RÍO DE JANEIRO – La economía suele ser un talón de Aquiles de la izquierda en Brasil y enreda ahora el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en un callejón que parece sin salida por sus desafíos económicos y políticos.
La caída en picada de la popularidad del gobierno, pese a sus éxitos económicos, propaga la inquietud en la izquierda y entre demócratas, porque reanima la extrema derecha vapuleada por el juicio que enfrentan sus líderes, acusados de intentar un golpe de Estado en fines de 2022 y enero de 2023.
La aprobación del gobierno bajó de 35 % a 24 % en las encuestas hechas en diciembre y febrero por el Datafolha, principal instituto de sondeos de opinión en el país. La reprobación, sumando respuestas de malo y pésimo, subió de 34 % a 41 %. Sondeos más recientes de otras instituciones confirmaron la tendencia.
“Los indicadores económicos no son malos, el desempleo está en un nivel históricamente bajo, el promedio del ingreso aumentó, el salario mínimo nunca estuvo tan elevado, el producto interno bruto creció 3,4 % en 2024 y siguió creciendo en enero”, recordó el economista Luis Eduardo de Assis, exdirector de Política Monetaria del Banco Central.
La inflación, de 1,31 % mensual en febrero y 5,06 % en el índice acumulado en 12 meses, es el gran factor de la impopularidad gubernamental, según cierto consenso, porque es muy elevada en los alimentos, que representan 22 % del consumo de la población pobre.
En este país de 2012 millones de habitantes, los pobres representan 27,4 % de la población, vale decir, 58 millones.
“Son políticas antagónicas, contradictorias, entre el gobierno y el Banco Central, cuyo resultado serán tasas de interés más elevadas por más tiempo y mayor concentración del ingreso, en desmedro de las inversiones”: Luis Eduardo de Assis.
El alza de alimentos de una canasta básica alcanzó 14,22 % en 2024, según la Asociación Brasileña de Supermercados. En febrero el precio de los huevos aumentó 15,39 % y el café 10,77 %, según registró el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, órgano responsable de medir la inflación oficial.
Pero el café ya venía en fuerte incremento desde 2024 y acumuló 66,18 % en los 12 meses hasta febrero.
Para combatir la ola inflacionaria, el Banco Central viene elevando su tasa básica de interés, de 10,5 % en septiembre de 2024 al 14,25 % actual. Y anunció nuevos aumentos en sus próximas reuniones a cada 45 días. La medida, usada en todas partes, busca frenar la demanda, como forma de contener los precios.
Pero el gobierno no reconoce una “inflación de demanda”, sino factores fuera de control como las sequías, que menguaron la producción de café y otros alimentos, y las oscilaciones del cambio y de las cotizaciones internacionales de mercancías.
Políticas antagónicas
Sus medidas apuntan al incremento del consumo, como aumento del salario mínimo, liberación de fondos variados que antes los trabajadores solo podían retirar en situaciones limitadas y ampliación del crédito.
Desde el 12 de marzo los trabajadores con contratos formales pueden obtener “préstamos consignados”, pagables en cuotas mensuales descontadas de sus sueldos y en que la garantía son los fondos que acumulan obligatoriamente para cuando pierdan el empleo o los necesiten para emergencias como una grave enfermedad.
En total hay en el país 47 millones de empleados del sector privado que podrán beneficiarse del programa, que actualmente pagan cerca de 5 % de interés mensual en los créditos bancarios comerciales y podrán reducirlo a menos de la mitad, según el ministro de Hacienda, Fernando Haddad.
Los bancos estiman que esos préstamos podrán superar los 120 000 millones de reales (21 000 millones de dólares) en los próximos cuatro años.
Para entrar en vigor a partir de 2026, el gobierno propuso eximir del impuesto de la renta a cerca de 10 millones de personas que ganan hasta 5000 reales (870 dólares) al mes.
Para compensar la pérdida de recaudación, propone incrementar ese tributo a los ricos con ingresos mensuales superiores a 50 000 reales (8700 dólares), que suman nada más que 141 000 personas, es decir 0,067 % de la población.
La medida representaría más dinero en manos de los consumidores, unos 35 000 millones de reales (6100 millones de dólares) al año, estiman las autoridades. Pero es una medida que aún depende de la aprobación del legislativo Congreso Nacional.
