MANAGUA – El Estado de Nicaragua ha ejecutado desde 2018 una serie de confiscaciones de bienes muebles e inmuebles, pensiones, cuentas bancarias y derechos laborales, dirigidas contra personas opositoras o percibidas como tales, a quienes dejan en la ruina.
Un ejemplo es el caso de la familia de empresarios conformada por Martha Rosa Jara y Henry Briceño.
A ellos la policía los detuvo una noche de noviembre de 2024 en su vivienda en el municipio de San Rafael del Sur, a 63 kilómetros de Managua. Varias patrullas y decenas de policías de operaciones especiales rodearon la residencia y entraron armados.
A los cuatro miembros de la familia, incluido un niño de 11 años, los llevaron a una estación de policía en la capital, donde les dijeron que estaban siendo acusados de “traición a la patria”, por las publicaciones en redes sociales de Briceño.
Este periodista jubilado de 75 años y administrador de dos de los negocios familiares solía criticar en Facebook a la pareja copresidencial de Nicaragua, del exguerrillero sandinista Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
Esa misma noche la familia fue entregada a una patrulla militar en la frontera sur de Nicaragua y desterrada por una vereda -un camino rural sin vigilancia fronteriza- hasta Costa Rica, bajo amenaza de “rafaguearlos (tirotearlos)” si intentaban regresar al país.
“No se trata solo de quitar propiedades, sino de borrar a las personas de la vida jurídica. Les quitan la nacionalidad, las pensiones, los registros civiles. Es una forma moderna de exilio permanente”: Gonzalo Carrión.
Su casa, un pequeño hostal, un vivero y un local comercial que pertenecía a la familia desde hace décadas, fueron confiscados, junto a vehículos, joyas, cuentas bancarias y todos los enseres domésticos.
“No sacamos ni los documentos de identidad, nos expulsaron solo con la ropa que llevábamos puesta”, cuenta a IPS Briceño desde San José de Costa Rica, donde ha tenido que residenciarse.
“Perdimos todos nuestros ahorros, nuestros bienes, el sacrificio de tantos años de esfuerzos y sacrificios. Yo ya no tengo edad para iniciar un juicio y esperar a que caiga la dictadura para reclamar lo que nos pertenece”, dijo Briceño, quien estima las pérdidas en un millón de dólares.
Luego de su destierro, las propiedades fueron repintadas en diferentes colores y el régimen las repartió entre instituciones públicas: la casa residencial es un cuartel policial, el vivero en un centro educativo, el hostal una estación de ambulancias y el otro local comercial en una oficina municipal.
Ahora Jara, la esposa, trata de negociar con la banca en Nicaragua una dispensa de pago de distintos créditos que estaban a su nombre, ya que las instituciones financieras no reciben una notificación formal de las confiscaciones y el destierro de los ciudadanos y siguen demandando el pago de las deudas acumuladas.
El número de víctimas del arrebato de bienes es incontable: periodistas, empresarios, sacerdotes, comerciantes, campesinos, miembros de la sociedad civil, ambientalistas y comerciantes figuran en el largo listado de confiscados.
“Nos han quitado todo. Mi casa, que había sido de mis padres, fue ocupada por la policía y ahora funciona como un centro juvenil. Mis hijos quedaron sin techo y mis padres, adultos mayores, sin su único refugio», relata Ángela, una periodista nicaragüense exiliada en Estados Unidos, cuya identidad IPS convino en reservar por razones de seguridad.
A ella le notificaron en 2022 que se presentara a la estación de policía más cercana para “una entrevista”, pero una fuente política que conocía le dijo que era una trampa para apresarla, porque sospechaban que ella colaboraba con medios de comunicación que informan desde el exilo.
Entonces huyó una noche antes de la cita hacia la frontera norte del país, para salir por pequeños caminos a Honduras.
Su casa, en una comunidad urbana de Jinotega, a 143 kilómetros de Managua, fue tomada por asalto policial la madrugada del 25 de julio de 2022. Su familia fue desalojada y desde entonces está desocupada, pero bajo vigilancia de militantes del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Esta práctica de confiscaciones, denunciada como una violación sistemática de los derechos humanos, ha sido calificada por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas como una política de Estado deliberada, con impactos devastadores para las víctimas y sus familias.
Según un informe del Grupo de Expertos, presentado en abril ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, más de 5000 organizaciones sin fines de lucro han sido clausuradas desde 2018 y sus propiedades traspasadas al gobierno mediante procedimientos judiciales sin garantías.
