BRATISLAVA – Gobiernos de Europa y Asia central están convirtiendo a las comunidades Lgbtiq en un arma para abrir ataques más amplios y profundos contra los derechos humanos y las libertades fundamentales, han advertido los activistas de derechos.
Al presentar los últimos días de febrero su último informe anual sobre la situación de los derechos humanos de las personas Lgbtiq en Europa y Asia central, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (Ilga) en Europa advirtió de que la legislación contra esos colectivos se está utilizando ahora para restringir también la libertad de expresión, la sociedad civil y las elecciones justas.
«Vemos una y otra vez que los gobiernos que introducen políticas anti Lgbti también toman medidas enérgicas contra la sociedad civil, la libertad de expresión y el estado de derecho. Por eso estas leyes no son solo una amenaza para las personas Lgbti, sino para la democracia en su conjunto», dijo a IPS la directora de defensa de Ilga Europa, Katrin Hugendubel.
Los grupos de defensa de los derechos de las personas Lgbtiq en muchos países de la región han informado de un aumento constante de los discursos de odio contra las personas esos colectivos por parte de los líderes políticos de la región y, posteriormente, de más incidentes de ataques violentos contra miembros de la comunidad.
Esto ha venido aparejado a un creciente autoritarismo en Europa y Asia central, sobre todo, pero no exclusivamente, en los países del antiguo bloque del Este, que hasta su extinción cobijaba la extinta Unión Soviética.
Los políticos han utilizado cada vez más abiertamente el discurso del odio para marginar y convertir en chivos expiatorios a las personas Lgbtiq.
Mientras tanto, tras la introducción de la legislación anti Lgbti en Rusia en 2013, otros países han introducido leyes similares.
Estas a menudo implican restricciones a las representaciones positivas de las relaciones y la comunidad Lgbtiq, la difusión de información sobre cuestiones de sus comunidades y, en algunos casos, prohibiciones absolutas de cualquier muestra de apoyo a las personas Lgbtiq o lo que llaman su «ideología».
Se trata de legislaciones que a menudo fueron precedidas y seguidas por la introducción de leyes aparentemente no relacionadas, que reprimen a la sociedad civil y a otros grupos considerados potencialmente disidentes de los gobiernos en el poder.
Sin embargo, la Ilga y otros grupos de derechos afirman que esto no es una coincidencia y que la legislación anti Lgbtiq se utiliza ahora a menudo como campo de pruebas para las restricciones de otras libertades fundamentales.
Los mismos gobiernos que impulsan las leyes anti Lgbti también atacan a los académicos, reprimen a los periodistas, persiguen a los artistas y socavan las elecciones justas, dice Ilga.
Señala como ejemplo el caso de Rumanía, donde se ha creado un sentimiento anti Lgbtiq, que se aprovecho durante la campaña para las elecciones presidenciales para alimentar la retórica nacionalista, distraer la atención del retroceso democrático y conseguir apoyo para los candidatos de extrema derecha y prorrusos.
La legislación anti Lgbtiq de Hungría ha ido acompañada de medidas más amplias contra la libertad académica y el pluralismo de los medios de comunicación, mientras que en Eslovaquia se ha empleado la retórica anti Lgbtiq para atacar las libertades artísticas, y el ministro de Cultura ha destituido a los directores de las principales instituciones culturales por presunto activismo político.
Mientras tanto, en virtud de la nueva ley anti Lgbtiq de Georgia, se penalizan las reuniones públicas que promueven las relaciones entre personas del mismo sexo, lo que sienta las bases para reprimir las voces de la oposición.
«Esta es una crisis existencial para la democracia», dijo Hugendubel.
En los países con una de las peores represiones de la comunidad Lgbtiq y con el gobierno más autocrático, el vínculo entre la estigmatización extrema de las personas de ese colectivo y la represión más amplia de la libertad es muy claro, dicen los activistas.
Durante muchos años, Bielorrusia ha figurado entre los peores países de la región en cuanto a derechos Lgbtiq en el mapa arcoíris de Ilga y en la última versión de su informe, ocupa el puesto 44 de 48.
La represión contra la comunidad Lgbtiq es severa, con restricciones de asociación, reunión y expresión; incluso asistir a eventos en línea puede ser visto como una actividad extremista.
Las personas de la comunidad a menudo son blanco de la policía secreta que se infiltra en las comunidades, utilizando el chantaje y las amenazas para obligar a las personas a revelar las identidades de otras personas Lgbtiq en diferentes regiones, dijeron a IPS varios defensores de los derechos en ese país .
Mientras tanto, los medios de comunicación controlados por el Estado alimentan la homofobia, retratando a las personas Lgbtiq como una amenaza extranjera vinculada a la influencia occidental y al extremismo.
