SÍDNEY – Registrar el nacimiento de un bebé, algo que se da por sentado en muchos países, puede tener repercusiones profundas y duraderas en la salud, la protección y el bienestar de niño o niña. Pero, tras un aumento inicial en este siglo, la tasa global de registro de nacimientos disminuyó en los últimos 10 años, y algunos países del Pacífico y del África subsahariana enfrentan desafíos significativos.
Por ello, adoptar nuevas tecnologías de registro, aumentar la voluntad política y reforzar la comprensión por parte de los padres sobre su importancia son factores clave para revertir esta tendencia.
Actualmente, cerca de 75 % de todos los niños menores de 5 años están registrados, frente a 60 % en el año 2000, según informa el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Pero Bhaskar Mishra, especialista en Protección Infantil en la sede central Unicef en Nueva York, dijo a IPS que esta desaceleración reciente se debe a desafíos persistentes.
“El rápido crecimiento demográfico, especialmente en el África Subsahariana, supera la capacidad de los sistemas de registro. Una infraestructura débil, financiamiento limitado y la baja prioridad política también contribuyeron al estancamiento. Además, muchas familias enfrentan barreras como tarifas elevadas, procedimientos complejos y acceso limitado”, explicó.
Algunos de estos obstáculos están presentes en África oriental, donde la tasa de registro de nacimientos es de 41 %, y en las islas del Pacífico, donde es de 26 %. A nivel nacional, varía desde 29 % en Tanzania hasta 13 % en Papúa Nueva Guinea y 3 % en Somalia y Etiopía.
De un estimado de 654 millones de niños menores de cinco años en el mundo, cerca de 166 millones no están registrados y 237 millones no tienen certificado de nacimiento.
“Los obstáculos sistémicos y sociales, agravados por los efectos persistentes de covid-19, que revirtieron logros alcanzados en años anteriores, hacen que el progreso deba acelerarse cinco veces para alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de un registro universal de nacimientos para 2030”, remarcó Mishra.
Un país que está trabajando para afrontar este desafío es Papúa Nueva Guinea (PNG). Esta nación insular del Pacífico sur, la más poblada de la región, cuenta con unos 11 millones de habitantes y está compuesta por islas dispersas y una cadena montañosa imponente, donde las dificultades diarias incluyen terrenos extremos, falta de caminos y transporte poco confiable.
Más de 80 % de la población vive en zonas rurales y, en la provincia de Madang, en el noreste del país, la Asociación de Mujeres del Campo viene trabajando para aumentar la concientización sobre salud materna entre mujeres embarazadas.
“Algunas no tienen acceso a centros de salud porque están en zonas muy remotas, y llegar hasta allí puede tomar horas, así que todos los partos se hacen en la aldea. Pero los centros de salud de algunas comunidades están en mal estado, no se mantiene la infraestructura y no hay personal sanitario, y eso es lo más difícil”, contó a IPS Tabitha Waka, de la sucursal Madang de la asociación.
Para una madre, registrar el nacimiento de su bebé puede implicar viajes largos en colectivos comunitarios por caminos de tierra hasta la oficina de registro, además del costo del pasaje.
“La falta de información es otro problema. Estas madres rurales no cuentan con este tipo de datos útiles y no conocen la importancia del registro de nacimientos. Y en algunas comunidades, debido a tradiciones y costumbres, solo se permite que las madres den a luz en la aldea”, agregó Waka.
Según el gobierno, poco más de la mitad de los nacimientos en PNG ocurren en centros de salud.
Pero el país logró avances importantes y, entre 2023 y 2024, duplicó con creces la distribución de certificados de nacimiento, de 26 000 a 78 000. En julio del año pasado, Unicef entregó al gobierno 44 dispositivos portátiles de registro móvil, y los funcionarios iniciaron una gran misión de alcance para registrar nacimientos en comunidades locales.
En diciembre siguiente, el parlamento de PNG aprobó un nuevo proyecto de ley para desarrollar el Registro Nacional Civil e Identitario.
