JHAPA, Nepal – Sentado en su pequeña choza del campo de refugiados de Beldangi, en el distrito de Jhapa, en el este de Nepal, Narayan Kumar Subedi se siente aliviado porque su hijo, Aasis Subedi, está a salvo.
Aasis es uno de los cuatro deportados por Estados Unidos que fueron objeto de la histórica sentencia del Tribunal Supremo de Nepal del 24 de abril, que ordenó al gobierno no deportar a cuatro refugiados butaneses que entraron en Nepal en marzo de este año tras ser repudiados por Bután.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) deportó a los cuatro butaneses después de que hubieran vivido en diversas partes de Estados Unidos durante casi una década.
El máximo órgano judicial ordenó que Aasis Subedi, Santosh Darji, Roshan Tamang y Ashok Gurung no permanecieran bajo custodia policial. En su lugar, debían ser alojados en los campos de refugiados butaneses del este de Nepal, donde vivían antes de trasladarse a Estados Unidos.
La sentencia se dictó como respuesta a una petición de hábeas corpus presentada por Narayan, padre de Aasis.
«Esa noche, cuando mi hijo y los otros dos hombres deportados, Santosh y Roshan, llegaron a mi casa, sentí una mezcla de emociones. Estaba emocionado por ver a mi hijo después de diez años, pero igualmente triste porque escapaba como un apátrida sin hogar», dice el hombre de 55 años.
El 27 de marzo, la mañana después de su deportación, las autoridades de inmigración nepalíes detuvieron a los tres hombres por entrar en el país sin visado. El cuarto refugiado, Ashok Gurung, fue detenido por separado en Bahundangi, un pueblo en la frontera entre la India y Nepal, dos días después.
El Departamento de Inmigración investigó su caso durante casi un mes, mientras permanecían bajo custodia policial, hasta que el tribunal supremo del país les concedió una segunda oportunidad para vivir en Nepal.
Sin embargo, esta decisión se revisará al cabo de 60 días. Hasta entonces, los cuatro hombres deben permanecer en el recinto del campamento y presentarse en la comisaría local una vez a la semana, añade Narayan.
Los cuatro hombres se encuentran en un limbo legal y diplomático después de que Bután se negara a readmitirlos. Ahora, acogidos en campos de refugiados de Nepal en virtud de una orden judicial temporal, su caso pone de relieve la crisis de apatridia que sufre la comunidad lhotshampa y pone de manifiesto la fragilidad de las soluciones de reasentamiento en terceros países.
Una conexión cruel
Los cuatro hombres, Aasis, Santosh, Roshan y Ashok, todos ellos de unos 35 años, comparten una amarga conexión de múltiples desplazamientos y apatridia.
Pertenecen a la comunidad lhotshampa de Bután, un grupo étnico de habla nepalí que se asentó en el sur enclavado en la cordillera del Himalaya, dentro del sur de Asia.
Los lhotshampas («sureños» en el idioma dzongkha de Bután) emigraron a Bután a finales del siglo XIX y principios del XX, durante el reinado del rey Ugyen Wangchuck, animados a desarrollar las escasamente pobladas tierras bajas del sur.
Tras obtener la ciudadanía en los años 50 y 60 del siglo pasado, la situación de los lhotshampas cambió cuando Bután introdujo la política «Una nación, un pueblo» a finales de los años 80.
Esta política promovía las normas culturales drukpa, que incluían códigos de vestimenta y uso del idioma obligatorios, lo que provocó protestas de los lhotshampas, que se sentían marginados.
Posteriormente, el gobierno butanés revocó la ciudadanía a muchos lhotshampas, calificándolos de «inmigrantes ilegales». Entre 1990 y 1993, la persecución y las detenciones masivas obligaron a más de 100 000 lhotshampas a huir de una situación que muchos consideran una limpieza étnica. La mayoría acabaron en campos de refugiados en el este de Nepal.
Hace unas décadas, las familias de las cuatro personas deportadas también llegaron a Nepal como ciudadanos expulsados de Bután y vivieron como refugiados en los campamentos hasta hace una década, cuando se incorporaron a un programa de reasentamiento en terceros países.
Tras años de intentos infructuosos por regresar a Bután, mediante numerosas peticiones al rey y a organizaciones internas, así como solicitudes de ayuda a países como la India y Nepal, las esperanzas de los refugiados de ser repatriados se desvanecieron.
El punto de inflexión se produjo en 2007, cuando la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) puso en marcha un programa de reasentamiento en terceros países, que ofrecía a los bhutáneses desplazados un rayo de esperanza y una vía para obtener la ciudadanía en otro lugar.
En 2019, más de 113 500 refugiados se habían reubicado en ocho países diferentes, la mayoría de ellos en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Aproximadamente 96 000 butaneses se reasentaron en Estados Unidos.
Tras el programa de reasentamiento, solo dos de los siete campos de refugiados originales, Beldangi y Pathri, en el distrito de Jhapa, siguen en funcionamiento y albergan a unos 6300 residentes.
Estas personas rechazaron el reasentamiento en terceros países con la esperanza de regresar a su patria, Bután, o perdieron la oportunidad por carecer de documentación válida.
