MONTEVIDEO – En una reunión en la Casa Blanca, los presidentes Nayib Bukele y Donald Trump intercambiaron elogios y bromearon sobre el encarcelamiento masivo mientras discutían un acuerdo sin precedentes: Estados Unidos pagaría a El Salvador 6 millones de dólares al año para albergar a deportados —de cualquier nacionalidad, incluidos posiblemente ciudadanos estadounidenses— en su Centro de Confinamiento por Terrorismo (Cecot), una megaprisión de mala fama.
Este acuerdo marcó la evolución del modelo autoritario de Bukele, que pasó de ser un experimento nacional a un producto exportable para los hombres fuertes de todo el mundo.
Poco después de la toma de posesión de Trump, Bukele tuiteó una oferta para ayudar a Estados Unidos a externalizar su sistema carcelario. Menos de seis semanas después, cientos de deportados venezolanos fueron enviados al Cecot en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
Entre ellos se encontraba Kilmar Abrego García, un salvadoreño que había vivido en Maryland durante 15 años y fue deportado a pesar de haber obtenido protección de un juez de inmigración estadounidense.
Cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos ordenó a la administración Trump que facilitara su regreso, Bukele se negó alegando que no «traería a un terrorista a Estados Unidos». Para Trump, esta era una de las ventajas de tener un aliado que desprecia el Estado de derecho tanto como él.
El camino de Bukele hacia el autoritarismo
El ataque sistemático de Bukele a la democracia comenzó tras su victoria electoral en 2019, cuando rompió con el tradicional sistema bipartidista de El Salvador y obtuvo el 53,4 % de los votos.
La primera señal significativa de su voluntad de ignorar las normas democráticas se produjo cuando la Asamblea Legislativa, entonces controlada por la oposición, se negó a aprobar un préstamo multimillonario para su programa de seguridad y lucha contra las pandillas. Bukele pidió a sus seguidores, a la policía y al ejército que presionaran a los legisladores.
En las elecciones legislativas de 2021, su partido obtuvo una mayoría cualificada, lo que le permitió aprobar cualquier ley y destituir a los jueces que habían declarado inconstitucionales sus políticas, nombrando en su lugar a personas dóciles que le dieron luz verde para presentarse a un segundo mandato inconstitucional.
La piedra angular del proyecto autoritario de Bukele fue su declaración del estado de emergencia en marzo de 2022, tras un repunte de los asesinatos cometidos por pandillas.
Presentado inicialmente como temporal, el estado de emergencia se ha renovado y ampliado repetidamente hasta convertirse en una nueva normalidad en la que ya no existen los derechos constitucionales, como el debido proceso, la defensa jurídica y la libertad de reunión.
La política de seguridad de Bukele consiste en el despliegue masivo de fuerzas de seguridad para «extraer» a presuntos miembros de pandillas y encarcelarlos de por vida en condiciones de hacinamiento extremo, sin visitas ni programas de rehabilitación.
Este enfoque ha dado lugar a la detención sin orden judicial de más de 80 000 personas, lo que convierte a El Salvador en el país con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo.
La actividad visible de las pandillas ha disminuido drásticamente y la tasa de homicidios se ha reducido de 105 por cada 100 000 habitantes en 2015 a 1,9 en 2024, lo que ha valido a Bukele altos índices de aprobación y la reelección con 85 % de los votos. Pero el costo en materia de derechos humanos ha sido devastador.
Desde su reelección -inconstitucional, según las normas internas-, Bukele ha acelerado el desmantelamiento institucional.
El 29 de enero, la Asamblea Legislativa ratificó una enmienda constitucional que elimina el requisito anterior de que las enmiendas constitucionales fueran ratificadas por dos legislaturas sucesivas. Bukele ahora puede cambiar la Constitución sin la debida consulta y debate.
Se han eliminado las salvaguardias que protegían normas constitucionales fundamentales, incluidas las que prohíben la reelección presidencial inmediata.
La manipulación constitucional ha ido acompañada de la captura judicial. En septiembre de 2024, la Asamblea Legislativa eligió a siete nuevos magistrados de la Corte Suprema, a pesar de las críticas de la sociedad civil por la falta de transparencia en el proceso y las preocupaciones sobre la falta de independencia de los candidatos.
El espacio cívico bajo ataque
El deterioro del espacio cívico ha sido igualmente sistemático, con la intensificación de la criminalización de los activistas por parte del Estado.
