MONTEVIDEO – Tres acontecimientos catastróficos en los Balcanes han desencadenado poderosos movimientos a favor de un cambio sistémico. Una colisión ferroviaria que causó la muerte de 57 personas en Grecia, un incendio en una discoteca que se cobró la vida de 59 jóvenes en Macedonia del Norte y el derrumbe del techo de una estación de tren que dejó 15 muertos en Serbia han desencadenado protestas anticorrupción sostenidas en los tres países.
No se trata de tragedias fortuitas, sino de la culminación de un fracaso sistémico —normas de seguridad descuidadas, permisos expedidos ilegalmente y supervisión deficiente— con la corrupción como denominador común.
Los jóvenes, en particular los estudiantes, están al frente de estos movimientos, junto con las familias de las víctimas, que se han convertido en poderosos defensores del cambio. En Grecia, la Asociación de Familiares de las Víctimas de Tempi se ha convertido en una voz legítima que exige responsabilidades.
Las protestas en Macedonia del Norte han unido a ciudadanos de todas las clases económicas y políticas, canalizando la desilusión generalizada por las limitadas perspectivas de futuro de los jóvenes y la corrupción endémica.
El movimiento serbio ha logrado una notable expansión geográfica, extendiéndose a unas 400 ciudades y pueblos con tácticas innovadoras como las protestas de «media hora de ruido» tras unos momentos de silencio en memoria de las víctimas.
Los tres países se convirtieron en democracias en la memoria viva: Grecia se democratizó hace cinco décadas, cuando cayó la junta militar, mientras que Macedonia del Norte y Serbia surgieron de la Yugoslavia comunista tras su disolución en 1990.
Hoy en día, una profunda desilusión impregna estas sociedades. El clientelismo, la corrupción y el favoritismo florecen, poniendo efectivamente las funciones del Estado al servicio de los intereses de las élites en lugar de las necesidades públicas.
En Serbia, y en menor medida en Macedonia del Norte, los gobiernos también han dado un giro autoritario.
Los más decepcionados son los jóvenes que crecieron tras las transiciones democráticas y a los que se les enseñó a esperar algo mejor.
El coste humano de la corrupción
La tragedia ferroviaria de Grecia en febrero de 2023 puso de manifiesto un sistema paralizado por la falta crónica de inversión y los fallos de mantenimiento relacionados con prácticas corruptas en la adjudicación de contratos.
Ante las negativas oficiales y la inacción, los investigadores privados contratados por las familias de las víctimas descubrieron que muchos sobrevivieron inicialmente al accidente, pero perecieron en el incendio posterior, posiblemente causado por un cargamento de productos químicos inflamables no declarado.
En Macedonia del Norte, la discoteca Pulse, que se incendió en marzo, era un desastre anunciado: una fábrica reconvertida con una sola salida viable, puertas de emergencia cerradas con llave, materiales altamente inflamables y sin equipo de seguridad contra incendios, que operaba con una licencia expedida ilegalmente.
La estación de tren de Novi Sad, en Serbia, donde se derrumbó una marquesina en noviembre de 2024, acababa de ser renovada en virtud de contratos confidenciales con empresas chinas. La tragedia era evitable, pero el recorte de gastos maximizó los beneficios a costa de la seguridad.
En los tres casos, la excesiva influencia privada en las decisiones gubernamentales sacrificó la seguridad pública en beneficio de intereses privados. Los grupos de la sociedad civil, los periodistas y los políticos de la oposición habían señalado repetidamente las señales de alerta, pero estas fueron ignoradas.
Una consigna de protesta en Macedonia del Norte resumió de manera contundente esta opinión: «No estamos muriendo por accidentes, estamos muriendo por la corrupción».
El mismo sentimiento se reflejó en una consigna de protesta griega: «Sus políticas cuestan vidas humanas», y en un mensaje serbio dirigido a las autoridades: «Tenéis las manos manchadas de sangre».
Otro lema popular de las protestas serbias, «Todos estamos bajo la marquesina», transmitía una sensación generalizada de vulnerabilidad compartida ante las estructuras de gobierno corruptas.
