RÍO DE JANEIRO – El ascenso electoral de la extrema derecha pone en jaque los derechos de los pueblos indígenas y de la naturaleza conquistados en los últimos 44 años en Brasil, ahora amenazados por un frente amplio en ofensiva por retrocesos legislativos.
Un proyecto de ley ya aprobado por el Senado el 21 de mayo desmonta las reglas para la licencia ambiental de los grandes proyectos y abre paso a nuevos brotes de deforestación y desastres ambientales, como los provocados por la minería, según los ambientalistas que lo denominan “ley de la devastación”.
Los senadores añadieron mayores facilidades en la propuesta que la Cámara de Diputado ya había aprobado en 2021 y volverá ahora a debatirla para aprobación final, antes de la sanción o el veto presidencial. https://www.camara.leg.br/
La iniciativa permite a las empresas y a la agricultura de gran escala obtener la autorización ambiental a actividades consideradas de medio potencial de contaminación, por una simple declaración de que cumplirán los requerimientos ambientales, sin necesitar los estudios previos de impacto exigidos por la legislación actual.
Además debilita o anula el poder de las autoridades ambientales en la evaluación de los proyectos y en la protección de las áreas de conservación. En casos “especiales” el gobierno podrá acelerar la autorización ambiental de proyectos considerados estratégicos, al dispensar dos de las tres etapas del proceso.
Eso afecta los pueblos indígenas, ya que una atención especial se concede a sus territorios, en caso de daños directos o indirectos, de cualquier obra o actividad. Muchos proyectos energéticos o mineros, por ejemplo, fueron suspendidos o sufrieron modificaciones para evitar tales impactos.
“La ofensiva de desconstrucción de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas tuvo su momento fundamental en la promulgación de la ley 14701 el 28 de diciembre de 2023, por el cual el Congreso Nacional aprobó de forma autoritaria e inconstitucional la tesis del marco temporal para demarcar tierras indígenas”: Luis Ventura.
Esa protección a las tierras indígenas e incluso su demarcación están amenazadas también por decisiones parlamentarias volcadas a la anulación de derechos de los pueblos originarios establecidos en la Constitución nacional de 1988.
El mismo Senado suspendió el 28 de mayo, por un decreto legislativo, la creación de dos territorios indígenas en el meridional estado de Santa Catarina, formalizada en diciembre de 2024 por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Allí vivían 736 personas, según el censo de 2022, en cerca de 4000 hectáreas.
Indígenas bajo cerco
“La medida devuelve esos territorios a la inseguridad después de muchos años en que los indígenas esperaron y lucharon por su homologación”, lamentó Luis Ventura, secretario ejecutivo del Consejo Misionero Indigenista, de la Iglesia católica.
Además la decisión del Senado afecta a todos los indígenas cuyos territorios están en proceso de demarcación, al suspender el articulo 2 del decreto presidencial de 1996 que reglamenta la demarcación, el papel de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) y otros órganos públicos, acotó a IPS, por teléfono desde Brasilia.
La Funai pierde así sus condiciones de ejercer la misión institucional de defensa de los derechos indígenas y ejecución de las labores administrativas de la demarcación.
La posesión de las tierras demarcadas es un derecho constitucional de la población originaria, que según el censo de 2022 suma 1,7 millones de personas u 0,8 % de los 212 millones de habitantes del país.
“Marina Silva fue echada a las fieras, sin que nadie de la base de apoyo del gobierno la defendiese, el Ministerio de Medio Ambiente quedó aislado”: Liszt Vieira.
En Brasil hay 445 tierras indígenas homologadas, es decir con el rito de la demarcación concluido, incluyendo las dos suspendidas por el Senado, además de otras 261 en distintas fases del proceso, según el Instituto Socioambiental, organización social que posee datos detallados de esa población.
“La ofensiva de desconstrucción de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas tuvo su momento fundamental en la promulgación de la ley 14701 el 28 de diciembre de 2023, por el cual el Congreso Nacional aprobó de forma autoritaria e inconstitucional la tesis del marco temporal para demarcar tierras indígenas”, contextualizó Ventura.
Esa ley permite la explotación económica de terceros en el territorio indígena, reduce la exigencia de “consulta previa, libre e informada” a los afectados por actividades ajenas, establecida en convenios internacionales firmados por Brasil, y altera el proceso en un conjunto de medidas que “prácticamente inviabiliza las demarcaciones”, detalló.
