RÍO DE JANEIRO – Esta vez los políticos no parecen directamente involucrados en los
delitos, pero la estafa afectó a millones de jubilados y pensionistas, hecho que
conmueve la opinión pública y embaraza un gobierno ya abrumado de escollos en
Brasil.
El escándalo forzó la renuncia del ministro de la Previsión Social, Carlos Lupi, y animó
la oposición a instalar una comisión parlamentaria de investigación, agravando las
dificultades que enfrenta el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en un legislativo Congreso casi siempre de mayoría adversa.
El nuevo escándalo estalló el 23 de abril, cuando la Policía Federal y la Contraloría
General de la Unión (CGU) movilizaron casi 800 agentes en la “Operación sin
descuento” en Brasilia y 13 de los 26 estados brasileños, para incautar bienes, arrestar
sospechosos y buscar pruebas de fraudes.
Los protagonistas de esa incautación son asociaciones y entes sindicales que venían cobrando contribuciones de jubilados y pensionistas del estatal Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), que administra la previsión social del sector privado y del gobierno nacional, incluyendo las remuneraciones.
Esas contribuciones eran descontadas en el pago de las pensiones, en la mayoría de los
casos, se sospecha, sin autorización de las personas. Muchas siquiera se daban cuenta
del descuento por tratarse de pequeños montos, variados en torno del equivalente a diez
dólares.
“El nuevo escándalo es un gran problema y exigirá maestría del equipo presidencial.
Habrá desgaste, no hay duda, pero hablar de ‘fin del gobierno de Lula’ es demasiado,
pura especulación”: Elimar Nascimento.
Encuestas hechas por la CGU sobre 1374 casos sospechosos apuntó que 98 % de los
entrevistados no habían acordado el aporte.
Los descuentos en el pago de pensiones y jubilaciones nacieron en 2016, cuando el
INSS firmó un acuerdo de cooperación técnica con asociaciones de jubilados y
sindicatos, que permite el cobro automático de las contribuciones de afiliados o
beneficiarios de los servicios prestados por esas organizaciones.
Las centenares de miles de denuncias de cobro indebido se acumularon en los últimos
años, sin una medida para atajar la ilegalidad por parte del INSS ni del Ministerio de la
Previsión Social a que se subordina el instituto. Así se armó el escándalo.
El total de los descuentos hechos bajo el acuerdo entre el INSS y 33 entes asociativos
suma 7800 millones de reales (1370 millones de dólares), pero se desconoce hasta ahora
la parte generada por fraudes, como contratos con firmas falsificadas o simplemente
inexistentes.
Los supuestos beneficiarios de esas organizaciones suman 6,5 millones, universo en que
podrían obtener las contribuciones. El INSS estima que 4,1 millones de esas personas
pueden ser las víctimas de la estafa.
Brasil tiene 34,2 millones de jubilados y pensionistas en el INSS, dentro de un país con 212 millones de habitantes.
Mientras la investigación de la Policía Federal y la CGU se limita a 11 instituciones que aparentemente
concentran los delitos, el INSS sometió a procesos administrativos 12 asociaciones, para
averiguar sus responsabilidades en los actos perjudiciales a la gestión pública.
Efecto político limitado
Este escándalo no afectará el presidente Lula y su Partido de los Trabajadores (PT)
como los anteriores porque no están involucrados en los hechos, evaluó el consultor
político Antonio Augusto de Queiroz.
De las 11 instituciones bajo investigación policial, nueve fueron creadas y habilitadas a
recibir las contribuciones durante los gobiernos anteriores, de Michel Temer (2016-
2018) y Jair Bolsonaro (2019-2022), recordó.
Además el gobierno de Lula, iniciado en 2023, ordenó una auditoría en esa actividad,
recomendó medidas como la biometría de los nuevos afiliados a tales asociaciones y
desató las investigaciones de la Policía Federal y la CGU, argumentó Queiroz a IPS, por
teléfono desde Brasilia.
Ningún miembro del PT está involucrado y Lula actuó rápidamente, exonerando al
presidente del INSS, Alessandro Stefanutto, al día siguiente de estallar el escándalo y
logró la renuncia del ministro Lupi el 2 de mayo, acotó.
El gobierno también bloqueó de inmediato todos los descuentos en los pagos del INSS
de mayo y prometió devolver los cobrados en abril.
Pero el desgaste del gobierno es inevitable. El mismo exministro de la Previsión Social
reconoció que el INSS tardó mucho en reaccionar a las denuncias, sin admitir su propia
responsabilidad en los hechos, ya que él tomó conocimiento de las ilegalidades en junio
de 2023, es decir 22 meses antes.