Las autoridades califican las reuniones y los debates en línea de personas Lgbtiq como amenazas a la seguridad, lo que hace peligrosa incluso la actividad en las redes sociales.
Según los activistas, cogerse de la mano en público, publicar contenido relacionado con las personas Lgbtiq sin ser en su contra o compartir una autofoto transgénero puede dar lugar a detenciones, listas negras y acoso policial.
Esto ha sido respaldado por una legislación dirigida específicamente contra ese colectivo.
En abril de 2024, las autoridades redefinieron la pornografía para incluir a las «relaciones sexuales no tradicionales», lo que facilita la persecución de personas y organizaciones Lgbtiq.
Muchos grupos se han visto obligados a cerrar, y en elbimestre agosto-septiembre de 2024, al menos 30 activistas fueron arrestados, con denuncias de palizas y abusos psicológicos durante la detención.
También se está preparando una ley que prohíbe la llamada «propaganda Lgbti», basada en la propia y severa legislación anti Lgbti de Rusia.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
«Ser abiertamente Lgbti en Bielorrusia es extremadamente peligroso. Las personas que son abiertamente Lgbti corren el riesgo de perder su trabajo, sufrir acoso policial y ataques físicos. Las muestras públicas de afecto, el activismo, las publicaciones en redes sociales o incluso las suscripciones a estas redes sociales pueden dar lugar a detenciones o cargos legales», dijo Ruslana Panukhnyk, oficial superior de programas de Ilga Europa.
En diálogo con IPS, añadió que «la mayoría de las personas Lgbti en Bielorrusia ocultan su identidad o abandonan el país si pueden. Ser abiertamente Lgbti es posible, pero conlleva graves riesgos, y quienes permanecen visibles a menudo se enfrentan al acoso, la violencia o el exilio».
Detalló que la represión ha empeorado a medida que el presidente Alexander Lukashenko ha intentado afianzar su poder y restringir aún más las libertades fundamentales tras las protestas sin precedentes contra su gobierno hace más de cuatro años.
Recordó que desde 2020, la represión en Bielorrusia se ha intensificado contra toda la sociedad civil, pero las personas Lgbti se han visto especialmente afectadas.
El gobierno utiliza la homofobia como herramienta política, presentando a las personas Lgbti como «una amenaza a los valores tradicionales» para justificar las medidas enérgicas y desviar la atención de una represión más amplia», dijo.
Lo mismo se ha visto en otros países con regímenes autocráticos.
«Aquí, no solo se instrumentalizan las cuestiones Llbtiq+, sino que también son un elemento fundamental en una estrategia más amplia destinada a atacar a los defensores de los derechos y a los periodistas», dijo a IPS Vahid Aliyev, activista de los derechos Lgbtiq en Azerbaiyán.
En ese contexto, «los medios de comunicación estatales presentan la cuestión de los derechos Lgbtiq+ como una imposición extranjera, contraria a lo que se presentan como valores fundamentales de Azerbaiyán», añadió.
Aliyev explicó que «es una herramienta utilizada para convertir a los ciudadanos Lgbtiq+ en chivos expiatorios y posicionarlos no solo como moral y culturalmente ‘diferentes’, sino también como una amenaza para Azerbaiyán.
«Por ejemplo, los medios de comunicación suelen equiparar el activismo Lgbtiq+ con el intervencionismo occidental e insinúan que el apoyo a estos derechos es una herramienta en una agenda más amplia destinada a desestabilizar el país», abundó.
Aliyev añadió que la retórica antioccidental se utilizó «para enmarcar los derechos Lgbti+ como una presencia extranjera y desestabilizadora». «Esto no solo convierte en chivos expiatorios a los ciudadanos Lgbti+, sino que también justifica las violaciones de derechos contra esa comunidad», añadió.
En Georgia, otro ejemplo de como se vincula uno y otra lucha antiderechos, el año pasado se introdujeron tanto una legislación anti Lgbtiq como otr ley de «agentes extranjeros».
Esta última exige a algunos grupos de la sociedad civil que reciben fondos del extranjero que se registren como «organizaciones que persiguen los intereses de una potencia extranjera» y se sometan a onerosas y a menudo liquidatorias restricciones y obligaciones operativas.
Esto ha ocurrido en un contexto de creciente represión de la disidencia: las protestas diarias de miles de personas que se han estado llevando a cabo durante meses en el país se han caracterizado por la violenta represión de la policía contra los manifestantes, por parte del gobierno, que volvió al poder en octubre .
Lo hizo tras ganar unas elecciones que el Parlamento Europeo y muchos otros países han considerado que no fueron ni libres ni justas.