Ahora, los cuatro hombres deportados por Estados Unidos han vuelto a la vida en el campamento.
A pesar de que los cuatro tenían tarjetas de residencia estadounidenses, la administración Trump los deportó. Las autoridades avalaron la medida porque los consideró sospechosos de actos delictivos. Algunos habían cumplido largas penas de cárcel, aunque no se tuvo en consideración que era por su condición étnica.
Entonces, el ICE los detuvo para deportarlos. Tras varios días bajo custodia, fueron trasladados, con escala en Nueva Delhi, a Paro, en el noreste de Bután y donde se encuentra el único aeropuerto del país.
En el aeropuerto de Paro, las autoridades butanesas los interrogaron, pero se negaron a reconocerlos como ciudadanos. Así que las autoridades los escoltaron hasta la frontera de Phuentsholing-Jaigaon. Cada uno recibió el equivalente de 350 dólares para seguir su viaje.
«Sin ningún lugar adonde ir, mi hijo y los demás decidieron venir a Nepal. No tenían documentos que mostrar en la frontera, así que tuvieron que cruzar ilegalmente con la ayuda de un traficante indio», explica Narayan.
La negativa de Bután a reconocer a los deportados como ciudadanos ha provocado un impasse diplomático entre los dos países del Himalaya.
«La orden del Tribunal Supremo de Nepal de detener la deportación supone un alivio temporal para estos hombres, pero no resuelve el problema más grave», afirmó Gopal Krishna Siwakoti, presidente de Inhured International, una organización de derechos humanos.
Añadió que «el tribunal solo ordenó al gobierno que concluyera su investigación en un plazo de 60 días, dejando su futuro incierto tras ese periodo».
«Nadie parece tener respuestas claras en esta compleja situación», señaló Siwakoti, que la describió como un «agujero negativo burocrático».
Siwakoti explicó que «esperábamos que el Tribunal Supremo ordenara al Gobierno iniciar conversaciones diplomáticas con Bután, la India y los Estados Unidos al mismo tiempo, teniendo en cuenta que estos hombres se habían quedado prácticamente apátridas y habían sido trasladados de un país a otro contra su voluntad».
Pero, «lamentablemente, la cuestión no se mencionó en la sentencia», añadió.
Hasta ahora, Estados Unidos ha deportado a 24 refugiados butaneses. Aparte de los cuatro hombres que se encuentran en Nepal, no hay registros oficiales sobre el paradero de los demás.
Prohibición de viajar a Estados Unidos
Bután, conocido por promover el Índice de Felicidad Nacional Bruta, ha mantenido tradicionalmente relaciones diplomáticas favorables con Estados Unidos. Sin embargo, desde principios de este año, Bután ha sido incluido en un proyecto de «lista roja» propuesto por el gobierno de Estados Unidos.
Esta lista sugería la prohibición total de viajar a los ciudadanos de determinados países, entre ellos Bután, debido a preocupaciones sobre la seguridad nacional y los patrones de migración irregular.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó de un aumento de 37 % en las violaciones de visados. Según se informa, entre 2013 y 2022 se descubrió que más de 200 ciudadanos butaneses residían ilegalmente en Estados Unidos.
Este cambio de política parece haber estado influido en parte por la cuestión sin resolver de los refugiados butaneses.
Sivakoti, defensor desde hace mucho tiempo de la resolución de la crisis de los refugiados butaneses, afirmó: «Entendemos que la administración estadounidense mantuvo conversaciones con el Gobierno butanés antes de las deportaciones. Estados Unidos presentó documentación que demostraba que, aunque estas personas tenían estatuto de refugiado en Nepal, su país de origen era Bután».
Sobre esta base, Estados Unidos sostuvo que Bután debía asumir la responsabilidad de estas personas. Sin embargo, Bután se mantuvo reacio.
El gobierno estadounidense tomó entonces medidas estrictas y situó a Bután en la «lista roja». Tras esta medida de Estados Unidos, Bután dudó y se vio obligado a evacuar a estos refugiados, según declaró Siwakoti en una entrevista con Sethopathi, un medio de comunicación nepalí.
Mientras tanto, el gobierno de Bután ha solicitado, según se informa, que se revise esta decisión, alegando que sus ciudadanos no suponen una amenaza significativa para la seguridad. Por el momento, el proyecto de prohibición de viajar no se ha aplicado oficialmente.
Mientras tanto, el futuro parece incierto para los cuatro hombres atrapados en el campamento de Beldangi y para otras personas de origen butanés que podrían ser deportadas en los próximos días.
Sivakoti consideró que «los complejos retos legales y de inmigración que rodean sus casos hacen poco probable que ningún país los acepte».
«Hoy en día, las oportunidades de reasentamiento se han reducido en todo el mundo», destacó.
Aun así, consideró que «podría haber una pequeña posibilidad a través del patrocinio familiar o institucional en otro país, pero incluso eso requiere documentos adecuados, como una tarjeta de registro de refugiado o un documento de viaje, que son casi imposibles de obtener ahora o en un futuro próximo».
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