SAN SALVADOR – La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, una de las principales instituciones nacidas de los acuerdos de paz en El Salvador, en 1992, ha sufrido a lo largo de los años un proceso de desmantelamiento para anular su rol, lo que la ha llevado al extremo de callar, hoy en día, las graves violaciones a esos derechos que suceden en este país.
Desde diciembre, la institución estatal ha despedido a un centenar de trabajadores, la mitad formaban parte del equipo jurídico, con lo cual su rol de vigilancia del respeto a los derechos humanos queda cada vez más debilitado.
A ello se agrega la nula presencia de la procuradora, Raquel Caballero, ante las constantes de denuncias de violaciones de esos derechos.
“Yo no creo que una procuradora tenga que callarse ante todas las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en el país debido al régimen de excepción”, dijo a IPS el abogado y activista de derechos humanos Henri Fino.
Desde marzo de 2022, el gobierno del presidente Nayib Bukele puso en marcha una política de mano dura contra las temidas pandillas o maras, las que logró desarticular por medido de redadas masivas, ganándose el apoyo popular.
“Yo no creo que una procuradora tenga que callarse ante todas las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en el país debido al régimen de excepción”: Henri Fino.
Pero en el proceso ha habido capturas arbitrarias y se ha detenido a personas sin vínculos con esos grupos criminales, de acuerdo con reportes de organizaciones civiles que denuncian que las autoridades policiales y militares han cometido abusos y otras ilegalidades.
Por ejemplo, ha sido notorio el irrespeto al debido proceso en esas detenciones arbitrarias y en todo el proceso judicial de los afectados, pues ellos no tienen derecho a ser asistidos por defensores ni a ser visitados por familiares, derechos universales en cualquier país democrático. Incluso se llega al extremo de no liberar a quienes han recibido cartas de libertad de parte de jueces.
Hasta ahora, en un país de seis millones de habitantes, se han capturado a unas 84 000 personas, se entiende que la mayoría son pandilleros, los primeros en ser detenidos al iniciar las redadas porque ya estaban en la base de datos de la policía. Se desconoce cuántos inocentes permanecen detenidos, luego de que se liberaran a 8000 por no encontrárseles méritos para su encarcelamiento.
El descabezamiento de las pandillas ha generado un apoyo masivo a Bukele, un neopopulista de derecha.
Y en ese contexto la procuradora, Raquel Caballero, actualmente en su segundo periodo en la institución, ha estado completamente ausente en ese proceso de vigilancia del respeto a los derechos de la población.
“Ella es una incondicional (al gobierno) y, además, no aparece por ningún lado”, sostuvo Fino sobre la procuradora, en el cargo desde 2019, el mismo año que Bukele llegó a la presidencia y en la que siguió en 2024, tras una reelección inmediata para la que se cambiaron normas constitucionales del país.
Un rol que se desdibuja
Parte medular de los acuerdo de paz, suscritos en 1992 por las guerrillas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el gobierno de entonces, fue el establecimiento de una institución que, en la posguerra, vigilara el respeto a los derechos elementales que habían sido brutalmente vulnerados durante el conflicto.
La guerra civil en El Salvador, entre 1980 y 1992, dejó unos 75 000 muertos y 8000 desaparecidos.
“Crear la procuraduría fue importante porque se institucionaliza el respeto y la vigilancia de los derechos humanos, para que no quedaran diluidos en la generalidad del Estado, sino que hubiera una institución que tuviera la responsabilidad de velar por que se cumplan”, acotó Fino.
Durante sus primeros años de funcionamiento, la institución tuvo un rol importante en sentar las bases de su desarrollo, y gozó de un buen margen de independencia, pero con el tiempo fue siendo cada vez más evidente que los intereses de los gobiernos de turno y de los partidos políticos, terminarían por desdibujarla.
De modo que, la procuraduría tuvo la misma suerte de otras instituciones del Estado: los partidos políticos se la apropiaban en un acuerdo bajo la mesa de repartición entre el gobierno de turno y los partidos aliados.
“Y ese es otro problema serio en la procuraduría, que es un coto de caza para algunos partidos políticos”, recalcó el abogado.
La institución también sufrió la manipulación política incluso bajo los dos gobiernos del FMLN, convertido en partido político tras el fin de la guerra, y que gobernó entre 2009 y 2014, y entre 2014 y 2019.
Esa manipulación ha sido histórica, y ahora la institución muestra todas las señales de estar bajo la influencia del partido en el gobierno, Nueva Ideas, que controla ampliamente la Asamblea Legislativa.
La Asamblea juramentó a Caballero al frente de la institución, por un segundo periodo, después que ella ya había desempeñado el cargo entre 2016 y 2019.
“Los gobiernos de turno no se han preocupado por fortalecer a la institución, y por eso no ha cumplido el rol contemplado en los acuerdos de paz, y con la llegada de Raquel Caballero, la situación se agudiza más”, afirmó a IPS Guillermo García, uno de los más de 100 trabajadores despedidos en diciembre. Los despidos han seguido desde entonces.