Además los descuentos crecieron principalmente bajo el gobierno de Lula. En sus dos
primeros años de gobierno aumentaron 270 %, alcanzando 2637 millones de reales (464
millones de dólares) en 2024. Mitad de todos los descuentos en la remuneración de
jubilados desde 2016 ocurrió en esos dos años.
Escándalos anteriores
El impacto político de escándalos de corrupción anteriores fue demoledor,
especialmente para el izquierdista Partido de los Trabajadores y su líder Lula.
En 2005 el “mensualón”, así llamado por referirse a los pagos mensuales a diputados
para la aprobación de propuestas del gobierno, resultó la prisión de 20 personas, cinco
de ellos diputados, tres del PT. Lula era el presidente, perdió popularidad, pero logró
recuperarla y reelegirse en 2006.
En 2014 empezó la larga investigación judicial denominada “Lava jato”, por haber
iniciado por una gasolinera que tenía servicio de lavado rápido de automóviles.
También llamado “petrolão” por concentrarse en las desviaciones de abultados contratos
de Petrobras, el estatal grupo petrolero de Brasil.
Ese escándalo se hizo internacional, principalmente por acciones de la constructora
Odebrecht. Los resultados más retumbante fueron las prisiones de Lula, durante 580
días entre 2018 y 2019, y de cuatro expresidentes de Perú, donde además se suicidó el
expresidente Alan Garcia, en el momento de la detención el 17 de abril de 2019.
El Supremo Tribunal Federal brasileño anuló la prisión de Lula el 23 de junio de 2019 por irregularidades en su proceso, especialmente la parcialidad del juez Sergio Moro que lo condenó a 12 años de cárcel por corrupción.
La condena fue el resultado de un caso polémico, el supuesto soborno representado por un apartamento supuestamente donado por una constructora y que nunca pasó a la
propiedad del entonces expresidente.
Liberado, Lula recuperó sus derechos políticos y logró elegirse presidente por tercera
vez en octubre de 2022. Evitó así la reelección del expresidente Jair Bolsonaro, hoy
acusado de intentar un golpe de Estado luego de la derrota electoral. El juicio en marcha
en el Supremo Tribunal Federal puede llevarlo a la prisión este año.
La memoria de los casos anteriores de corrupción agravan las dificultades enfrentadas
por Lula, aunque no esté directamente involucrado en el actual escándalo. Su gobierno
sufrió una acentuada pérdida de popularidad desde fines de 2024 y la pequeña
recuperación desde marzo tiende a interrumpirse ante el noticiero adverso.
La comisión parlamentaria de investigación sobre ese tema ya cuenta con las firmas de
apoyo suficientes para su instalación, pero depende de los presidentes del Senado y la
Cámara de Diputados. Sería otro escollo en la gobernabilidad, ya limitada por una
oposición muy activa, que logra imponer sus pautas en el Congreso.
“El nuevo escándalo es un gran problema y exigirá maestría del equipo presidencial.
Habrá desgaste, no hay duda, pero hablar de ‘fin del gobierno de Lula’ es demasiado,
pura especulación”, evaluó el sociólogo Elimar Nascimento, de la Universidad de
Brasilia.
Sindicalismo en descenso
La lenidad con fraudes se debió a la “complicidad entre las asociaciones de jubilados y
algunos dirigentes del INSS”, no se puede atribuirla a la inclinación sindicalista del PT,
acotó a IPS.
El sindicalismo brasileño, ya debilitado desde la década pasada, puede ahondar su deterioro por el nuevo escándalo, pero Queiroz también minimiza los daños, dado que los fraudes no se originaron en los sindicatos verdaderos, sino de asociaciones de jubilados creados principalmente bajo los gobiernos anteriores, que adoptaron políticas antisindicalistas.
En su opinión, bloquear todas las contribuciones de los jubilados, como hizo el
gobierno, pune injustamente las organizaciones sindicales que operan legalmente y con
transparencia.
Un ejemplo, según él, es la Confederación Nacional de los Trabajadores Rurales y
Agricultores Familiares (Contag), que articula una red de 27 federaciones de los estados
y 3800 sindicatos en todo el país.
La Contag es uno de los 11 objetivos de la investigación más detallada de la Policía
Federal y la CGU, incluso porque fue la que más recibió aportes descontados de los
sueldos de los jubilados y pensionistas desde 2016, un total 2900 millones de reales
(510 millones de dólares).
El sindicalismo, esencial para la justicia social y la democracia, ya sufre un
estrangulamiento financiero desde 2017, cuando el gobierno de Michel Temer aprobó
una reforma laboral, que extinguió formas de financiación de los sindicatos, lamentó
Queiroz.
ED: EG
