GINEBRA – Expertos de las Naciones Unidas y del sistema interamericano de derechos humanos criticaron el creciente uso de la desaparición forzada contra activistas en Venezuela, e instaron al gobierno a reconocer su paradero y evitar daños a su vida e integridad personal, en una declaración este viernes 28.
“El aumento del uso de la desaparición forzada como arma para silenciar a los miembros de la oposición, a los percibidos como tales, a los activistas pro democracia y a los defensores de los derechos humanos, tiene como objetivo un efecto amedrentador en la sociedad en su conjunto”, dijeron los expertos.
Destacaron que han recibido reiteradas denuncias de familiares, abogados y organizaciones de la sociedad civil que buscan conocer la suerte y el paradero de sus seres queridos y clientes, y de que las denuncias y recursos de habeas corpus no están siendo procesados y en ocasiones ni siquiera aceptados.
“Ante instituciones nacionales sesgadas y disfuncionales, las víctimas recurren cada vez más a mecanismos internacionales para descubrir la verdad sobre el destino y el paradero de sus seres queridos, evitar cualquier daño irreparable a su vida e integridad personal y buscar reparación”, indicaron los expertos.
Los expertos integran el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, que preside la jurista italiana Gabriella Citroni y actúa por mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
Su declaración indica que las detenciones seguidas de desaparición forzada se han registrado “en el contexto de las elecciones presidenciales de julio de 2024, y durante y después de la investidura presidencial en enero de 2025”.
El 28 de julio del año pasado se realizó la elección presidencial en Venezuela para el período 2025-2031, y el poder electoral proclamó vencedor a Nicolás Maduro, quien gobierna desde 2013, con 53 % de los votos, frente a 43 % del abanderado de una coalición opositora, Edmundo González.
La autoridad electoral nunca publicó los resultados desagregados por regiones, municipios y centros de voto, como era usual en anteriores consultas electorales.
La oposición, divulgando actas de escrutinio en casi 90 % de las 30 000 mesas de voto, ha sostenido que el vencedor fue González, con 67 % de los sufragios frente a solo 30 % del actual gobernante.
El anuncio de los resultados oficiales desató protestas, rápida y duramente reprimidas con saldo de 27 muertes, decenas de heridos y más de 2000 detenidos. Varios gobiernos de América y Europa, así como misiones de la ONU y del estadounidense Centro Carter, consideran que González fue el claro ganador de la elección.
En los meses siguientes mermaron las protestas, centenares de detenidos inicialmente acusados de terrorismo fueron excarcelados con condiciones, y en su lugar aparecieron las detenciones selectivas de dirigentes y activistas políticos y de derechos humanos.
Entre los liberados, hace un mes, figuran seis ciudadanos estadounidenses que fueron directamente de la cárcel a un avión que los llevó a su país, tras una visita relámpago a Maduro de un diplomático enviado por Washington, Richard Grenell.
El pasado 10 de enero Maduro se juramentó de nuevo como presidente, continuó la detención de opositores, de activistas civiles y de periodistas, y se registran pequeñas demostraciones en reclamo de liberad para los detenidos por razones políticas.
La organización venezolana de derechos humanos Foro Penal indicó que, al 24 de febrero, había en el país 1060 presos políticos, entre ellos 165 militares, 121 mujeres y cuatro adolescentes.
Los expertos de la ONU y la Cidh dijeron que el clima de amedrentamiento a la sociedad “se ve alimentado por la impunidad generalizada y la justicia selectiva” que impera en Venezuela.
Señalaron que las denuncias presentadas, desde el proceso preelectoral, “describen el uso sistemático de las llamadas desapariciones forzadas de corta duración”, las cuales “siguen teniendo lugar en el país”.
“Las autoridades estatales que detienen a personas y se niegan a reconocer que están bajo custodia o a revelar su suerte o paradero las colocan fuera de la protección de la ley”, apuntaron los expertos.
Afirmaron de seguidas que “esos actos constituyen una desaparición forzada, independientemente de la duración de la detención o la ocultación”, subrayaron.
Las denuncias recibidas revelan un patrón generalizado o sistemático de desaparición forzada, en cuya comisión u ocultamiento participarían varias autoridades venezolanas, incluidas las más altas autoridades del gobierno, dijeron los expertos.
Señalaron además al Servicio Bolivariano de Inteligencia, a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, a la Guardia y Policía nacionales, a la Brigada de Infantería Paracaidista, al poder judicial, la Defensoría del Pueblo y a la fiscalía general de la República.
Instaron al gobierno de Venezuela a cumplir con las medidas cautelares otorgadas por la Cidh, responder a las solicitudes del Grupo de Trabajo de la ONU de conformidad con su mandato humanitario, y proporcionar información sobre la suerte y el paradero de las personas actualmente desaparecidas forzosamente por el Estado.
Agregaron que se debe sancionar, prevenir y erradicar ese crimen como una grave violación de los derechos humanos bajo el derecho internacional.
A las personas detenidas “se les debe garantizar el disfrute de todas las salvaguardias jurídicas fundamentales”, dijeron los expertos, “incluido el derecho a comunicarse y recibir la visita de sus familiares, abogados o cualquier otra persona de su elección”.
“Si la persona privada de libertad es extranjera, tiene derecho a comunicarse con sus autoridades consulares”, precisaron, y todas tienen igualmente derecho “a ser llevados ante una autoridad judicial competente, dentro del plazo legal, para determinar la legalidad de su detención”.
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