Nepotismo entre aleluyas
García señaló que Caballero no contaba con el perfil ni los requisitos para obtener nuevamente el cargo de procuradora, pues en su primer periodo fue denunciada por los trabajadores de nepotismo y otras irregularidades, tras conocerse que dos hijastras de la funcionaria trabajaban en la institución, además de otros parientes cercanos.
La denuncia también incluía el uso discrecional de los automóviles de la institución por parte del esposo de la procuradora.
Caballero fue denunciada ante el Tribunal de Ética Gubernamental, que confirmó la denuncia y la sancionó en octubre de 2019. Esas resoluciones solo son de carácter moral, sin efecto penal ni civil.
Y aun así, con ese historial, Caballero logró seguir en el cargo.
“Si estuviéramos en un Estado de derecho, lo más seguro es que ella no llenaba ningún requisito, pues se debe tener moralidad notoria y su moralidad ya estaba tachada con el tema del nepotismo”, subrayó García, refiriéndose al control que el presidente Bukele pareciera tener de buena parte del sistema judicial del país.
En este segundo mandato, la funcionaria ha mantenido el nepotismo por el que ya fue condenada, aseguró García, y añadió que incluso ha llevado a trabajar ahí a varias personas que son parte de la misma congregación evangélica donde ella es feligresa.
García y el centenar de trabajadores despedidos han interpuesto nuevas denuncias contra Caballero. Entre otras cosas, la acusan de violentar el debido proceso al dejarlos cesantes. Pero esta vez las denuncias sí se interpusieron ante un tribunal del sistema judicial.
García, abogado de 54 años y 23 de trabajar en la institución, se desempeñaba como parte del equipo jurídico en el departamento de VIH y Derechos Humanos.
La justificación oficial de los despidos es que esas plazas ya no son necesarias, pero en realidad eso se enmarca en un contexto de despidos generalizados, alrededor de 10 000, en las instituciones del Estado.
Se entiende que eso es parte del compromiso que tomó el gobierno para “reducir la grasa” del Estado para que el Fondo Monetario Internacional (FMI) diera luz verde a un paquete financiero al país por 1400 millones de dólares, aprobado el 26 de febrero, tras una larga negociación.
El acuerdo facilita un desembolso inmediato de unos 113 millones de dólares, informó el FMI, en un comunicado oficial.
El desmantelamiento sigue
La esposa de García, Marisela Martínez, también fue despedida, en diciembre. Ella fungía como secretaria en el departamento de Atención a Personas Migrantes, área de la que igualmente cesaron a uno de los abogados del equipo jurídico.
“En mi área se hacían verificaciones para que no se les vulneren los derechos de las personas que migran, tanto los retornados como los van en tránsito, y más que todo se verifica que las instituciones actúen en favor de los migrantes”, indicó Martínez, de 44 años.
Todos esos despidos, agregó a IPS, perjudican el desempeño de la institución, que ya venía desde hace tiempo en un franco proceso de desmantelamiento.
“Con lo importante que es el tema migratorio, sobre todo ahora con Donald Trump (en la presidencia de Estados Unidos), y lo que hace (Caballero) es debilitar al departamento”, añadió.
Entre otros departamentos afectados están el de Derechos Políticos, donde solo queda el jefe y un abogado, y la Procuraduría Adjunta de Derechos Económicos y Sociales dejó de existir al fusionarse con la de Medio Ambiente.
Martínez está pensando en montar un emprendimiento de comida, para generar ingresos al grupo familiar, pero eso implica invertir en permisos y capacitaciones, dinero que no tiene en este momento. Su esposo, García, está trabajando como abogado, representando a ocho compañeros de trabajo despedidos, incluida a su esposa.
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También la abogada América Alvarado fue despedida, en diciembre. Se desempeñaba en el equipo jurídico de la Procuraduría Adjunta de la Niñez, y una de sus tareas era visitar los centros de reinserción de jóvenes en conflicto con la ley. Ahora está pensando en dedicarse al notariado.
Alvarado, de 68 años, trabajó “27 años, seis meses y 10 días en la institución”, contó con un dejo de risa. Pensaba trabajar ahí todo el 2025 y luego retirarse.
“Pensaba retirarme el otro año, pero no salir así, me sacaron como que soy delincuente”, dijo a IPS.
Alvarado señaló que todo el esfuerzo que se hizo, tras el fin del conflicto, para crear una institución confiable y con credibilidad ante la población, se está echando a perder debido a todo ese desmantelamiento histórico.
“Es una lástima, ese montón de vidas que se perdieron en la guerra para lograr los acuerdos de paz, esas vidas se dieron para que valiera la pena el trabajo de instituciones como la procuraduría”, sentenció.
ED: EG