Ha pasado lo mismo con los bienes de más de 452 personas que han sido desterradas, desnacionalizadas y obligadas al exilio al impedirle las autoridades el retorno a Nicaragua, luego de haber salido del país por distintas razones temporales, como vacaciones, citas médicas o misiones de trabajo.
Se trata de un patrón sistemático en el que participan diversas instituciones estatales, coordinadas desde la Presidencia de la República, indicó el Grupo de Expertos de la ONU.
“Este informe revela una arquitectura de represión estatal que utiliza las confiscaciones como castigo económico y como instrumento de control social”, declaró Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos de la ONU.
A su juicio, el mecanismo no solo afecta a individuos, sino a redes completas de organización social y de asistencia a poblaciones vulnerables, como orfanatos, comedores populares, asilos para personas adultas mayores, clínicas de atención, escuelas, universidades, fincas y centros de capacitación que pertenecían a la Iglesia católica.
Una investigación del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción del organismo de la sociedad civil Hagamos Democracia, publicado en mayo del 2024, estimaba entonces en más de 250 millones de dólares las pérdidas por 135 propiedades incautadas.
En mayo de ese mismo año, Ortega justificó en plaza pública que las expropiaciones “eran transferidas legalmente al pueblo para el beneficio del pueblo”.
“Al Estado le han sido transferidas, y ha recuperado legalmente para el pueblo nicaragüense, propiedades, derivadas de procesos penales por narcotráfico, lavado de dinero; por la comisión de delitos contra la seguridad ciudadana, soberanía”, dijo Ortega.
La periodista Ángela denunció a IPS que las autoridades nunca le notificaron un procedimiento legal. “Simplemente llegaron, sacaron a mis padres, a mis hijos y pusieron candados. No hubo juicio, ni orden judicial. Nada”, asegura.
Sus dos hijos, una adolescente de 15 años y un niño de nueve, quedaron a cargo de sus abuelos, de 74 y 68 años, desprovistos de todo.
Para Gonzalo Carrión, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, el patrón de confiscaciones es parte de una estrategia de aniquilamiento social sin precedentes en el país.
“No se trata solo de quitar propiedades, sino de borrar a las personas de la vida jurídica. Les quitan la nacionalidad, las pensiones, los registros civiles. Es una forma moderna de exilio permanente”, explicó a IPS.
De hecho, el 16 de este mes, la pareja copresidencial anunció una reforma de dos artículos de la Constitución, a fin de eliminar automáticamente la nacionalidad nicaragüense a quienes hayan obtenido una segunda ciudadanía, lo que sería un instrumento para ampliar las confiscaciones cuando la medida sea ratificada por los diputados sandinistas.
El informe de la ONU identificó a 54 funcionarios de alto nivel como responsables directos de las confiscaciones y otros abusos considerados crímenes de lesa humanidad, incluyendo a jueces, fiscales, oficiales del catastro y la Procuraduría General.
Los expertos documentaron que las decisiones se coordinan desde la Presidencia, encabezada por Rosario Murillo, y que las propiedades confiscadas han sido transferidas a instituciones del Estado o, también, a particulares vinculados al partido gobernante.
En muchos casos, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social ha sido el receptor de muchas propiedades, incluyendo pensiones y ahorros de opositores.
En otros, las viviendas u otras edificaciones se han convertido en oficinas públicas, centros comunitarios o dependencias de la Policía Nacional. Esta reutilización de bienes expropiados, sin compensación ni proceso legal, viola principios fundamentales del derecho internacional, según el informe de los expertos.
El Grupo de Expertos señaló que estas confiscaciones no solo han afectado a figuras públicas, sino a familias enteras. Adultos mayores han sido despojados de sus pensiones, y muchos han quedado sin medios para cubrir sus necesidades básicas.
Carrión agrega que las personas afectadas, actualmente, no tienen vías legales para apelar. “En Nicaragua no hay instituciones independientes. Los registros de la propiedad, los juzgados, las fiscalías, todos responden a una cadena de mando política. Es un secuestro del Estado de derecho”, dijo.
La situación ha generado una nueva ola de pobreza en el exilio. Muchas víctimas han debido recomenzar desde cero en países de acogida, sin posibilidad de recuperar lo que perdieron en su país.
Ángela, quien ahora trabaja como mesera en un restaurante en Miami, asegura que “no me duele haber salido, me duele lo que me quitaron. No por el valor económico, sino por lo que significa: dejaron a mis hijos y mis padres en la calle”.
ED: EG