Representantes de organizaciones de derechos han informado a IPS del aumento de la violencia y el discurso de odio contra miembros de la comunidad, y al mismo tiempo de una creciente asfixia de las libertades civiles.
Un activista que habló con IPS bajo condición de anonimato dijo que las personas Lgbtiq, así como gran parte de la sociedad civil y el público en general, se enfrentan ahora a una «crisis totalitaria».
Otro país donde la comunidad Lgbti ha sido cada vez más vilipendiada en los últimos años es Eslovaquia.
En el período previo a las elecciones de 2023, los políticos de derecha y populistas, incluidos los miembros del partido Smer, que finalmente ganó las elecciones y pasó a liderar el actual gobierno de coalición, utilizaron repetidamente una retórica anti Lgbti en su campaña.
Desde entonces, los partidos de la coalición gobernante han propuesto una legislación específica contra el colectivo Lgbtiq, que incluiría medidas para excluir los temas de esa diversidad en la educación sexual.
En paralelo, también han intentado introducir una «ley de agentes extranjeros». En países donde se han introducido leyes de este tipo, como Rusia, esto ha tenido un efecto devastador en la sociedad civil, cerrando de hecho vastas franjas de organizaciones que defienden los derechos.
En su informe, Ilga afirma que estas leyes intentan socavar la legitimidad de los grupos de la sociedad civil, restringir la financiación y reprimir el activismo de derechos humanos, erosionando en última instancia los derechos fundamentales.
Robert Furiel, director del grupo eslovaco de derechos Lgbti Saplinq, analizó para IPS que los ataques del gobierno contra las personas Lgbtiq eran diferentes ahora que en el pasado.
«La legislación anterior contra las personas Lgbti+ era más aislada, dirigida específicamente a las personas queer sin atacar a un espectro más amplio de organizaciones de la sociedad civil», dijo.
Sin embargo, los ataques bajo el cuarto gobierno dl líder del partido Smer y actual primer ministro, Robert Fico, se están llevando a cabo más en paralelo.
«Si bien las organizaciones Lgbti+ han sido atacadas, otras organizaciones de la sociedad civil, generalmente de derechos humanos o de vigilancia anticorrupción, también han sido atacadas», dijo.
Ni la legislación anti Lgbti propuesta ni la «ley de agentes extranjeros» se aprobaron como ley en Eslovaquia.
Pero la retórica contra las personas de esos colectivos y la sociedad civil por parte de muchos políticos del gobierno se acentúan, al igual que las propuestas legislativas restrictivas.
Eso incluye los polémicos llamamientos de políticos oficialistas para cambiar la Constitución para reconocer explícitamente solo dos sexos: masculino y femenino.
«En los últimos años hemos visto varias propuestas legislativas peligrosas. Aunque tenían muy pocas posibilidades de éxito en sí mismas, aumentaron la toxicidad del debate público sobre las personas Lgbti+, específicamente las personas transgénero y las familias arcoíris», dijo Furiel.
Mientras tanto, Ilga ha llamado la atención sobre las nefastas consecuencias de los ataques a las personas Lgbtiq.
Entre ellos se inclyen los delitos de odio están en niveles récord, alimentados por la normalización del discurso de odio por parte de líderes políticos y religiosos, y las barreras a la atención sanitaria para las personas trans.
Son ataques que han surgido en todo el continente en medio del «alarmismo», incluso en los estados de Europa occidental considerados tradicionalmente progresistas.
La Ilga destaca que recientemente se han producido algunas victorias legales importantes en la defensa de los derechos de las personas Lgbtiq, pero sigue sin hacerse lo suficiente para garantizar que los gobiernos, especialmente los de la Unión Europea, cumplan con las obligaciones sobre esos derechos.
«Las sentencias judiciales en toda Europa demuestran que existen leyes que protegen los derechos Lgbti y que pueden aplicarse. Sin embargo, las victorias legales no siempre se traducen en igualdad vivida, y muchas personas siguen sufriendo discriminación y violencia», dijo Hugendubel.
Pero, añadió, «algunos gobiernos desafían abiertamente estas sentencias o no las aplican. Es importante que las comunidades y los aliados sigan presionando para que se refuercen las protecciones y la aplicación».
«Los políticos, tanto a nivel europeo como nacional, deben actuar con decisión para contrarrestar los crecientes ataques que estamos viendo contra los pilares de la democracia», demandó.
Para la directiva de Ilga, «la normalización de la retórica anti Lgbti no es solo una amenaza para una comunidad, sino que ahora se ha demostrado que es un ataque directo a los principios democráticos que sustentan nuestras sociedades».
T: MF / ED: EG
