LA HABANA – La localidad del Tejar, con más de 500 familias, crece en el corazón de la capital de Cuba, pero alejada por más de dos kilómetros de cualquier avenida, el trayecto que, hasta 2021, para ir a la escuela, debían caminar los niños de ese barrio en situación de vulnerabilidad, y luego regresar a un escenario de violencia intrafamiliar.
El Tejar, uno de los cuatro barrios que integran la circunscripción del Husillo –con un total de 2000 familias–, es el más joven de todos: la mayoría de sus habitantes llegó de zonas rurales a partir de 2014 y erigió su casa de forma irregular, según sus posibilidades económicas, lejos del ojo de las autoridades.
Todavía hoy, unas 300 familias no han podido legalizar sus viviendas, por no cumplir condiciones básicas de habitabilidad.
No fue hasta 2021, por el programa nacional Barrio en Transformación, impulsado por el gobierno, que esa localidad obtuvo, por primera vez, una escuela primaria, un consultorio médico y un grado mayor de urbanización.
Sin embargo, por la crisis económica que ya se estaba acentuando en Cuba, ese programa se paralizó en 2024 y El Tejar quedó de nuevo a merced del esfuerzo propio.
“Funciona como una isla en el mapa. Como es una comunidad aislada, aquí se maximizan esos problemas que existen en todo el país, también por la condición de pobreza extrema, de vulnerabilidad”, dijo a IPS Thaís Hernández, periodista y residente local.
“Quizás no tenemos las herramientas para romper esos patrones a los que la vida nos llevó, pero los niños, son niños, y se lo merecen todo”: Thaís Hernández.
Hernández encabeza el proyecto comunitario La Casita del Husillo, creado en 2021 y con una proyección en toda la circunscripción, que tiene un enfoque en las infancias y busca una transformación cultural y de las condiciones de vida del barrio, estigmatizado por las autoridades, dijo, como una “comunidad marginal con alto potencial delictivo”.
“Empezamos con el proyecto a trabajar con los niños, con las personas vulnerables de la comunidad, dando apoyo con recursos. A veces recogemos cosas entre nosotros mismos, hacemos caldosas (sopas) comunitarias… a veces lo hacemos con apoyo de otras organizaciones”, dijo a IPS Yanisley Cárdenas, la subdirectora del proyecto y representante de la circunscripción.
El proyecto ha impartido en la localidad talleres de educación sexual para adolescentes, de prevención de la violencia, de capacitación a mujeres para disminuir situaciones de dependencia, así como ha organizado múltiples iniciativas culturales y deportivas para los niños y las niñas, como un grupo de baile folclórico y un equipo de beisbol.
“Nuestro proyecto busca unir a la comunidad, que todos estemos unidos, y todo fluya, que los niños estudien para que todo vaya hacia adelante”, dijo a IPS Yanetsi Tapia, otra colaboradora de esta iniciativa y residente del barrio.
Según Hernández, los adolescentes varones dejan la escuela a partir de los 14 años, para trabajar y apoyar a las madres, mientras las niñas, para escapar de una situación de pobreza extrema y violencia, se casan con hombres mayores con mejor posición económica, lo cual fomenta mucho el embarazo en la adolescencia.
“Algunos de esos y otros problemas se han ido solucionando (con el proyecto). En cierto sentido, queríamos demostrar que no somos un ‘potencial delictivo’, sino gente buena y trabajadora. Quizás no tenemos las herramientas para romper esos patrones a los que la vida nos llevó, pero los niños, son niños, y se lo merecen todo”, agregó.
Fenómeno nacional
Cuba firmó en enero de 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño, un referente del nacional Código de las Familias que entró en vigor en 2022, tras recibir el voto favorable de 66,9 % de los votos emitidos en un referéndum.
Esta norma colocó en el centro de sus regulaciones el concepto de interés superior del niño, con un principio de cero violencias.
Por ello, cada sentencia en los tribunales deberá tener en cuenta, en primera instancia, la voluntad de velar, proteger y reconocer los derechos de la infancia, un cambio de paradigma en las leyes cubanas que deja de ver al niño como objeto de protección, para entenderlo como un sujeto de derechos.
Sin embargo, aterrizar ese abanico de derechos a la cotidianidad es un desafío por sí solo.
La última Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS, en inglés), realizada en Cuba en 2019, reveló que, en los casi 12 000 hogares estudiados, 33,1 % de las personas de uno a 14 años recibían castigos físicos, 29,1 % eran víctimas de agresión psicológica y 41,6 % eran disciplinados con cualquier método violento.
Alrededor de 20,3 % de los 9,7 millones de habitantes en esta nación insular caribeña tienen menos de 18 años, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei).
La encuesta, implementada en Cuba con apoyo del Ministerio de Salud Público como parte del Programa Global MICS del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), también evidenció que solo un tercio recibían correcciones no violentas.
El informe alertó que la violencia obstaculiza el desarrollo infantil, las habilidades de aprendizaje y el rendimiento escolar; inhibe las relaciones positivas, provoca baja autoestima, angustia emocional y depresión; y, a veces, conduce a la toma de riesgos y autolesiones.
“La violencia es cíclica. Lo que ocurre aquí (en El Husillo) es que la mayoría de los padres aquí son personas que vienen del oriente del país, de comunidades extremadamente rurales, donde fundamentalmente impera el machismo y los patrones heteropatriarcales, y tienen un estilo de crianza que no es respetuoso”, comentó Hernández.
Secuelas de la economía
Muchos especialistas coinciden en que situaciones de violencia hacia las infancias parten de patrones culturales, que se exacerban, en gran medida, por el contexto socioeconómico en que se desenvuelve la familia y la comunidad. De ahí que, en El Husillo, un barrio en situación de vulnerabilidad, se vean agudizadas tendencias que se reflejan en el resto del país.
El MICS realizado en 2019 evidenció que el 24,3 % de los jóvenes varones en edad escolar –entre los encuestados– no asisten a la escuela, mientras que en la población femenina el ausentismo era de 17,6 %.
También reflejó que 10,4 % de las adolescentes entre 15 y 17 años estaban casadas, de una muestra de 625. Por su parte, para los varones, tal índice era de 0,7 %, de 286 personas encuestadas. Desde 2022, con el Código de las Familias, el matrimonio infantil –para menores de 18 años–, quedó prohibido.
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Si bien no se han actualizado esas cifras, pues el próximo MICS apenas comenzará sus encuestas a finales de 2025, los indicadores relacionados con las infancias deben ser más alarmantes, según los problemas sociales que se han acrecentado por la crisis económica.
Otros indicadores sí muestran el impacto de la economía:
Según la Onei, la tasa de mortalidad infantil cerró en 2024 en 7,1 por cada 1000 nacidos vivos, la misma cifra de 2023 y un poco menos de los 7,5 de 2022. Sin embargo, en el periodo anterior a la pandemia de la covid-19, este indicador se había mantenido de 4,5.
Por otra parte, el índice de bajo peso al nacer se incrementó a 7,2 % en 2022 y 7, 6% en 2023, muy por encima de los cinco años previos a la pandemia, que oscilaba entre 5, 1 % y 5, 3%.
“Tenemos (en el Husillo) los mismos problemas que tiene todo el país, pero a una escala superior”, dijo Hernández.
ED: EG