“Son políticas antagónicas, contradictorias, entre el gobierno y el Banco Central, cuyo resultado serán tasas de interés más elevadas por más tiempo y mayor concentración del ingreso, en desmedro de las inversiones”, evaluó Assis, en entrevista telefónica a IPS desde la ciudad suiza de Zúrich, donde estaba en viaje.
Esa será la dinámica de los próximos meses, previó el economista, ante la “desesperación” que genera el acercamiento de las elecciones de octubre de 2026, en que se disputan la presidencia de la República, el Poder Legislativo nacional y la gobernación de los 26 estados brasileños más el Distrito Federal.
“El diagnóstico de que la pérdida de popularidad se debe a razones económicas conduce a acelerar el consumo, recalentar la economía ya calentada, provocando más inflación y alza de intereses”, sostuvo el hoy presidente de la aseguradora Fator, con sede en São Paulo.
Lula al salvamento de la democracia
La polarización política desde las elecciones presidenciales de 2018, cuando triunfó el ultraderechista Jair Bolsonaro, asignó a Lula la tarea encabezar una alianza en defensa de la democracia en los comicios de 2022 que le devolvieron la presidencia que ya había ejercido de 2003 a 2010.
La pérdida de la confianza popular pone en alerta tanto a la izquierda, bajo hegemonía del Partido de los Trabajadores, de que Lula es el fundador y líder máximo, como a sectores que temen la vuelta de los ultraderechistas al poder, aunque bajo otra jefatura que la de Bolsonaro.
El exmandatario está inhabilitado por la justicia electoral por abuso del poder político y enfrenta ahora, junto con siete de sus allegados, un juicio en el Supremo Tribunal Federal, bajo la acusación de intento de golpe de Estado, organización criminal y daños al patrimonio público.
Su condena puede alcanzar decenas de años de cárcel, ya que a muchos de sus seguidores más radicales, que invadieron las sedes de los Tres Poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023, ya se les condenó a 17 años de cárcel.
Pero pese a todo, la extrema derecha aún disfruta del apoyo de gran parte de la población. Su campaña por la amnistía de los invasores del 8 de enero reunió más de 18 000 personas en un acto el 15 de marzo en Río de Janeiro e intensificó la presión sobre el Congreso para la aprobación del perdón a los activistas.
Esa agitación política amenaza con frenar los trámites legislativos de temas económicos que interesan al gobierno, en un parlamento bicameral dominado por partidos del centro a la extrema derecha, unidos en defensa de sus propios intereses.
Además las incertidumbres mundiales provocadas por la guerra arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump, que afectan exportaciones brasileñas como las de acero, aluminio y autopartes, agravan las dudas.
Anomalías financieras
Pero todo ello son cuestiones pasajeras ante las “deformaciones estructurales” que otro economista, Ladislau Dowbor, profesor de posgrado de la Universidad Católica de São Paulo, identifica en la economía brasileña.
Eximir a los que ganan menos del pago del impuesto sobre la renta y aumentarlo a los más ricos es “una medida mínima” contra la gigantesca desigualdad en Brasil, provocada principalmente por los mecanismos financieros anómalos del país.
La tasa básica de interés del Banco Central quita 10 % del producto interno bruto (PIB), que podrían destinarse a la salud, educación y al bienestar general, pero van a los inversionistas más ricos, según Dowbor.
A eso se suman las altas tasas de interés regulares que los bancos cobran a personas físicas, de 53 % al año como promedio, contra solo 4,6 % en China, y la de 21 % que se cobra a las pequeñas y medianas empresas. En Francia más de 9 % de interés es delito de especulación abusiva, comparó el economista.
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En total el “drenaje financiero” de la economía consume 25 % del PIB, aseguró a IPS por teléfono desde São Paulo. El especialista se basa en datos del propio gobierno y de instituciones financieras.
Denunciar esas deformaciones es la misión asumida por Dowbor, que reconoce la imposibilidad de cambios por “un gobierno estrangulado” y un sistema político del que se “han apropiado” los sectores que dominan las finanzas en la mayor economía de América Latina y que fue la octava del mundo por su PIB en 2024, según el Fondo Monetario Internacional.
ED: EG
