GINEBRA – El gobierno de Nicaragua ha desmantelado los últimos controles que existían sobre su poder, ejecutando sistemáticamente una estrategia autoritaria, mediante la comisión de graves violaciones de derechos humanos, advirtió este miércoles 26 un grupo de expertos de las Naciones Unidas.
Según el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua “el régimen del presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo (vicepresidenta designada copresidenta) ha transformado deliberadamente al país en un Estado autoritario, donde no quedan instituciones independientes y las voces disidentes son silenciadas”.
“La población -tanto dentro como fuera de Nicaragua- enfrenta persecución, exilio forzado y represalias económicas”, agregó el reporte, en el que se insta a la comunidad internacional a “tomar medidas decisivas para abordar esas violaciones”.
Jan Simon, experto alemán en Leyes y presidente del grupo -que actúa por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en esta ciudad suiza de Ginebra- dijo que “desde 2018, Ortega y Murillo han afianzado progresivamente su control total” en el país.
“En el último año, el Estado y el partido gobernante (Frente Sandinista de Liberación Nacional, Fsln) prácticamente se han fusionado en una maquinaria unificada de represión con impacto dentro y fuera de Nicaragua”, según Simon.
Aseguró que “Ortega y Murillo operan una extensa red de inteligencia que supervisa a toda la población e identifica objetivos para la persecución, proveyendo “los ojos y oídos” que permiten obtener y mantener control total sobre las personas”.
El informe señala que una reforma constitucional de gran alcance, que entró en vigor el 18 de febrero, representó un golpe final al Estado de derecho.
Esa reforma “eliminó los pocos controles institucionales que quedaban, creando un poder ejecutivo con dominio absoluto”, pues redujo los poderes judicial, legislativo y electoral a meros “órganos” a ser “coordinados” por la presidencia.
Basado en testimonios, el informe detalla cómo Ortega y Murillo controlan un vasto aparato de actores estatales y paraestatales, incluyendo fuerzas de seguridad, agencias de inteligencia y el Fsln, que operan en conjunto para violar derechos y silenciar a la oposición.
Y por primera vez, los expertos concluyeron que el ejército nicaragüense, a pesar de sus negativas, participó junto con la policía y grupos paramilitares en la violenta represión contra las masivas protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos.
Señalaron que el gobierno ha intensificado el uso de detenciones arbitrarias, privación arbitraria de nacionalidad y expulsiones forzadas, apuntando contra cualquier persona percibida como una amenaza.
En septiembre de 2024, 135 presos políticos fueron expulsados a Guatemala y despojados de su nacionalidad, sumando un total de 452 nicaragüenses que han sido arbitrariamente desnacionalizados. En los últimos meses, las autoridades también han incrementado la confiscación de propiedades privadas.
“Estamos viendo la represión sistemática de cualquiera que se atreva a desafiar el control de Ortega y Murillo. Es un gobierno en guerra contra su propio pueblo», dijo la uruguaya Ariela Peralta, especialista en derechos humanos y miembro del grupo.
Los expertos enfatizaron que algunas de las violaciones identificadas en este informe siguen patrones previamente establecidos como crímenes de lesa humanidad, particularmente la persecución por motivos políticos.
Como parte de su investigación, el Grupo ha recopilado una lista de personas -además de Ortega y Murillo- que podrían ser responsables de estas violaciones y crímenes.
Sus nombres se transmitirán al gobierno de Nicaragua y a los involucrados, y se harán públicos antes de la conclusión de la actual sesión del Consejo de Derechos Humanos el 4 de abril, una vez que hayan tenido la oportunidad de responder.
El informe instó a la comunidad internacional a tomar medidas decisivas, advirtiendo que la inacción solo fortalecerá al régimen y prolongará el sufrimiento del pueblo nicaragüense.
Los expertos hicieron un llamado a que se brinde mayor apoyo a la sociedad civil nicaragüense, incluyendo medios de comunicación independientes y organizaciones que documentan violaciones de derechos humanos.
También recomendaron emprender acciones legales contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones a la Convención contra la Tortura y a la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, así como ampliar las sanciones específicas contra los responsables de la represión.
Subrayaron además la necesidad de medidas urgentes para proteger a los nicaragüenses que han sido despojados de su nacionalidad o forzados al exilio.
Los gobiernos deberían garantizar procesos de asilo rápidos y justos, facilitar los procedimientos administrativos para estudiantes, reconocer títulos de profesionales exiliados, y tomar medidas proactivas para contrarrestar la represión transnacional.
También instaron a que estos hallazgos sean incorporados en decisiones económicas internacionales clave, incluyendo evaluaciones del Fondo Monetario Internacional sobre la gobernanza financiera de Nicaragua y acuerdos comerciales preferenciales.
“Nicaragua se ha convertido en un lugar de vigilancia y silencio impuesto para quienes permanecen, mientras que aquellos que se atreven a resistir, o que son percibidos como disidentes, enfrentan una vida de apatridia y exilio”, destacó Reed Brody, experto húngaro en derechos humanos y miembro del grupo.
Insistió al presentar el informe en que “la comunidad internacional no puede limitarse a ser testigo, sino que debe tomar medidas concretas y urgentes -acciones legales, procesos judiciales y sanciones específicas- para hacer que el gobierno y los responsables individuales rindan cuentas”.
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