GINEBRA – Paraguay es responsable de graves violaciones de derechos humanos en relación con el asesinato de dos niñas de 11 años durante una operación de su Fuerza de Tarea Conjunta contra el grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo, determinó el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
El Comité publicó este miércoles 22 su informe, tras llevar a cabo una investigación confidencial sobre las muertes de Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, ejecutadas por la Fuerza de Tarea Conjunta del Estado en septiembre de 2020.
El organismo, integrado por 18 expertos, supervisa la Convención de los Derechos del Niño de 1990, y procesó una denuncia sobre los homicidios ilegítimos y alegaciones de que Paraguay adoptó diversas medidas para encubrir el incidente.
“Los homicidios de las dos niñas de 11 años constituyeron una grave violación del derecho a la vida, especialmente teniendo en cuenta la participación directa de la Fuerza de Tarea Conjunta del Estado”, afirmó el Comité.
Agregó que “esta violación se agrava aún más por el hecho de que Paraguay no llevó a cabo una investigación exhaustiva, lo que sugiere una grave negligencia o un encubrimiento intencionado de detalles importantes”.
Según la información recibida por el Comité, las dos jóvenes fueron asesinadas en Yby Yaú, Departamento de Concepción, centro-norte del país fronterizo con Brasil, a principios de septiembre de 2020.
Los dos cuerpos fueron enterrados apresuradamente, y las autoridades afirmaron inicialmente que tenían 15 y 18 años.
La justicia paraguaya exigió la exhumación de los cadáveres tres días después, y la autopsia confirmó que las niñas eran efectivamente mucho más jóvenes, sólo tenían 11 años.
En la autopsia también se encontraron heridas de bala en la parte delantera y trasera de los cuerpos, pero los forenses no pudieron establecer la distancia a la que se habían disparado las balas porque la ropa de las niñas estaba destrozada.
El Comité inició una investigación con arreglo al artículo 13 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones y nombró a dos investigadores de entre los miembros del Comité.
Entrevistaron a 32 personas, incluidos testigos y funcionarios del Estado Parte, como el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, el jefe del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional y jefes de las direcciones de derechos humanos de varios ministerios.
“Las pruebas demuestran que el Estado Parte no cumplió con su obligación de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la vida de las dos niñas,” dijo el Comité.
El Estado paraguayo “es especialmente responsable de la privación arbitraria de la vida de las jóvenes víctimas y de no haber llevado a cabo una investigación adecuada, lo que deja lagunas críticas en la comprensión de la causa, la forma y las circunstancias de la muerte de las niñas,” declaró el Comité.
Sin embargo, el Comité señaló que no había pruebas suficientes para determinar si estas violaciones eran sistemáticas de los derechos contemplados en la Convención.
La Convención es un tratado internacional de las Naciones Unidas que contiene 54 artículos con los cuales se consagra el derecho a la protección por parte de la sociedad y el Estado para niños y niñas. Todos los países latinoamericanos lo han adoptado.
El Comité pidió a Paraguay que adoptara las medidas adecuadas para concluir la investigación de la muerte de las dos niñas, incluida la posibilidad de contar con la asistencia de una misión internacional de expertos.
También solicitó al Estado parte que reforzara la infraestructura de su marco jurídico y normativo en relación con sus agentes del orden.
En respuesta al Comité, Paraguay expresó su profundo pesar por la pérdida de dos vidas. Sin embargo, rebatió las conclusiones sobre acciones arbitrarias del Estado, citando pruebas de legítima defensa proporcional por parte de las fuerzas de seguridad e investigaciones en curso.
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