como delito la reivindicación de la democracia, lo que ha dado lugar a numerosas penas de cárcel.

El año pasado, las autoridades de Hong Kong se otorgaron aún más poderes para reprimir la disidencia mediante la aprobación de otra ley, la Ordenanza de Salvaguardia de la Seguridad Nacional.

La policía ya ha utilizado la nueva ley para detener a más de 300 personas, incluso por delitos tan triviales como llevar camisetas con lemas de protesta.

Movimiento democrático reprimido sin piedad

Los días emocionantes del vibrante movimiento democrático liderado por los jóvenes de Hong Kong, que estalló en grandes protestas en 2019, son un recuerdo lejano. Ha pasado tanto tiempo que algunos de los encarcelados han sido liberados al cumplir sus condenas. Pero las autoridades están decididas a seguir persiguiendo a los activistas más destacados.

El caso de Wong ejemplifica la determinación de las autoridades de silenciar las voces prominentes. El joven activista es uno de los rostros más famosos del movimiento. Ha sido encarcelado en repetidas ocasiones por delitos relacionados con las protestas desde 2017 y lleva más de cuatro años en prisión, cumpliendo condenas o a la espera de nuevos juicios.

Ahora está acusado de conspirar para coludirse con fuerzas extranjeras, por supuestamente colaborar con activistas democráticos exiliados para instar a la comunidad internacional a imponer sanciones a China, un delito tipificado en la ley de seguridad nacional.

Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.

Mientras tanto, continúa el juicio contra Jimmy Lai. El antiguo propietario de un medio de comunicación utilizó su periódico Apple Daily para apoyar el movimiento democrático, hasta que las autoridades lo obligaron a cerrar en 2021.

Al igual que Wong, Lai ya ha recibido varias condenas, pero su actual juicio, que se está prolongando, se basa en cargos más graves de colusión con fuerzas extranjeras y conspiración para publicar material sedicioso.

Lai, que también tiene la ciudadanía británica, se encuentra en régimen de aislamiento desde diciembre de 2020. Tiene 77 años y su salud es delicada, y su familia teme que, en esas condiciones, no pueda soportar el intenso calor de otro verano. Las autoridades tienen claramente la intención de que muera en la cárcel.

Tradición de disidencia aplastada

El Hong Kong actual es irreconocible comparado con el país que se prometió en su día. Cuando el Reino Unido entregó el territorio a China en 1997, lo hizo en virtud de un tratado en el que el Estado chino se comprometía a mantener su sistema político independiente durante 50 años.

Esto incluía garantías para defender las libertades civiles.

Pero China ha roto unilateralmente ese acuerdo y está decidida a hacer que Hong Kong sea indistinguible del totalitarismo del continente.

Además de criminalizar a miles de manifestantes, las autoridades han reprimido duramente a unos medios de comunicación que antes eran muy dinámicos.

Hong Kong ocupa ahora el puesto 140 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras; en 2018, antes de que comenzara la actual represión intensiva, ocupaba el puesto 70.

Recientemente, los periodistas han sido objeto de una campaña sistemática de acoso e intimidación anónimos. Las autoridades han comenzado a investigar a periodistas y empresas de medios de comunicación con auditorías fiscales supuestamente aleatorias.

Otros artículos de Andrew Firmin.

En estas condiciones, muchos grupos de la sociedad civil, partidos políticos y medios de comunicación no han tenido más remedio que cerrar, mientras que los medios internacionales se han visto obligados a trasladarse.

En abril, le tocó el turno al Partido Democrático, el partido prodemocrático más antiguo y grande de Hong Kong, que cerró sus puertas. Aunque durante mucho tiempo fue una voz moderada que se cuidaba de no pronunciarse contra China, recientemente había recibido advertencias de funcionarios estatales chinos.

El momento elegido revela el deseo de control absoluto de las autoridades. Las próximas elecciones al Consejo Legislativo, el parlamento de Hong Kong, están previstas para diciembre y, en las democracias, los partidos se preparan en lugar de cerrar antes de las elecciones.

Sin embargo, la mayoría de los escaños del Consejo Legislativo no se eligen directamente y solo se permite presentarse a candidatos proChina. Con este último cierre de partido, las autoridades muestran claramente su intención de negar incluso la posibilidad de una oposición simbólica.

Ante la represión, algunos activistas prodemocracia han logrado escapar al exilio, pero allí tampoco están seguros, ya que China es el primer represor transnacional del mundo. En 2023 y 2024, las autoridades pusieron precio a la cabeza de 19 activistas exiliados, ofreciendo recompensas por su captura.

Las autoridades de Hong Kong han retirado los pasaportes a los exiliados, mientras que la policía ha sometido a interrogatorios a sus familias. En mayo se produjo una nueva escalada, cuando la policía detuvo al padre y al hermano de Anna Kwok, exiliada en Estados Unidos y una de las 19 personas con precio por su cabeza.

Un control cada vez mayor

El alcance del Estado chino se extiende ahora a los aspectos más triviales de la vida cotidiana. Informantes proChina denuncian a las personas que infringen las leyes, y parece que ningún acto de rebelión, por pequeño que sea, escapa a la atención de las autoridades.

En junio, la policía de Hong Kong advirtió a la población que no descargara un juego para teléfonos móviles desarrollado en Taiwán por considerarlo secesionista.

Los profesores, que deben impartir un plan de estudios proChina, han recibido instrucciones de no asistir a los actos organizados por el consulado estadounidense el 4 de julio y de disuadir a los alumnos de asistir.

La ministra de Educación, Christine Choi Yuk-lin, advirtió recientemente sobre los peligros de las ferias del libro y otros actos de «resistencia blanda» en las escuelas.

El Estado chino tiene ahora todas las cartas en Hong Kong. Pero la historia de Hong Kong no es solo la pérdida de libertad de un pequeño territorio: es una advertencia al mundo sobre lo que sucede cuando el autoritarismo avanza sin control.

Mientras Wong se enfrenta a la posibilidad de cadena perpetua por el delito de pedir democracia y Lai se marchita en régimen de aislamiento, la comunidad internacional debe revisar su compromiso con la democracia. Lo mínimo que merecen los activistas clandestinos y exiliados de Hong Kong es la solidaridad y el apoyo internacionales para garantizar su seguridad frente a los ataques.

Mientras su lucha continúa, el mundo no debe mirar hacia otro lado.

Andrew Firmin es redactor jefe de Civicus, codirector y redactor de Civicus Lens y coautor del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.

T: MF / ED: EG