MONTEVIDEO – Civicus conversa acerca de las luchas por la justicia histórica con Graciela Montes de Oca, integrante de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, una organización de la sociedad civil Uruguay que busca verdad, justicia y no repetición de los crímenes cometidos durante la dictadura.
Cada 20 de mayo desde 1996, la sociedad civil uruguaya se moviliza en la Marcha del Silencio.
Este año, miles de personas marcharon en la 30 edición de la marcha por la principal avenida de la capital, Montevideo, y en otras ciudades uruguayas exigiendo verdad, memoria y justicia para las personas que fueron detenidas y desaparecidas durante la dictadura (1973-1985).
Esta manifestación convocada por organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas se ha convertido en símbolo de la memoria colectiva.
Civicus: ¿Qué se conmemora el 20 de mayo?
GRACIELA MONTES DE OCA: El 20 de mayo de 1976 ocurrió uno de los episodios más brutales del terrorismo de Estado en el Cono Sur. Uruguay vivía entonces bajo una dictadura cívico-militar que participaba del Plan Cóndor, un acuerdo regional de varios países gobernados por dictaduras que coordinaba el secuestro, la tortura y el asesinato de opositores políticos.
En Buenos Aires, ese día fueron asesinados cuatro uruguayos: el diputado Héctor Gutiérrez Ruiz, el senador Zelmar Michelini, y el matrimonio de militantes de izquierda conformado por Rosario Barredo y William Whitelaw. Simultáneamente, fue secuestrado el doctor Manuel Liberoff, quien permanece desaparecido desde entonces.
El impacto fue devastador. Michelini y Gutiérrez Ruiz eran figuras políticas prominentes y defensores de la democracia que habían encontrado refugio en Argentina tras denunciar los crímenes de la dictadura uruguaya. Su asesinato buscó silenciar para siempre esas voces críticas.
Civicus: ¿Cómo nació la Marcha del Silencio?
GMO: La primera Marcha del Silencio fue en 1996, cuando se cumplían 20 años de estos asesinatos. Fue concebida como un homenaje puntual, pero su impacto fue tan profundo que las Madres de Detenidos Desaparecidos decidieron transformarla en una convocatoria anual.
La marcha tiene características únicas que la distinguen de otras manifestaciones: es completamente silenciosa, está abierta a toda la ciudadanía sin distinción partidaria, y mantiene un carácter pacífico que potencia su fuerza simbólica. Su persistencia durante tres décadas la ha convertido en mucho más que una protesta: es un ritual colectivo de memoria que mantiene vivas las demandas de verdad y justicia.
Las exigencias permanecen inalterables: queremos saber qué ocurrió con nuestros familiares desaparecidos. No buscamos venganza sino evitar que estos crímenes queden impunes y puedan volver a repetirse. El Estado uruguayo debe investigar y responder porque estos crímenes se cometieron en su nombre, y la justicia no es solo nuestro derecho sino también su obligación bajo el derecho internacional.
Civicus: ¿Cómo apoya esta lucha la sociedad civil?
GMO: La sociedad civil ha sido clave a la hora de mantener viva esta causa. A través de charlas, intervenciones artísticas, muestras, eventos deportivos y múltiples actividades, refuerza constantemente la memoria colectiva. También impulsa la recuperación de espacios históricos y la creación de sitios de memoria y denuncia los casos que siguen impunes.
Todo converge hacia un objetivo compartido: que nunca más haya terrorismo de Estado en Uruguay.
Civicus: ¿Cuáles son los obstáculos para conocer la verdad?
GMO: El obstáculo principal es el pacto de silencio que mantienen militares y civiles responsables de los crímenes. Este código mafioso mantiene secuestrada la verdad.
Las consecuencias son concretas y dolorosas: sin información sobre el paradero de los restos de las personas presuntamente asesinadas, los equipos forenses trabajan a ciegas. Sabemos que existen archivos con información clave que permanecen ocultos o inaccesibles. Por eso exigimos al Estado que los busque activamente, los identifique y los entregue.
La comunidad internacional también tiene responsabilidades. Debe presionar al Estado uruguayo para que cumpla sus obligaciones conforme al derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo el acatamiento pleno de los pronunciamientos internacionales ya emitidas.
En 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que el Estado uruguayo era responsable por la desaparición forzada de dos activistas, María Claudia García Iruretagoyena de Gelman y su esposo, Marcelo Ariel Gelman Schubaroff, y la apropiación y sustracción de la identidad de su hija, nacida en cautiverio. Esta sentencia ha sido objeto de múltiples resoluciones, la más reciente en 2020, que siguen monitoreando el cumplimiento de las reparaciones ordenadas.
Por otro lado, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha emitido observaciones finales vinculantes tras examinar a Uruguay en 2013 y 2022, expresando preocupación por la lentitud de las investigaciones y exigiendo acelerar los procesos judiciales. Ambos pronunciamientos internacionales establecen obligaciones claras para que el Estado garantice verdad, justicia y reparación a las víctimas.
La verdad y la justicia no prescriben.
RV: EG