“El gobierno liderado por el Pangu es un gobierno responsable, con políticas basadas en la inclusión en todo el país… contar con información precisa y confiable sobre la identidad de nuestra población es vital para brindar servicios eficaces y garantizar su bienestar social”, declaró en noviembre el primer ministro James Marape.
Ya se observan avances concretos, pero el objetivo del gobierno de registrar hasta medio millón de nacimientos por año “requerirá una expansión de la tecnología. Los kits deben distribuirse a nivel nacional, especialmente en zonas remotas. Además, es necesario descentralizar la emisión de certificados”, dijo a IPS Paula Vargas, jefa de Protección Infantil de Unicef en PNG.
“Hay cuellos de botella en el proceso. Por ejemplo, solo una persona en todo PNG está autorizada a firmar manualmente los certificados de nacimiento”, añadió
Lejos de este país insular, el hecho es que más de la mitad de los niños no registrados vive en África subsahariana, y países como Etiopía enfrentan problemas similares.
Ubicada en el Cuerno de África, Etiopía tiene más del doble del tamaño de PNG y una alta tasa de natalidad de 32 nacimientos por cada 1000 personas al año, frente al promedio global de 16. Allí también, la mayoría de los más de 119 millones de habitantes vive en regiones tan remotas como vastas.
Aunque el registro de nacimientos es gratuito y el gobierno capacita a trabajadores de salud en el proceso, la brecha urbano-rural persiste.
La carga que suponen para las familias rurales las múltiples visitas, los trayectos largos y los costos necesarios para completar el registro impide el avance. La tasa de registro en la región rural de Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur (SNNP, en inglés) es de apenas 3 %, que representa el promedio nacional, frente a 24 % en la capital, Addis Abeba.
Tariku Nigatu, profesor adjunto de Salud Pública en la Universidad de Gondar, dijo a IPS que el avance podría venir de “integrar el registro al sistema de salud, aumentar la disponibilidad de recursos para respaldar las intervenciones que impulsen el registro de nacimientos y mejorar la infraestructura para permitir informes en tiempo real o casi real”.
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Unicef también ayudó a Etiopía a implementar kits móviles de registro en comunidades remotas, incluidas aquellas afectadas por la inestabilidad, “garantizando que los niños nacidos en contextos de emergencia o desplazamiento no queden excluidos del derecho a la identidad legal y la protección”, señaló Mishra.
Actualmente, una crisis humanitaria y la inseguridad afectan la vida en la región de Tigray, al norte del país, tras una guerra civil que duró de 2020 a 2022.
También es necesario abordar la falta de información y las creencias erróneas sobre el registro de nacimientos, remarcó Nigatu.
“En algunas comunidades, hay mitos que sostienen que contar al recién nacido como ‘una persona’ a tan corta edad puede traer mala suerte. No consideran al niño digno de ser contado antes de saber si sobrevive al período neonatal”, explicó.
Esto se debe en parte a la elevada mortalidad neonatal del país, con 30 muertes por cada 1000 nacimientos, de las cuales cerca de la mitad ocurren dentro de las primeras 24 horas de vida.
También es necesario reforzar el mensaje sobre la importancia del registro a lo largo de toda la vida.
Hay riesgos graves y desventajas humanas para los millones de niños no registrados, que no cuentan con una existencia legal. Tendrán mayores dificultades para salir de la pobreza, resistir la explotación sexual, el trabajo infantil y la trata, y acceder a la protección legal, al derecho al voto, a empleos formales o a la propiedad de tierras.
Pero el registro de nacimiento es solo el primer paso hacia su protección y bienestar.
“Solo funciona si está respaldado por sistemas y servicios sólidos. Eso incluye vincular el registro con servicios como vacunación, partos hospitalarios y la inscripción escolar”, dijo Mishra.
En un sentido más amplio, contar con datos precisos sobre nacimientos y población es esencial para que los gobiernos puedan planificar servicios públicos y el desarrollo nacional, y es igualmente clave para evaluar el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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