MONTEVIDEO – El 6 de diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional de Rumanía tomó una decisión sin precedentes: a solo dos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se esperaba que llevaran al poder a un candidato de extrema derecha y simpatizante de Rusia, el tribunal tomó la medida extraordinaria de anular las elecciones debido a las pruebas de una interferencia masiva en ellas de Moscú.
Era la primera vez que un Estado miembro de la Unión Europea (UE) cancelaba unas elecciones por desinformación en las redes sociales. Puede que no sea la última.
La crisis electoral de seis meses en Rumanía, que finalmente concluyó el 18 de mayo con la victoria en la segunda vuelta del centrista Nicușor Dan sobre el nacionalista de extrema derecha George Simion, supone tanto una severa advertencia como un rayo de esperanza para las democracias de todo el mundo.
La crisis comenzó cuando Călin Georgescu, un oscuro candidato de extrema derecha que siempre había obtenido resultados de un solo dígito en las encuestas, sorprendió a la clase política al quedar en primer lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, con cerca de 23 % de los votos.
Georgescu, escéptico con la Otan (Organización del Tratado del Atlántico Norte) y simpatizante de Rusia, se benefició de lo que más tarde se reveló como una sofisticada campaña de desinformación orquestada por un «actor estatal» que, según la opinión general, era Rusia.
La injerencia no fue burda ni evidente. Rusia había pasado años construyendo un ecosistema de desinformación meticulosamente diseñado, explotando la profunda frustración de muchos rumanos por las dificultades económicas, la corrupción generalizada y el estancamiento político.
Con más de 22 % de desempleo juvenil, unos salarios entre los más bajos de la UE y la confianza en las instituciones en mínimos históricos, Rumanía era un terreno fértil para los discursos antisistema.
El momento de la injerencia fue quirúrgico: se activó en el momento políticamente más oportuno para maximizar su impacto.
Lo que distinguió la experiencia de Rumanía de anteriores campañas de injerencia rusa en votaciones, desde el brexit y la primera victoria de Donald Trump en Estados Unidos hasta las elecciones en la vecina Georgia y Moldavia, fue que las autoridades identificaron y reconocieron la manipulación mientras el proceso electoral aún estaba en curso.
Documentos de inteligencia desclasificados revelaron una campaña masiva en la red TikTok, que incluía manipulación mediante inteligencia artificial y actividad impulsada por bots, diseñada para inclinar las elecciones a favor de Georgescu.
La desinformación explotó quejas legítimas para sembrar elaboradas teorías conspirativas que presentaban a Rumanía como víctima de la UE, la Otan y las élites occidentales. Posteriormente, la Comisión Europea inició un procedimiento contra TikTok por no evaluar y mitigar adecuadamente los riesgos para la integridad de las elecciones.
Tanto los resultados de la primera vuelta como la decisión del tribunal de anular las elecciones desencadenaron protestas que pusieron de manifiesto las profundas divisiones sociales de Rumanía.
Inmediatamente después de anunciarse los resultados, miles de estudiantes y jóvenes se reunieron en la Plaza de la Universidad de Bucarest coreando «¡No al fascismo, no a la guerra, no a Georgescu!».
Cuando se cancelaron las elecciones, los partidarios de Georgescu lo denunciaron como una maniobra para impedir su victoria. En medio de una intensa polarización, las autoridades detuvieron a varios hombres armados que se dirigían a Bucarest para participar en las protestas con hachas, pistolas, cuchillos y machetes en sus vehículos.
Cuando se celebraron las elecciones reprogramadas en mayo de 2025, se produjo otra dramática sorpresa. Con Georgescu inhabilitado para presentarse, George Simion, de la Alianza para la Unidad de los Rumanos, se erigió en abanderado de la extrema derecha y ganó la primera vuelta con casi 41 % de los votos.
La segunda vuelta se convirtió en un referéndum sobre el futuro de Rumanía: si continuaría con su orientación europea o daría un giro hacia la postura regresiva y favorable a Moscú adoptada por los líderes de países como Hungría y Eslovaquia.
La campaña de desinformación de Rusia no se detuvo con la anulación de las elecciones.
Al contrario, redobló sus esfuerzos para sembrar la desconfianza y polarizar aún más a los votantes, incluso mediante campañas de desprestigio generadas por inteligencia artificial contra Dan.
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La victoria de Dan, con casi 54 % de los votos, tranquilizó a los socios occidentales de Rumanía, pero el margen fue incómodamente estrecho.
Más preocupante aún, Simion se negó a aceptar la derrota y impugnó los resultados ante el Tribunal Constitucional alegando, sin fundamento, fraude electoral y «injerencia extranjera» de Francia, Moldavia y «otros».
Cuando el tribunal desestimó rápidamente su recurso, Simion calificó su derrota de golpe de Estado, haciéndose eco de la peligrosa retórica trumpista que se está extendiendo por todo el mundo.
La experiencia de Rumanía pone de manifiesto tanto la resiliencia como la fragilidad de la democracia en la era digital.
La respuesta institucional —desde la decisiva actuación del Tribunal Constitucional hasta la movilización de la sociedad civil— demostró que las garantías democráticas pueden funcionar bajo una presión extrema.
Sin embargo, el hecho de que alrededor de 40 % de los votantes respaldara a políticos de extrema derecha revela la profundidad de la desilusión de la ciudadanía.
Muchos rumanos siguen sintiéndose engañados y privados de su derecho a opinar.
Este sentimiento de agravio es un terreno fértil para que se arraiguen aún más los discursos divisivos, mientras que ni la economía ni la política se encuentran actualmente en una situación lo suficientemente buena como para satisfacer las legítimas expectativas de la población.
La saga electoral de Rumanía sirve de advertencia. Pone de manifiesto tanto las vulnerabilidades que pueden explotarse como las defensas que pueden levantarse.
Las sofisticadas campañas de desinformación pueden identificarse y contrarrestarse, pero solo mediante instituciones vigilantes, una sociedad civil comprometida y ciudadanos comprometidos con los valores democráticos. El precio del fracaso no es solo una crisis política, sino un daño duradero a los cimientos de la democracia.
Inés M. Pousadela es especialista sénior en Investigación de Civicus, codirectora y redactora de Civicus Lens y coautora del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
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