LIMA – A casi 30 años del inicio de la política estatal que en Perú esterilizó sin su consentimiento a miles de mujeres en situación de pobreza y ruralidad, la mayoría indígenas, se abre una nueva ruta para romper el cerco de impunidad que hasta la fecha impide sancionar a los responsables de este crimen considerado de lesa humanidad.
“Buscamos que se conozca la verdad en el caso de Celia Ramos, que se haga justicia y el Estado asuma su responsabilidad. A mamá ya no la van a devolver, pero tiene que haber justicia y una reparación acorde a la afectación que tuvimos”, sostuvo Marisela Monzón ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el 22 de mayo, durante su 176 periodo ordinario de sesiones, celebrado en Ciudad de Guatemala.
Monzón es hija de Celia Ramos, una de las 18 víctimas mortales del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que se aplicó entre los años 1996 y 2000 en Perú por orden del entonces presidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien ejercía su segundo mandato con el control autoritario de los diferentes poderes del Estado.
Fujimori no cumplió la totalidad de su condena por corrupción y graves violaciones a los derechos humanos. Salió de prisión en diciembre del 2023 gracias a un cuestionado indulto humanitario de la presidenta Dina Boluarte desacatando el mandato de la Corte IDH de no hacerlo dado los delitos de lesa humanidad cometidos por el exmandatario. Este murió en libertad 10 meses después.
“El Misterio Público (fiscalía) ha sido bastante renuente a considerar los delitos contra la libertad personal, indolente y discriminador al no incluir los delitos de coacción y secuestro que las mujeres denuncian; ser acosadas, hostigadas amenazadas no es violencia para ellos: María Ysabel Cedano.
“Esperamos la verdad de lo que pasó, que se haga una investigación de verdad”, pidió Monzón a la inapelable corte interamericana, presidida por la jueza costarricense Nancy Hernández, sobre la muerte de su madre el 22 de julio de 1997.
La de Ciudad de Guatemala fue la primera audiencia en la Corte supranacional de justicia de un caso de esterilización forzada ocurrido en el Perú.
Celia Ramos falleció tras permanecer 19 días en coma producto de la práctica inadecuada de ligadura de trompas en un precario establecimiento público de salud en el caserío La Legua, una zona rural empobrecida de la región norcostera de Piura, luego de ser presionada y coactada por el personal de salud. Dejó huérfanas de madre a Marisela de 10 años, Emilia de ocho y Marcia de cinco.
Su caso no es el único. En el marco de la política fujimorista, cerca de 300 000 personas, la gran mayoría mujeres, fueron sometidas a un método anticonceptivo irreversible sin garantizarles su derecho al consentimiento libre, previo e informado.
“En la audiencia quedó claro que si yo le digo ‘usted corre grave peligro si no se somete a lo que le estoy sugiriendo’, es una forma de coaccionarla a aceptar el procedimiento médico”, explicó a IPS desde la ciudad de Bogotá Lucía Hernández, asesora legal de la oficina regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, una de las tres organizaciones que defiende el caso.
En un diálogo telefónico, detalló que a Celia Ramos se le insistió de manera reiterada y que se hicieron varias visitas a su domicilio pese a que ella había hecho explícita su negativa.
“Además, se minimizaron los riesgos en lugar de darle información completa sobre lo que implicaba el procedimiento médico, le dijeron: eso va a ser como sacarse una muela”, agregó.
Hernández deploró la posición de representantes del Estado en la audiencia del 22 de mayo.
“Fue negacionista, irrespetuosa e invalidante con las víctimas, buscando defender lo indefendible, desconociendo además que el año 2003 suscribió un Acuerdo de Solución Amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en que ya reconoció los derechos vulnerados de Mamérita Mestanza, otra víctima de las esterilizaciones forzadas”, dijo.
La Comisión y la Corte conforman el sistema interamericano de defensa de los derechos humanos, como órganos independientes de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El vulnerado derecho de libre consentimiento
Entender la gravedad de la política fujimorista implica remontarse al contexto peruano de los años 90 en que se vivía un conflicto armado interno y la militarización interna, que afectó a la población más pobre del país, centroandina y quechuahablante sobre todo.
El Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar buscaba reducir la pobreza en el Perú a través del control de la natalidad, por lo que puso énfasis en la promoción de la anticoncepción quirúrgica, pero no dirigiéndola a toda la población femenina, sino a la de zonas rurales, indígenas andinas y amazónicas, populares, caracterizadas por la pobreza.
