VIENA – Los grupos de delincuencia organizada suman delitos contra los bosques a sus otras actividades ilegales para aumentar beneficios, incrementar influencia y conseguir control territorial, destacó un estudio divulgado este lunes 7 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd).
Angela Me, jefa de investigación y análisis de la Onudd, dijo que “nuestro estudio demuestra que los autores de delitos forestales suelen estar implicados en otros tipos de delitos, desde el tráfico de drogas y de especies silvestres hasta la explotación minera ilegal, pasando por el trabajo infantil”.
“También pueden ser empresas legítimas que buscan atajos para aumentar sus beneficios”, agregó.
Esa interconexión entre los delitos ambientales y otros tipos de actividades ilegales, que ha prosperado en las regiones tropicales del planeta, agrava los daños al medio ambiente, las comunidades y la economía, y crean focos de violencia, según el punto de vista de la Onudd.
En algunas partes de América Latina, grupos delictivos organizados están implicados en una serie de actividades ilícitas que van más allá del tráfico de drogas y que tienen un importante impacto negativo en el medio ambiente y crean focos de violencia.
En América del Sur grupos ilegales blanquean sus beneficios del narcotráfico en la especulación con la tierra, el sector agrícola o la ganadería. La cuenca del Amazonas es una región donde las organizaciones de narcotraficantes perpetran delitos que afectan al medio ambiente más allá de la deforestación.
Mientras tanto, en la cuenca del Congo y en Somalia, grupos de delincuencia organizada con motivaciones políticas han vendido y gravado con impuestos el carbón vegetal procedente de bosques talados ilegalmente.
El estudio registra cómo los delitos forestales se infiltran en los procesos legales y en las cadenas de suministro, lo que dificulta su represión.
La madera talada ilegalmente, por ejemplo, entra en los mercados legales a través de permisos fraudulentos, sobornos y lagunas normativas, a menudo con la ayuda de funcionarios corruptos y empresas cómplices, lo que permite su blanqueo en la economía mundial.
Además de las empresas de madera, también se ha investigado a otras industrias por deforestación y tala ilegales. Funcionarios de América Latina han afirmado que las empresas de construcción deforestan y abren caminos para luego permitir la tala ilegal.
El solapamiento de delitos “agrava los efectos ya de por sí nefastos de la delincuencia forestal y subraya la necesidad de un enfoque coordinado, normas más estrictas y una aplicación rigurosa, para combatir eficazmente estas amenazas interconectadas a nuestra biodiversidad, economía y seguridad mundial”, dijo Me.
El informe señala que “la lucha contra los delitos forestales, como la deforestación y la tala ilegales, es fundamental para garantizar la protección y la gestión sostenible de los bosques”, pero admite que la regulación de los delitos forestales ha tenido tanto éxitos como consecuencias imprevistas.
Ello porque las medidas hacia la demanda de madera pueden reducir la oferta ilegal, pero también pueden hacer que la madera de origen ilegal se desplace a otra ubicación geográfica.
Los proveedores también pueden simplemente pasar a talar otros tipos de árboles para eludir la carga administrativa que supone comerciar con especies protegidas.
Si bien la degradación forestal puede ocurrir independientemente de las actividades ilegales y los cambios en el uso del suelo pueden ser legítimos, un bosque puede ser declarado degradado fraudulentamente para permitir el cambio de uso del suelo.
A ese respecto recuerda que la agricultura insostenible, las prácticas forestales insostenibles que incluyen la tala ilegal, la urbanización y el cambio climático, son los principales impulsores de la degradación del suelo, y los ecosistemas afectados por la degradación del suelo contienen principalmente bosques.
El estudio subraya que los marcos políticos y legales deben responder a la evolución de las estrategias ilegales y ser evaluados sistemáticamente para colmar las lagunas normativas.
La mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas (139 de 193) aplican sanciones penales a los delitos relacionados con los bosques, y agregan infracciones administrativas o las presentan como alternativas.
Las penas de prisión varían considerablemente, algunas prescriben penas de 15 a 30 días, mientras que otras prevén hasta 14 años, dependiendo del tipo y la gravedad del delito. Asimismo, las multas varían considerablemente, desde menos de 500 hasta decenas de miles de dólares.
La confiscación de equipos, productos forestales, dinero, otros artículos, y la pérdida de licencia o prohibición de talar por períodos determinados está prevista en la legislación ambiental de 19 Estados miembros, y la restauración o restitución en 24.
La falta de penalización de las personas jurídicas (en 20 Estados miembros) justifica un mayor escrutinio, dice finalmente el informe, ya que la silvicultura es un sector altamente industrializado donde las empresas pueden estar entre los principales autores de delitos.
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