GINEBRA – La violencia sexual y de género por parte de las fuerzas de seguridad israelíes contra los palestinos, incluidos niños, se ha utilizado cada vez más como método de guerra en el conflicto de Gaza, expuso este jueves 13 una comisión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Israel “ha empleado cada vez más la violencia sexual, reproductiva y otras formas de violencia de género contra los palestinos como parte de un esfuerzo más amplio para socavar su derecho a la autodeterminación”, sostuvo Chris Sidoti, de la Comisión de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado.
Las autoridades israelíes “han destruido parcialmente la capacidad de los palestinos en Gaza -como grupo- de tener hijos, mediante la destrucción sistemática de la atención de la salud sexual y reproductiva”, afirmó la Comisión en un comunicado presentado en esta ciudad suiza.
El actual conflicto en Gaza -apenas interrumpido por un frágil acuerdo de alto el fuego- estalló luego de que la milicia islamista Hamas atacó el 7 de octubre de 2023 el sur de Israel, murieron cerca de 1200 personas y 250 fueron tomadas como rehenes.
Israel respondió con una ofensiva militar a gran escala sobre la Franja de Gaza que causó la muerte de más de 47 000 palestinos, heridas a 110 000, desplazamiento de casi todos sus 2,3 millones de habitantes, y reducción a escombros de la mayor parte de las viviendas y de prácticamente toda la infraestructura.
Desaparecieron o quedaron en situación menguada y esporádica los servicios de agua, alimentos, electricidad, comunicaciones, educación, refugio y, de manera destacada, de higiene y atención de salud, todos dependientes de la insuficiente ayuda que entra en la Franja de manera intermitente a bordo de camiones.
“Los ataques a las instalaciones de salud reproductiva, incluidos los directos a las salas de maternidad y a la principal clínica de fertilización in vitro, combinados con el uso de la inanición como método de guerra, han impactado todos los aspectos de la reproducción”, dijo la presidenta de la Comisión, Navi Pillay, exjueza sudafricana.
La Comisión también documentó casos en que mujeres y niñas de todas las edades, incluidas pacientes de maternidad, fueron atacadas, actos que constituyen el crimen de lesa humanidad de asesinato y el crimen de guerra de homicidio intencional.
Eso se enmarca en dos categorías de actos genocidas contemplados en el Estatuto de Roma y la Convención sobre el Genocidio, entre ellos la imposición deliberada de condiciones de vida destinadas a provocar la destrucción física de los palestinos y la imposición de medidas destinadas a impedir los nacimientos.
Recordó la Comisión que el genocidio “es un delito cometido con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”, y hay cinco tipos de actos que pueden considerarse constitutivos de genocidio.
Dos de ellos, según la Comisión, se refieren a Gaza: las “medidas destinadas a impedir los nacimientos” y el “sometimiento intencional de un grupo de personas a condiciones de vida calculadas para acarrear su destrucción física”.
Su informe señala la destrucción, en diciembre de 2023, por parte de las fuerzas de seguridad israelíes, de la mayor clínica de fertilización in vitro, Al Basma, que almacenaba miles de embriones.
Durante el ataque, el laboratorio de embriología fue alcanzado directamente y todo el material reproductivo almacenado en el laboratorio fue destruido.
El bombardeo del centro provocó la destrucción de casi 4000 embriones, así como 1000 muestras de esperma y óvulos no fecundados. Según informes, el centro Al-Basma cada mes atendía entre 2000 y 3000 pacientes y realizaba entre 70 y 100 procedimientos de fertilización in vitro.
Según los investigadores de la ONU, “esta destrucción tenía como objetivo impedir el nacimiento de palestinos en Gaza y constituye un acto genocida”.
El informe de la Comisión también expone que los ataques directos a centros de salud que prestan servicios de salud sexual y reproductiva afectaron a aproximadamente 540 000 mujeres y niñas en edad reproductiva en Gaza.
Esas violaciones “han causado sufrimiento físico y mental inmediato a las mujeres y las niñas”, y también “tienen efectos irreversibles a largo plazo en la salud mental y en la capacidad de los palestinos, como grupo, de tener hijos”, añadió Pillay.
En términos más generales, el informe concluye que la violencia sexual y de género, que ha aumentado en frecuencia y gravedad, se perpetra en todo el territorio palestino ocupado -Gaza y Cisjordania- y constituye una estrategia de guerra de Israel destinada a dominar y destruir al pueblo palestino.
Formas específicas de violencia sexual y de género -como la desnudez y el desvestimiento público forzado, el acoso sexual, incluidas las amenazas de violación, y la agresión sexual- forman parte de los procedimientos operativos estándar de las fuerzas de seguridad israelíes hacia los palestinos.
Otras formas de violencia sexual y de género, incluidas la violación y la violencia genital, se cometieron por órdenes explícitas o con el estímulo implícito de altos funcionarios civiles y militares israelíes, según el informe.
La Comisión documentó vídeos y fotografías grabados por soldados israelíes y publicados en Internet que los muestran registrando casas en Gaza y humillando y burlándose de mujeres palestinas debido a su género y origen étnico.
También reunió y preservó pruebas, incluidas declaraciones de testigos, fotografías y secuencias de vídeo, de violencia sexual cometida contra hombres palestinos por miembros de las fuerzas de seguridad israelíes durante operaciones terrestres, incluso en puestos de control y durante evacuaciones en la Franja de Gaza y Cisjordania.
Además, “reina un clima de impunidad respecto de los crímenes sexuales y de género cometidos por colonos (civiles) israelíes en Cisjordania, con el objetivo de infundir miedo en la comunidad palestina y expulsarla”.
Ante este sombrío panorama pintado por los investigadores de la ONU, la Misión Permanente de Israel ante las Naciones Unidas en Ginebra “rechazó categóricamente” estas acusaciones.
Israel afirmó que la Comisión de Investigación “se basa deliberadamente en un nivel menor de corroboración en su informe (que en otros casos), lo que le permite incluir información de fuentes de segunda mano, únicas y no corroboradas”.
Agregó que “esta práctica es incompatible con los estándares y metodologías de verificación establecidos por las Naciones Unidas”.
La publicación de este último informe estuvo acompañada de dos días de audiencias públicas en Ginebra, durante los cuales la Comisión escuchó a víctimas y testigos de violencia sexual y reproductiva y al personal médico que los ayudó, así como a representantes de la sociedad civil, académicos, abogados y expertos médicos.
A-E/HM
