BARRANQUILLA, Colombia – “Uno va aprendiendo a retazos”, comenta Landy Méndez Amarís sobre su experiencia instalando paneles solares en las viviendas de la comunidad colombiana Nuevo Caño Clarín. A su lado, mientras comparten un café recién hecho en un fogón de leña, Josefa Tomas y José María Rojano, habitantes de la región, asienten, confirmando sus palabras.
Esta comunidad de 500 familias, ubicada a lo largo de la vía que conecta Barranquilla con Santa Marta, en la costa norte de Colombia, forma parte de 43 % de los municipios del país que experimentan la pobreza energética, término que define a quienes sobreviven con menos energía de la que necesitan “para acceder a recursos esenciales que permitan mantener un nivel de confort y bienestar”, dice el investigador de la Universidad del Norte David García.
Caño Nuevo Clarín se extiende atravesando la vía parque Isla Salamanca,uno de los humedales más importantes del país y un área protegida por Colombia bajo el convenio Ramsar desde 1988. Debido a su estado de área protegida, Parques Nacionales Naturales de Colombia ha prohibido conectar a los habitantes de Caño Clarín al sistema nacional de energía.
Así, la comunidad, casi todos desplazados por el conflicto armado colombiano, se ve forzada a autofinanciar sus sistemas eléctricos. La inversión realizada por cada parcela varía entre el equivalente de 350 a 466 dólares, lo que representa un gran sacrificio para estas familias, quienes sobreviven con menos de 340 dólares al mes.
Según relatan sus habitantes, solo 5 % ha logrado reunir el dinero necesario para la inversión, que consiste en dos paneles solares de 150 vatios (W), una batería de 100 amperios hora, un inversor de 600W y un controlador de 30 amperios, como lo relata Méndez.
La tarifa de energía en el Caribe colombiano es más elevada debido a varios factores, dice el ingeniero Carlos Cárdenas Guerra, presidente seccional para el Atlántico de la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem). El calor extremo incrementa el consumo energético, lo que sobrecarga una infraestructura ya deficiente.
Esta mayor demanda, combinada con una oferta limitada, infla los precios. Además, la región depende principalmente de termoeléctricas, cuya producción es más costosa en comparación con las hidroeléctricas.
Las pérdidas por fallas técnicas y robos de energía agravan la situación, ya que los usuarios deben asumir esos costos. A esto se suman las deudas acumuladas durante la pandemia, generando un ciclo de altos precios que persiste, explica Cárdenas.
Como consecuencia, la región experimenta constantes cortes de energía, que dificultan la refrigeración de alimentos y medicamentos, y la exposición a temperaturas extremas sin ventilación adecuada, lo que afecta la salud y el rendimiento escolar, dice el investigador García.
Para los habitantes de Caño Clarín, las consecuencias de la pobreza energética son variadas.
“No podemos almacenar ni refrigerar alimentos, no podemos usar un ventilador y, por la noche, ni siquiera podemos ver quién llega”, dice Méndez. Además, menciona que, en medio del intenso calor, “no se puede disfrutar de un simple jugo frío”.
La región enfrenta conflictos como el narcotráfico y la explotación ilegal de recursos, lo que agrava la vulnerabilidad de las comunidades cuando cae la noche. Tomas añade que, cuando los envuelve la oscuridad, “la inseguridad también aumenta, nos han robado en la noche en tres ocasiones”.
La apuesta central del gobierno de Petro para atacar la pobreza energética y promover la transición energética son las comunidades energéticas.
Estos proyectos, liderados por el Ministerio de Minas y Energía, consisten en la asociación de un grupo de personas que se unen para producir y usar energía de manera más eficiente y sostenible. Estas comunidades generan su propia energía a partir de fuentes renovables, como la solar o la eólica, y pueden compartir esa energía entre sus miembros.
Las comunidades pueden inscribir proyectos de hasta 5 megavatios, sin un límite mínimo de casas.
Hasta ahora, se han formulado 30 proyectos financiados por diversas entidades, evaluando la ubicación de las viviendas y la tecnología utilizada, explica Maximiliano Bueno, asesor general de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme).
A la fecha, el ministerio ha recibido 20 000 postulaciones con el objetivo de implementar 1000 proyectos. Sin embargo, esta convocatoria está cerrada porque no se cuenta con los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para responder a todos los proyectos.
El funcionario explica que, en este contexto, la comunidad de Caño Nuevo Clarín podría acercarse a la Upme o al Ministerio de Minas y Energía para revisar si hay recursos disponibles para apoyarlos a través de regalías municipales.
La falta de apoyo por parte del Estado es frustrante para la comunidad, dice Albeiro Enrique Guzmán Morelos, presidente de la Junta de Acción Comunal de Caño Nuevo Clarín. “Cada cuatro años las administraciones se aprovechan de nosotros con promesas de llevarnos electricidad, solo para conseguir nuestros votos”, dice.
Además, menciona que la oposición de Parques Nacionales a la expansión de redes eléctricas en la zona debido al riesgo de sobrepoblación y al impacto ambiental que esto podría causar, los hace sentir excluidos por el Estado.