En esa realidad, no se garantizó a las mujeres su derecho a la libertad personal y al consentimiento libre e informado como remarcó en diálogo con IPS la abogada María Ysabel Cedano de la institución peruana Demus, que también acompaña el caso.
“El Misterio Público (fiscalía) ha sido bastante renuente a considerar los delitos contra la libertad personal, indolente y discriminador al no incluir los delitos de coacción y secuestro que las mujeres denuncian; ser acosadas, hostigadas amenazadas no es violencia para ellos”, cuestionó.
Añadió que tampoco lo es que les digan que si no se ligan las trompa no recibirán alimentos ni ayuda social, que irían a la cárcel por tener más de cinco hijos o que podían morir si tenía un embarazo más como en el caso de Celia Ramos.
“Para ellos no representa amenaza ni violencia porque no han tomado en cuenta el contexto de los hechos”, refirió.
Cedano sostuvo que no existían garantías en los centros de salud para que las mujeres pudieran ejercer el consentimiento libre e informado respecto de una posible ligadura de trompas.
“En zonas rurales el personal de salud representaba al Estado, más aún si estaba acompañado de militares como ocurría en las zonas de conflicto armado interno; su vida dependía de aceptar el procedimiento, no había garantías para elegir”, subrayó.
Internamente, el caso ha seguido un camino lleno de obstáculos para romper la impunidad. De los exministros de salud denunciados por esta política uno de ellos, Alejandro Aguinaga es un congresista del fujimorismo que siempre ha rechazado las denuncias.
Tras la persistente lucha de las víctimas, en 2018, luego de 16 años de investigación fiscal y varios archivamientos de la investigación, el Ministerio Público denunció al expresidente Fujimori y a los exministros de Salud Aguinaga, Eduardo Yong y Marino Costa por varios delitos entre ellos lesiones graves, y lesiones graves seguidas de muerte.
En 2024 sin embargo el caso volvió a foja cero pues debía adecuarse al Nuevo Código Procesal Penal. Desde entonces, la fiscalía a cargo lleva ya nueve meses sin que aún haya reabierto la investigación.
“Nos ha informado que se están subsanando algunas irregularidades en los documentos y le hemos planteado que cuando formule la denuncia incorpore los delitos contra la libertad personal por la vulneración del consentimiento libre e informado”, precisó Cedano.
Además, el Estado no cumple hasta ahora con otorgar reparaciones integrales a las personas inscritas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo): 6982 mujeres y 189 hombres, en total 7171 personas reconocidas como víctimas hasta febrero de este año.
Ello pese a que el Estado es parte del Acuerdo de Solución Amistosa con la CIDH, en que se compromete a cumplir las reparaciones establecidas. Además, un fallo judicial ordena al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a garantizar esas reparaciones y otras medidas a favor de las víctimas de las esterilizaciones forzadas.
Declarar al Estado peruano responsable
Gisela de León, directora jurídica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organización que también representa a las víctimas, afirmó a IPS que se espera que la Corte IDH declare la responsabilidad del Estado peruano por la violación de los derechos de Celia Ramos al consentimiento informado, a la vida y la integridad personal.
En declaraciones desde San José de Costa Rica, donde tiene su sede la Corte, puntualizó que también están pidiendo que se declare la violación del derecho de su familia de acceder a justicia, porque hasta el momento los hechos están impunes.
Precisó que estas demandas están dentro del contexto de aplicación de la política fujimorista que privó de su capacidad reproductiva y del derecho de decidir tener hijos a miles de mujeres.
De León manifestó que además se busca que la Corte IDH repare el daño causado a Marisela Monzón, quien quedó huérfana siendo niña junto con sus dos hermanas
“Para mí es admirable cómo la búsqueda de justicia se ha ido heredando a través de los años, al inicio era su hermano, el tío de las hijas, y ahora son ellas quienes han retomado el caso”, indicó.
Tras los alegatos finales a entregar por parte del Estado y las tres instituciones defensoras del caso, la Corte IDH debe emitir su sentencia. Aunque no hay un plazo establecido, pero se espera que pueda conocerse en el máximo de un año, o incluso eventualmente antes.
Sea cuando sea, la sentencia sobre el caso Celia Ramos tendrá incidencia directa en el logro de justicia para todas las víctimas de esterilizaciones forzadas por la política fujimorista.
ED: EG
