MÉXICO – El investigador Edilso Reguera y su equipo comenzaron el estudio sobre la fabricación de baterías eléctricas en 2016, pero en 2023 aceleraron el paso para crear un prototipo basado en litio para motocicletas.
A petición del gobierno de Ciudad de México en 2022, “desarrollamos la batería desde cero. Somos el grupo más avanzado en investigación del país. La probamos en motocicletas y funciona bien”, explicó a IPS en su pequeña oficina el académico del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (Cicata), del público Instituto Politécnico Nacional, situado en el norte de la capital.
La investigación arrancó gracias a un financiamiento de la administración capitalina y en en ella el Cicata diseñó, produjo y probó las baterías de condensadores.
En el laboratorio, donde colaboran unas 40 personas entre estudiantes e investigadores, el personal analiza materiales y examina sustancias con la ayuda de aparatos de nombres casi impronunciables y cuyo costo totaliza miles de dólares.
El gobierno mexicano planea el fomento al almacenamiento de energía en acumuladores en plantas renovables y electromovilidad, para lo que proyectos como el del Cicata podrían ser fundamentales.
“Una batería es un dispositivo de almacenamiento, por lo que funciona bien para varias alternativas”, indicó el también líder del Laboratorio Nacional de Conversión y Almacenamiento de Energía, de la nueva Secretaría (ministerio) de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.
“Desarrollamos la batería desde cero. Somos el grupo más avanzado en investigación del país. La probamos en motocicletas y funcionan bien”: Edilso Reguera.
Pero el esquema es aún una aspiración en México, donde operan dos proyectos fotovoltaicos con catalizadores, y el gobierno tiene un plan ambicioso, aunque aún poco claro, para su fomento.
A pesar de que la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) tenía metas de almacenamiento desde 2004, actualmente solo dos emprendimientos privados cuentan con esos dispositivos.
Uno es la planta fotovoltaica Aura Solar III, propiedad de la empresa mexicana Gauss Energía, que opera desde 2018 en La Paz, capital del noroccidental estado de Baja California Sur, con una capacidad de generación de 32 megavatios (Mw) y de 10,5 Mw de resguardo.
El otro es el parque solar La Toba, de la estadounidense Invenergy, que opera desde 2022, también en Baja California Sur, con 35 Mw y 20 Mw, respectivamente.
Esta modalidad permite ahorros en el consumo y el gasto energético, así como respaldo para la red eléctrica, actualmente bajo estrés por la falta de generación y mantenimiento.
Además, debido a que el viento no sopla todo el tiempo y hay luz solar solo de día, el aporte renovable necesita capacidad de almacenamiento para compensar esa variabilidad y hacer que su suministro sea estable.
Andrés Flores, director de política energética de la no gubernamental Iniciativa Climática de México, mencionó las urgencias en el tema.
“Estamos en una situación de riesgo grave, con mucha dependencia de gas en la generación. Por cuestiones climáticas, ya vivimos apagones”, analizó el especialista para IPS.
Detalló que México cuenta con poca capacidad de generación y poca reserva eléctrica, por lo que “hay necesidad de invertir en almacenamiento, que minimiza estos riesgos; mejorar márgenes de maniobra y meter renovables en el futuro inmediato”.
Flores elaboró el estudio “Almacenamiento de energía en México: análisis y propuestas de política”, publicado en enero, que identificó problemas como déficit de dos gigavatios de reservas operativas, capacidad limitada en horas críticas de consumo y concentración de problemas durante la demanda vespertina y nocturna.
También ubicó poca claridad sobre el despliegue de sistemas de almacenamiento de energía en la planeación energética.
Ambiciones
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en el cargo desde octubre, presentó un mes después la Estrategia Nacional del Sector Eléctrico 2024-2030 y en febrero, el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional, que van concatenados.
El plan lanzado en febrero pretende la potenciación del sector eléctrico, mediante medidas como la adición de 574 Mw en cinco plantas fotovoltaicas con baterías de condensadores, que suman una inversión pública de 223 millones de dólares y que funcionarían desde 2027.
En esa misma dirección, la CFE adelanta la licitación de la fase II de la planta fotovoltaica Puerto Peñasco, en la localidad homónima del norteño estado de Sonora, de 300 Mw de capacidad y con respaldo de 10,3 Mw con baterías. La primera fase de 120 Mw de esta instalación opera desde 2023. Al completarse en 2026, aportará 1000 Mw, a un costo de 1600 millones de dólares.
“Estamos en una situación de riesgo grave, con mucha dependencia de gas en la generación. Por cuestiones climáticas, ya vivimos apagones. Hay poca capacidad de generación y poca reserva y hay la necesidad de invertir en almacenamiento, que minimiza estos riesgos”: Andrés Flores.
