BAKÚ – Bryan Bixcul es un joven indígena guatemalteco de 32 años, que vive en la comunidad Maya-Tz’utujil, en el occidente de su país. Hizo un largo viaje hasta la capital de Azerbaiyán, para reclamar en la COP29 que la acción climática no beneficie únicamente a los países industriales y resulte perjudicial para el Sur global.
“Si reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, a través del paso de los combustibles fósiles a las energías renovables, es la única preocupación, esto no puede terminar bien. También hay que poner la lupa en el alto consumo de los países ricos”, dice Bryan a IPS.
Bryan, que es economista, habita en el pueblo de San Pedro La Laguna, en el departamento de Sololá, donde su comunidad vive de la pesca en el lago Atitlán, de la agricultura y del turismo.
Es el representante en la 29 Conferencia de las Partes (COP29) sobre cambio climático de las Naciones Unidas, de la Coalición Asegurando los Derechos de los Pueblos Indígenas en la Economía Verde, una organización mundial que busca que los derechos de las comunidades originarias sean respetados en la transición que está en marcha para combatir el cambio climático.
La mirada sobre los minerales críticos
La preocupación de los pueblos indígenas es que esa transición se haga de manera justa y, en ese sentido, uno de los protagonistas de la COP29, que se prolongará hasta el sábado 23 en Bakú, ha sido la cuestión de los minerales críticos, que en gran medida están en los territorios del Sur y cuya demanda es creciente y puede volverse explosiva.
Minerales como el litio, el cobre, el níquel, el cobalto y las tierras raras, de los que América Latina y África son los grandes depositarios, son esenciales para la transición energética ya que se utilizan para las baterías de los automóviles eléctricos y también para turbinas eólicas y paneles solares.
“Trabajamos con comunidades impactadas por la extracción de minerales en todo el mundo. La escala de los procesos industriales es cada vez más grande”, afirma Bryan en la Zona Azul, aquella que concentra a la sociedad civil del mundo, separada de la Zona Verde, donde negocian los esquivos acuerdos los delegados gubernamentales.
“Las empresas tienen una narrativa peligrosa. Sostenemos que hacer proyectos extractivos o de energía renovables sin el consentimiento de las comunidades que habitan los territorios es colonialismo vestido de economía verde”: Bryan Bixcul.
“En el salar de Atacama en Chile, la extracción de litio consume cantidades enormes de agua en un ecosistema desértico. En Guatemala, la extracción de litio contamina con metales pesados lagos de comunidades que viven de la pesca. Y en Estados Unidos se pretende hacer minería en la tierra donde están enterrados los ancestros de integrantes de una comunidad”, agrega.
Bryan sostiene que es perverso que las grandes compañías extractivas justifiquen los impactos ambientales actuales con la promesa de un futuro verde.
“Las empresas tienen una narrativa peligrosa. Sostenemos que hacer proyectos extractivos o de energía renovables sin el consentimiento de las comunidades que habitan los territorios es colonialismo vestido de economía verde”, sostiene.
América Latina, ausente
La COP29 no tuvo gran presencia latinoamericana. Ningún presidente de la región llegó hasta Bakú, cuando la cumbre comenzó el día 11, y solo participaron algunos ministros de Ambiente, como la de Brasil, Marina Silva, la de Colombia, Susana Muhamad, el de Costa Rica, Franz Tattenbach, y el de Uruguay, Robert Bouvier.
Y el gran papelón en la cumbre lo hizo Argentina, que ya iniciada la conferencia anual retiró su delegación, por orden del presidente ultraderechista Javier Milei, quien es un negacionista radical del cambio climático y sostiene que es un invento de la izquierda.
Sí participaron varios gobernantes de pequeños estados insulares del Caribe, que están entre los más vulnerables del mundo al cambio climático. En Bakú estuvieron presentes Mia Mottley, de Barbados; Gaston Alphonso Browne, de Antigua y Barbuda; Dickon Mitchell, de Granada; y Philip Davis, de Bahamas.