El Supremo Tribunal Federal (STF) consideró inconstitucional el marco temporal en septiembre de 2023, pero “no hace valer su decisión”, ante la ley aprobada por los legisladores, criticó.
“Esa ley sigue vigente porque el STF, por medio del juez Gilmar Mendes, en lugar de ratificar su inconstitucionalidad, creó un artificio, una comisión especial de conciliación, que entendemos como mesa de negociación, y que persiste desde agosto de 2024 en trabajos infructíferos, improductivos porque no hay posibilidad de conciliar o negociar”, recordó Ventura.
Derechos innegociables
“Derechos humanos fundamentales nunca se negocian”, sostuvo. En su opinión, el objetivo de la comisión es justamente mantener vigente la ley, que algún día podrá ser anulada por decisión del STF, pero mientras provoca graves daños a los pueblos indígenas, como demarcaciones suspensas y asesinatos por milicias de hacendados.
Las propuestas aprobadas en el Senado no son irreversibles. Tienen que pasar por los diputados, pero nadie espera que ellos discrepen de los senadores
“Estamos en una situación en que la mayoría conservadora en el Congreso, de derecha y extrema derecha, impone sus pautas sobre derechos humanos y medio ambiente”, señaló Ventura.
El cuadro se agrava porque “el STF no ejerce debidamente su función de guardián de la Constitución, en especial respecto a los derechos humanos e indígenas, y el poder ejecutivo a veces tímido, a veces anuente con esa deshidratación de los derechos indígenas”, concluyó.
El probable derrumbe de las normas para licenciar actividades contaminadoras también somete los indígenas a atropellos por proyectos cercanos o dentro de sus tierras.
“La propuesta tendrá impacto negativo para la gestión socioambiental, además de provocar posiblemente altos índices de judicialización”, reaccionó el Ministerio de Medio Ambiente a la decisión del Senado.
La batalla de la ministra
Marina Silva, titular de la cartera, acotó que la medida podrá bloquear el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercado Común del Sur (Mercosur), en negociación desde el inicio del siglo y en vías de conclusión.
La ofensiva antiambiental se hizo dramática por la ley que ablanda las normas de la licencia y por las ofensas machistas y personales con que algunos senadores trataron Marina Silva, el 28 de mayo, cuando ella fue invitada al Senado para aclarar la creación de áreas de conservación marina en el norte de Brasil.
El temor de muchos legisladores es que un área de conservación impida la explotación de petróleo en el mar, cerca de la desembocadura del río Amazonas, un anhelo de los políticos amazónicos.
“Marina Silva fue echada a las fieras, sin que nadie de la base de apoyo del gobierno la defendiese, el Ministerio de Medio Ambiente quedó aislado”, destacó Liszt Vieira, un veterano ambientalista y ex secretario ambiental del estado de Río de Janeiro, donde también presidió el Jardín Botánico de 2003 a 2013.
El proyecto que afloja las reglas ambientales pone “Lula en una encrucijada”, entre vetar o sancionar la ley, ya que muchos de sus aliados en el Congreso e incluso algunos ministros apoyaron el proyecto impulsado por la extrema derecha y representantes de intereses locales.
El presidente necesita sus aliados en la permanente lucha por aprobar sus propuestas en un Congreso mayoritariamente opositor. Pero ponerse en contra del medioambiente sería inoportuno ante la 30 Conferencia de las Partes (COP30) sobre cambio climático, que se celebrará entre el 10 y el 21 de noviembre en Belém, una de las capitales amazónicas.
La ministra reaccionó con “dignidad y bravura” a los ataques de los senadores favorables a la devastación ambiental, cuya meta es derrocarla del ministerio, para avanzar varios proyectos amazónicos, además de la explotación petrolera, dijo Liszt a IPS.
Uno de ellos es la pavimentación de la carretera BR-319, que cruza 885 kilómetos en el centro de la Amazonia, entre Porto Velho, capital del estado de Rondonia, y Manaus, capital del Amazonas.
La carretera, construida en los años 70, se deterioró al punto de hacerse intransitable, reocupada por el bosque y con muchos puentes destruidos. Su restauración es un anhelo de la población local, pero también un alto riesgo de deforestación.
Es un ejemplo del antagonismo entre la protección ambiental y el deseo popular, en desmedro de la naturaleza ante la fuerza electoral del proyecto.
ED: EG