Reivindicaciones y respuestas
Los manifestantes de los tres países comparten demandas sorprendentemente similares: responsabilidad para los directamente responsables y los funcionarios que permitieron las violaciones de la seguridad, investigaciones transparentes libres de influencia política y reformas sistémicas para abordar las causas profundas de la corrupción.
Reconocen que la democracia requiere mecanismos de rendición de cuentas que funcionen más allá de las elecciones, en forma de controles y contrapesos institucionalizados y supervisión pública.
Las respuestas de los gobiernos han seguido un curso predecible: concesiones menores seguidas de intentos de gestionar, en lugar de abordar de manera significativa, la ira pública.
El ministro del Interior de Macedonia del Norte no tardó en admitir que la licencia del club nocturno se había expedido ilegalmente y las autoridades ordenaron la detención de 20 personas, entre ellas el gerente del club y funcionarios del gobierno.
Pero los manifestantes consideraron que estas medidas eran un chivo expiatorio y no una reforma genuina.
En Grecia, tras el accidente ferroviario inicialmente atribuido a un «trágico error humano», dimitió el ministro de Transportes, pero las investigaciones avanzaron a paso de tortuga en medio de acusaciones de encubrimiento de pruebas y elusión de la responsabilidad política.
El gobierno serbio publicó inicialmente algunos documentos clasificados y prometió atender las demandas de los manifestantes, pero ante la persistencia de las protestas, el presidente Aleksandar Vučić pasó a una retórica confrontacional, acusando a los manifestantes de orquestar la violencia como títeres de los servicios de inteligencia occidentales.
El patrón de gestos simbólicos seguidos de resistencia a las reformas sustantivas, a veces acompañadas de represión de las protestas, puso de manifiesto una falta de credibilidad fundamental: la población no puede confiar en que las reformas anunciadas se apliquen cuando su aplicación depende de instituciones comprometidas con la corrupción.
Esto explica por qué los manifestantes de los tres países hacen hincapié en la supervisión de la sociedad civil y el cumplimiento de las normas internacionales como componentes esenciales de cualquier reforma creíble.
De las protestas callejeras a la reforma institucional
El impacto emocional de estas tragedias creó unas oportunidades políticas excepcionales, movilizando a personas que de otro modo habrían permanecido al margen y generando presión para que se llevaran a cabo reformas.
La pregunta fundamental sigue siendo si estas oportunidades se cerrarán con cambios mínimos o si la presión sostenida logrará una transformación institucional significativa.
Estos movimientos se enfrentan a retos importantes: mantener la movilización a medida que se desvanece el impacto emocional, evitar la cooptación o la división por un lenguaje reformista superficial por parte del gobierno y pasar de oponerse a injusticias evidentes a ofrecer ideas de reforma políticamente viables pero transformadoras.
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La historia sugiere que las reformas reales son poco frecuentes, lo que conlleva el peligro de que, sin la acción del gobierno, el impulso pueda ser cooptado por políticos populistas deseosos de aprovechar la ira por los fracasos del gobierno y ponerla al servicio de sus agendas regresivas.
Pero también hay motivos para el optimismo. Las amplias coaliciones de protesta que han surgido han demostrado su potencial para superar las divisiones políticas tradicionales.
Su enfoque en fallos de gobernanza específicos y documentados proporciona objetivos de reforma tangibles en lugar de demandas abstractas. La obligación moral de honrar a las víctimas crea recursos emocionales que podrían sostenerlos a lo largo del tiempo. Y han surgido en un momento en que la legitimidad de las élites corruptas ya se encontraba bajo presión debido a los retos económicos.
Mientras los manifestantes siguen reuniéndose en las plazas de los pueblos y ciudades de los Balcanes, encarnan una visión convincente de la democracia que sirve genuinamente a los ciudadanos y no a los gobernantes.
Al reclamar las promesas democráticas repetidamente traicionadas por quienes ostentan el poder, nos recuerdan que, en una democracia, el poder debe emanar de todos y beneficiar a todos, no solo a unos pocos.
Inés M. Pousadela es especialista sénior en Investigación de Civicus, codirectora y redactora de Civicus Lens y coautora del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
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