Las intervenciones de los delegados gubernamentales de América Latina y el Caribe estuvieron orientadas prácticamente a una sola cuestión: que los países industrializados, como responsables del recalentamiento planetario, se hagan cargo plenamente de sus compromisos de financiación a la acción climática en el Sur global.
La esperanza, de todas maneras, parece estar perdiéndose a medida que pasan los años.
“¿Para qué volvemos a estos foros año tras año con los mismos llamados, solo para escuchar promesas que luego no se cumplen? ¿Por qué todavía estamos hablando en vez de actuar? Nuestros pueblos están perdiendo la paciencia. Estamos exhaustos por la inacción”, dijo Mitchel, el primer ministro de Granada.
Para los representantes de la sociedad civil de la región presentes en el la Zona Azul del Estadio Olímpico de Bakú, sede de la cumbre, la cuestión de la transición justa y, en particular, de los minerales críticos, fue una de las más importantes.
Según Naciones Unidas, su demanda mundial va a triplicarse para 2030 debido al progresivo reemplazo de los combustibles fósiles con energías limpias que está en marcha.
El propio secretario general de la ONU, António Guterres, reconoció en Bakú que el aumento de la demanda de los minerales críticos solo va a tener un impacto positivo en los países en desarrollo -creación de empleos y diversificación de las economías- si son manejados apropiadamente.
Guterres presentó en la capital azerí un informe que contiene una serie de principios que buscan asegurar que los países y las comunidades locales que poseen estos minerales se beneficien económicamente e incluyan valor local, al mismo tiempo que se protegen los derechos sociales y ambientales de esas comunidades.
«Nos preocupa que haya una desconexión entre la transición energética de los países desarrollados y los territorios que les proveen minerales críticos”, dijo a IPS Camila Mercure, especialista en Cambio Climático de la argentina Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
“Las comunidades de mi país donde se extrae litio para las baterías dependen de los combustibles fósiles para tener electricidad. Eso no puede seguir pasando. La transición energética que propone el combate al cambio climático solo puede tener éxito si es justa”, advirtió.
Sindicalistas latinoamericanos en Bakú
La transición justa también es un concepto que preocupa a los trabajadores y por eso sindicalistas latinoamericanos han estado en Bakú, con la misión de incidir para que los trabajadores perjudicados por las transformaciones de la economía que ya están en marcha no resulten perjudicados.
“En esta COP que se discute financiamiento para la mitigación y la adaptación en los países en desarrollo, buscamos que también haya fondos específicos para los transición laboral”, dijo a IPS Sol Klas, del argentino Frente Sindical de Acción Climática.
En la COP28, celebrada hace un año en Dubái, se aprobó el Programa de Trabajo de Transición Justa, que entre otras cuestiones incluye la necesidad de crear trabajo decente y de calidad de acuerdo a las prioridades definidas en cada país, a través del diálogo comunitario, la protección social y el reconocimiento de los derechos laborales.
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“Algunos trabajos van a seguir de otra manera y otros van a desaparecer, por lo que muchos trabajadores se van a tener que reconvertir, como ha sucedido en Alemania y en España con la industria del carbón, debido a la salida de los combustibles fósiles”, dijo a IPS Gerardo Juara, sindicalista argentino de Ceamse, la empresa estatal que recoge la basura en Buenos Aires.
Fernando Vivaldo, de la Central Unida de Trabajadores de Brasil, dijo a IPS: “No es mucho lo que se ha podido avanzar en Bakú. Pero confiamos en que el financiamiento de la transición justa en el ámbito laboral se apruebe el año que viene, en la COP30 de Brasil”.
La ciudad brasileña de Belem do Pará, en plena Amazonia, acogerá la próxima cumbre climática, después que la región hospedó ya la COP4 y la COP10 (Buenos Aires, 1998 y 2004), la COP16 (Cancún, México, 2010) y la COP20 (Lima, 2014). La COP25 debió celebrarse en Santiago de Chile en 2019, pero debió trasladar su sede a Madrid, por la insurrección social aquel año en el país.
ED: EG
