MONTEVIDEO – Durante décadas, Portugal se erigió como un faro de estabilidad democrática en una Europa cada vez más inestable. Mientras sus vecinos se enfrentaban a la fragmentación política y al auge de los movimientos de extrema derecha, Portugal mantuvo su sistema bipartidista, testimonio del duradero legado de la Revolución de los Claveles de 1974, que llevó al país de la dictadura a la democracia de forma pacífica.
Durante mucho tiempo se creyó que la amplia experiencia pre-revolucionaria de Portugal con un régimen represivo de derecha lo había inmunizado contra la política de extrema derecha, pero esa suposición ha quedado demostrada como obsoleta.
Una era de excepcionalidad llegó a su fin el 18 de mayo, cuando el partido de extrema derecha Chega obtuvo 22,8 % de los votos y 60 escaños en el parlamento, convirtiéndose en la principal fuerza de oposición del país.
Esto representa más que una sorpresa electoral; marca el colapso de cinco décadas de consenso democrático y la entrada renuente de Portugal en la corriente principal de polarización política europea. Chega podría tener el equilibrio del poder.
La Alianza Democrática, de centro-derecha, liderada por el primer ministro Luís Montenegro, obtuvo el mayor número de escaños parlamentarios, pero se quedó muy lejos de los 116 necesarios para la mayoría. Mientras tanto, el Partido Socialista, que gobernó entre 2015 y 2024, sufrió su peor derrota desde la década de los años 80, relegado al tercer lugar por un partido que solo tiene seis años de vida.
El meteórico ascenso de Chega, que pasó de obtener solo 1,3 % de los votos y un escaño en 2019 a convertirse en la principal fuerza de la oposición, demuestra la rapidez con la que puede cambiar el panorama político cuando los partidos mayoritarios no logran abordar las preocupaciones fundamentales de la población.
Las raíces de esta transformación se encuentran en una combinación tóxica de presión económica y fracaso político que ha erosionado sistemáticamente la confianza de la ciudadanía en la clase política.
Portugal ha soportado tres elecciones en menos de cuatro años, lo que pone de manifiesto su nueva situación de inestabilidad crónica.
El desencadenante inmediato de las últimas elecciones fue la caída del gobierno de Montenegro tras una moción de censura, en la que los partidos de la oposición alegaron preocupaciones sobre posibles conflictos de intereses relacionados con los negocios familiares del primer ministro.
Esto se produjo tras la caída del anterior gobierno socialista en noviembre de 2023, en medio de investigaciones por corrupción, lo que creó un ciclo recurrente de escándalos, crisis gubernamentales y agitación electoral.
La agitación política se desarrolla en un contexto de crecientes retos sociales que los partidos mayoritarios no han sabido abordar adecuadamente.
A pesar de que su economía creció un 1,9 % en 2024, muy por encima de la media de la Unión Europea, Portugal se enfrenta a una grave crisis de vivienda que se ha convertido en el tema determinante para muchos votantes, especialmente los de las generaciones más jóvenes.
Portugal tiene ahora las peores tasas de acceso a la vivienda de los 38 países de la OCDE, con precios que se han más que duplicado en la última década.
En Lisboa, los alquileres se han disparado 65 % desde 2015, lo que convierte a la capital en la tercera ciudad menos viable económicamente del mundo, debido a la combinación de los elevados costes de la vivienda y los salarios tradicionalmente bajos.
Esta crisis, impulsada por el turismo, la inversión extranjera y los alquileres a corto plazo, ha puesto la propiedad inmobiliaria fuera del alcance de la mayoría de la población, lo que ha generado una frustración generalizada hacia unos gobiernos percibidos como ineficaces o indiferentes a las dificultades cotidianas.
La inmigración ha sido otro punto álgido. El número de inmigrantes legales se triplicó, pasando de menos de medio millón en 2018 a más de 1,5 millones en 2025. Este rápido cambio demográfico ha alimentado los discursos populistas sobre la inmigración descontrolada y su supuesto impacto en los mercados de la vivienda y el empleo.
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Fueron precisamente estas quejas las que Chega, liderado por el excomentarista de televisión André Ventura, supo explotar con maestría.
Como partido outsider, sin mancha alguna por su asociación con el ciclo de escándalos y colapsos gubernamentales, Chega se posicionó como defensor de la «civilización occidental» y canalizó la ira contra el establishment hacia el éxito electoral.
Combina promesas de combatir la corrupción y limitar la inmigración con la defensa de lo que caracteriza como valores tradicionales portugueses, incluso mediante políticas penales extremas, como la castración química para los delincuentes sexuales reincidentes.
A pesar de la insistencia de Ventura en que Chega simplemente aboga por la igualdad de trato sin «privilegios especiales», entre las filas del partido hay supremacistas blancos y admiradores del antiguo dictador António Salazar.
Su enfoque abiertamente racista hacia la inmigración y su hostilidad hacia las mujeres, las personas Lgbtiq+, los musulmanes y los romaníes reflejan un guion de la extrema derecha que ha demostrado su eficacia en toda Europa.
Chega ha cultivado importantes conexiones con la Agrupación Nacional de Marine Le Pen en Francia, Alternativa para Alemania en Alemania y el partido Vox en España, y Ventura fue uno de los líderes de extrema derecha europeos invitados a la toma de posesión de Donald Trump.
Montenegro se ha negado hasta ahora a trabajar con Chega, al que ha calificado públicamente de demagógico, racista y xenófobo, un rechazo que puede haber reforzado inadvertidamente las credenciales antisistema de Chega.
Sin embargo, la aritmética del fragmentado parlamento portugués sugiere que cualquier iniciativa política significativa requerirá la abstención socialista o, lo que es más controvertido, el apoyo de Chega, lo que creará nuevas oportunidades para la influencia de la extrema derecha, en particular en las políticas de justicia penal e inmigración.
La experiencia de Portugal ofrece una prueba aleccionadora de que la influencia de la extrema derecha ya no debe considerarse una moda pasajera, sino una característica establecida de la política europea contemporánea.
La rapidez del cambio nos recuerda de forma contundente que ninguna democracia es inmune a las presiones populistas que están remodelando el continente.
La cuestión ahora es si las instituciones portuguesas podrán adaptarse para gobernar con eficacia en este nuevo panorama fracturado, preservando al mismo tiempo los valores democráticos.
La sociedad civil portuguesa tiene un papel cada vez más importante que desempeñar a la hora de exigir responsabilidades a los políticos de extrema derecha que han adquirido influencia recientemente y de ofrecer respuestas colectivas a los retos populistas.
Inés M. Pousadela es especialista sénior en Investigación de Civicus, codirectora y redactora de Civicus Lens y coautora del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
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