En marzo de 2024, Verónica Delgado fue detenida arbitrariamente y acusada de «asociación ilícita» por su trabajo como miembro del grupo Search Block, que busca a familiares desaparecidos durante el estado de emergencia.
En febrero de 2025, al menos 21 activistas y líderes de la sociedad civil fueron detenidos arbitrariamente en operaciones coordinadas.
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Entre ellos se encontraba Fidel Zavala, portavoz de la organización de derechos humanos Unidad de Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios, que recientemente había presentado una denuncia contra las autoridades penitenciarias por casos de tortura.
El ataque de Bukele a la libertad de prensa ha alcanzado niveles sin precedentes. La Asociación de Periodistas de El Salvador registró 466 casos de agresiones contra periodistas en 2024. Bukele ha atacado directamente a los medios de comunicación independientes, utilizando su cuenta de Twitter/X para desacreditar a El Faro, un medio de comunicación digital que investigó los contratos de adquisición durante la covid-19.
La intimidación física se ha intensificado, con la redada policial en el domicilio de la periodista Mónica Rodríguez en diciembre de 2024, en la que se incautaron discos duros y dispositivos USB sin orden de registro ni explicación legal alguna.
La vigilancia estatal se ha vuelto sistemática y descarada. En noviembre de 2024, la Asamblea Legislativa aprobó dos leyes sobre ciberseguridad y protección de datos que otorgan a las autoridades amplios poderes para eliminar contenidos en línea y exigir la supresión de material considerado «inexacto», allanando el camino para una censura sistemática.
El último ataque al espacio cívico es una Ley de Agentes Extranjeros inspirada en Rusia, aprobada en mayo, que exige a cualquier persona que reciba financiación extranjera inscribirse en un Registro de Agentes Extranjeros. Impone un impuesto punitivo del 30 % a todos los pagos extranjeros y otorga a las autoridades amplios poderes para aprobar, denegar o revocar las inscripciones.
Se trata de un golpe devastador, ya que la mayoría de las organizaciones salvadoreñas dependen de donaciones extranjeras y muchas de ellas han criticado las violaciones de los derechos humanos cometidas por Bukele, lo que las hace vulnerables a ser tildadas de amenazas políticas.
Autoritarismo para exportar
El modelo de Bukele ha atraído admiradores en todo el mundo. Su reelección fue aclamada por muchos que buscan emularlo, y goza de índices de aprobación altísimos en otros países de la región, especialmente en aquellos que sufren un aumento de la delincuencia.
El acuerdo de deportación entre Trump y Bukele es la manifestación más visible de la colaboración autoritaria, pero la asociación va más allá de la política de inmigración.
Trump ha expresado su admiración por los métodos de Bukele y recientemente ha anunciado planes para reconstruir y reabrir la isla de Alcatraz, argumentando que la famosa prisión ayudaría a eludir a los jueces que no cumplen sus órdenes.
Bukele ha alentado el desafío de Trump a los jueces, calificando los recursos legales contra las políticas de Trump de «golpe judicial» e instando a los republicanos a destituir a lo que él denomina «jueces corruptos».
Trump debe encontrar inspirador el desmantelamiento sistemático de la sociedad civil por parte de Bukele, ya que considera que la criminalización de los activistas y el silenciamiento de los medios de comunicación independientes son herramientas eficaces para consolidar el poder.
La respuesta de la comunidad internacional ha sido moderada, lo que refleja el dilema que plantean la auténtica popularidad y los logros en materia de seguridad de Bukele. El entusiasmo con el que los observadores internacionales han acogido lo que consideran el éxito de Bukele demuestra el peligroso atractivo de las respuestas autoritarias a problemas sociales complejos.
Su capacidad para lograr mejoras reales, aunque no necesariamente duraderas, en materia de seguridad, al tiempo que desmantela sistemáticamente las instituciones democráticas, ofrece un modelo seductor para otros líderes frustrados por las limitaciones de la gobernanza democrática.
La transformación de El Salvador por parte de Bukele, de una democracia frágil a un Estado autoritario, es uno de los ejemplos más dramáticos de retroceso democrático en la América Latina contemporánea, y sirve como advertencia sobre la fragilidad de las instituciones democráticas y como indicio de cómo el autoritarismo puede adaptarse y extenderse.
Cuando los salvadoreños busquen finalmente alternativas al régimen cada vez más represivo de Bukele, se enfrentarán a la difícil tarea de reparar los mecanismos democráticos necesarios para un cambio político pacífico.
Inés M. Pousadela es especialista sénior en Investigación de Civicus, codirectora y redactora de Civicus Lens y coautora del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
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