Para Karina Cuentas, investigadora del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la pública Universidad Nacional Autónoma de México, el atraso en el almacenamiento de energía proviene de la falta de apoyos gubernamentales.
“Vamos atrás porque no se le inyecta mucho dinero al desarrollo tecnológico. Tenemos todo para hacer ese desarrollo, pero es muy complicado porque faltan recursos. Hay un ambiente de entusiasmo, porque se presentó el plan y cómo lo van a hacer, los escenarios para lograrlo”, dijo a IPS desde la ciudad de Ensenada, en el también noroccidental estado de Baja California.
“El almacenamiento óptimo basado en renovables son las baterías”, destacó.
Para la también presidenta de la no gubernamental Red Mexicana de Almacenamiento de Energía, integrada por unos 200 especialistas en el tema, el avance dependerá de “las reglas del juego”.
Desde marzo último está vigente el marco regulatorio para almacenamiento energético, pero su reglamento estaría listo en un plazo de hasta dos años, lo que podría retrasar el desarrollo de los proyectos.
Además, se considera que la regulación cataloga al respaldo de almacenamiento dentro de la propia generación eléctrica y su listado de aplicaciones es restrictivo.
México cuenta con una capacidad instalada de 89 000 Mw y durante el primer trimestre de este año, casi 61 % de la generación eléctrica dependió de gas fósil, seguido por la termoeléctrica convencional (6 %), eólica (casi 6 %), hidroeléctrica (4,6 %), solar fotovoltaica (4,2 %), carboeléctrica (3,3 %), nuclear (3,2%), turbogás (3,1 %) y geotermia (1,2 %).
Las fuentes renovables tienen una capacidad instalada superior a 33 000 Mw, pero solo aportan 21 % de la electricidad.
A esa cuenta actual, el plan gubernamental agregaría 21 893 Mw a la mezcla energética nacional, para alcanzar 37,8 % de energía limpia, desde el actual 22,5 %.
El sector eléctrico ha padecido la adicción fósil del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien sumió a la transición energética en el letargo, que su correlegionaria y sucesora Sheinbaum busca corregir.
En el olvido
Desde la década pasada varios estudios han mencionado el potencial del esquema de almacenamiento energético en este país latinoamericano, con 129 millones de habitantes y que es la segunda economía regional, detrás de Brasil.
La misma CFE identificó en 2017 al menos 169 sitios con potencial para utilizar almacenamiento en hidroeléctricas mediante rebombeo de agua, pero nunca invirtió en esa modalidad, que a la luz de la sequía actual resulta de difícil aplicación por la insuficiencia de los embalses.
Al respecto, organizaciones de la sociedad civil estiman que el almacenamiento podría alcanzar 500 Mw para proyectos industriales y 18 Mw para sistemas fotovoltaicos residenciales en 2030.
El gubernamental Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2024-2038 establece el despliegue de siete gigavatios (GW) de sistemas de almacenamiento entre 2024 y 2028 y de ocho GW entre 2028 y 2038, pero sin especificar proyectos concretos ni mecanismos operativos.
La Agencia Internacional de Energía, que agrupa a los grandes consumidores energéticos, recomienda que se incluya el almacenamiento en la planeación energética de largo plazo e incentivar su despliegue.
Con ese fin, plantea continuar la revisión de la situación del almacenamiento en la regulación de la electricidad, aplicar políticas para estimular el reciclaje de baterías y adoptar acciones para el comercio de acumuladores usados.
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La incertidumbre sobre el avance del almacenamiento de la energía en el caso mexicano rebota en sitios como el Cicata. Los especialistas pidieron apoyo decidido.
“Cuando se cuenta con desarrollo tecnológico propio se tiene fortaleza, puede mejorar la economía y crear empresas industriales que sean mexicanas, sin la necesidad de depender del exterior. El desarrollo tecnológico es un asunto de seguridad nacional”, aseguró el investigador Reguera.
Para este año, sus prioridades son la fabricación de una batería de sodio, más segura y barata que la de litio, pero de menor capacidad de almacenamiento de energía, y la obtención de unos tres millones de dólares para la construcción de una planta piloto que podría ensamblar unos 500 catalizadores diarios.
Por su lado, Cuentas, experta en almacenamiento, expresó su esperanza de que “se den los mecanismos para hacer desarrollo tecnológico en el país. Con una red más moderna, la variabilidad no metería tanto ruido, debe aguantar la variabilidad de las renovables. Es muy importante contar con más generación renovable y una red fortalecida”.
Finalmente, Flores, el especialista en política energética, sugirió la elaboración de un programa para almacenamiento y una hoja de ruta.
“Amerita que haya claridad para lo que planean. Hay diferentes opciones complementarias, incorporarlo a grandes generadores, tradicionales y renovables. Para energía solar y eólica estaría bueno tener instalaciones de almacenamiento”, propuso.
ED: EG
