LONDRES – Alexandr Lukashenko pronto comenzará su séptimo mandato como presidente de Bielorrusia. El resultado oficial de las elecciones del 26 de enero le dio 86,8 % de los votos, tras unos comicios celebrados en un clima de miedo.
Solo se permitió la participación de candidatos de oposición simbólicos, la mayoría de los cuales se mostraron a favor de Lukashenko. Cualquiera que pudiera haber ofrecido un desafío creíble está en la cárcel o en el exilio.
No se repetirá lo de 2020
En el cargo desde 1994 como el hasta ahora único presidente de Bielorrusia independiente, Lukashenko es, con diferencia, el jefe de Estado que más tiempo lleva en el cargo en Europa.
La votación de 1994 que llevó al poder al exfuncionario soviético fue la única elección legítima del país. Desde entonces, todas las elecciones han estado diseñadas para favorecer a Lukashenko.
Solo se enfrentó a una amenaza seria en 2020, cuando una candidata externa, Sviatlana Tsikhanouskaya, pudo llevar a cabo una campaña que cautivó la imaginación popular. La respuesta de Lukashenko fue arrestar a sus oponentes, reprimir las protestas, restringir internet, negar el acceso a los observadores electorales y luego robar descaradamente las elecciones.
Cuando la gente salió a la calle en protestas masivas contra el fraude electoral, Bielorrusia parecía estar al borde de una revolución democrática.
Pero el gobierno de Lukashenko lanzó una defensa brutal, utilizando las fuerzas de seguridad para atacar violentamente a los manifestantes y arrestar a más de mil personas. Disolvió los partidos políticos de la oposición y allanó y cerró organizaciones de la sociedad civil: más de mil han sido liquidadas por la fuerza desde 2020.
El régimen de Lukashenko ha perseguido a los que están en el exilio, secuestrando y presuntamente matando a bielorrusos en el extranjero. Bielorrusia se encuentra entre los 10 Estados más implicados en la represión transnacional. Sus autoridades también han privado de su derecho al voto a las unas 300 000 personas que han huido desde 2020.
Al adoptar la represión, Lukashenko tomó la decisión de abandonar su política de equilibrio entre la Unión Europea (UE) y Rusia. Cuando la UE impuso sanciones en respuesta al fraude electoral de 2020, Rusia ofreció un paquete de préstamos. En 2022, cuando Rusia lanzó su asalto a gran escala contra Ucrania, algunas de sus fuerzas entraron en Ucrania desde Bielorrusia.
Poco después de que Rusia iniciara su invasión a gran escala, un referendo constitucional celebrado en Bielorrusia, marcado por la misma falta de democracia que sus elecciones, puso fin formalmente a la neutralidad y al estatus no nuclear del país.
En diciembre de 2024, los dos Estados firmaron un tratado de seguridad que permitía el uso de armas nucleares rusas en caso de agresión contra Bielorrusia, y Lukashenko confirmó que el país alberga docenas de ojivas nucleares rusas.
Bielorrusia también ha sido acusada de instrumentalizar a los migrantes para tratar de desestabilizar a los países vecinos.
En 2021, flexibilizó sus normas de visado para las personas procedentes de países de Medio Oriente y el norte de África y fomentó los vuelos a Bielorrusia.
Miles de personas fueron llevadas a las fronteras con Lituania y Polonia y abandonadas para intentar cruzarlas en condiciones desesperadas, heladas y sin lo esencial, sometidas a la violencia de las fuerzas de seguridad en ambos lados.
Los migrantes fueron involuntarios peones en el juego de Lukashenko para contraatacar a sus vecinos. Desde entonces, han continuado los intentos de cruce y las violaciones de los derechos humanos.
Nueva represión
Por si acaso, Lukashenko lanzó otra ofensiva en los meses previos a las elecciones. La intención era claramente asegurar que no se repitieran las expresiones de oposición y las protestas de 2020.
A partir de julio de 2024, Lukashenko indultó a unos 250 presos políticos, liberándolos de la cárcel.
Probablemente su objetivo era suavizar las críticas internacionales en el período previo a la votación.
Pero no se trataba de los presos de alto perfil que cumplen largas condenas, como el ganador del Premio Nobel de la Paz Ales Bialiatski, fundador del Centro de Derechos Humanos Viasna, que recibió una condena de 10 años en 2023, o la líder de las protestas Maria Kolesnikova, condenada a 11 años en 2021.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
Los indultados tuvieron que reconocer públicamente su culpa y arrepentirse.
Las plazas de las cárceles que quedaron libres se llenaron rápidamente, con más de un centenar de amigos y familiares de presos políticos detenidos. En febrero de 2024, las autoridades detuvieron a al menos 12 abogados que habían defendido a presos políticos.
En diciembre último, detuvieron a siete periodistas independientes. Bielorrusia tiene el cuarto mayor número de periodistas encarcelados del mundo.
Se ha encarcelado a personas simplemente por seguir canales de Telegram considerados «extremistas» o por hacer comentarios en las redes sociales. Según los informes, más de 1700 personas se enfrentaron a cargos por actividades políticas en 2024.
Las condiciones de las prisiones son muy duras. Las personas pueden ser obligadas a realizar trabajos forzados, mantenidas en régimen de aislamiento, enviadas a celdas de castigo heladas, privadas de acceso a sus familias y privadas de atención médica.
El día de las elecciones, el estilo dictatorial de Lukashenko quedó al descubierto.
Celebró una conferencia de prensa en la que prometió «ocuparse» de los activistas de la oposición en el exilio y dijo que estaban poniendo en peligro a sus familias en Bielorrusia, añadiendo que algunos opositores «eligieron»» ir a la cárcel. Tampoco descartó la posibilidad de presentarse a un octavo mandato en 2030.
Es hora de cambiar
Lukashenko promete más de lo mismo: continuar con la autocracia y el espacio cívico cerrado. Para generaciones de bielorrusos que no han conocido otra cosa que su gobierno, y con las voces de la oposición tan despiadadamente reprimidas, puede ser difícil imaginar otra cosa. Las posibilidades que se abrieron en 2020 han sido despiadadamente cerradas.
Pero las ruedas de la historia seguirán girando, y el dictador de 70 años no durará para siempre. Es muy posible que este año se produzca algún tipo de cese de las hostilidades en Ucrania, lo que obligará a Lukashenko a hacer amigos más allá de Vladimir Putin.
Si Rusia reduce su boyante economía de guerra, la consiguiente conmoción económica en Bielorrusia, que depende en gran medida de Rusia, podría desencadenar la ira pública.
Mientras tanto, la Corte Penal Internacional podría aumentar el escrutinio: en septiembre de 2024, el gobierno de Lituania solicitó que se investigaran los crímenes contra la humanidad presuntamente cometidos por las autoridades bielorrusas. Si esta medida cobra impulso, Lukashenko podría verse en un incómodo centro de atención.
Los Estados también podrían intensificar las sanciones: Canadá y el Reino Unido lo han hecho ya tras las elecciones.
Si Bielorrusia intenta volver a entablar relaciones con ellos, los estados democráticos deberían insistir en que no es posible un deshielo en las relaciones sin un progreso tangible en materia de derechos humanos.
Esto debería comenzar con la liberación de todos los presos políticos, garantías para la seguridad de los activistas exiliados y una reversión de los ataques al espacio cívico.
Andrew Firmin es redactor jefe de Civicus, codirector y redactor de Civicus Lens y coautor del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
T: MF / ED: EG
