WASHINGTON – Centenares de niños, si no miles, empujados por el hambre y la pobreza, se han unido a grupos criminales en Haití, donde sufren abusos y son forzados a realizar actividades ilegales, señaló en un informe divulgado este miércoles 9 la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW).
Nathalye Cotrino, investigadora de la división de Crisis, Conflictos y Armas de HRW, dijo que “con escasas posibilidades para sobrevivir, muchos niños y niñas en Haití son atraídos por los grupos criminales, donde se involucran en actividades ilegales y se enfrentan a graves riesgos”.
“Para frenar la violencia, el gobierno de transición debería centrarse en mejorar las condiciones de vida de los menores, proporcionándoles protección, acceso a bienes y servicios esenciales, y oportunidades legales para su rehabilitación y reintegración”, agregó la investigadora.
Haití está dirigido desde mediados de este año por un gobierno de transición con una presidencia colegiada y un gabinete a cargo de un primer ministro interino, Garry Conille, exdirector para América Latina y el Caribe en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
En los primeros nueve meses de 2024 el país registró al menos 3660 asesinatos y la huida de sus hogares de unas 700 000 personas, producto de la violencia criminal protagonizada por decenas de pandillas, que controlan gran parte de Puerto Príncipe y los departamentos al norte y suroeste de esa capital.
Entre los asesinatos se registró el de 78 niños y 27 niñas entre enero y mediados de septiembre, y se estima que al menos 300 000 desplazados son menores de edad.
Una fuerza policial internacional, Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (Mmas), que debe respaldar a la policía haitiana en su lucha contra las bandas, ya desembarcó en Haití 400 efectivos procedentes de Kenia, y espera completar 2500 con contingentes que aportarán otros países, africanos y caribeños.
HRW investigó que los grupos criminales han incrementado el reclutamiento de menores, como respuesta a las operaciones de Policía Nacional de Haití y a la formación de la Mmas.
Durante una visita a Puerto Príncipe en julio de 2024, HRW entrevistó a 58 personas, incluyendo menores de edad vinculados con grupos criminales, trabajadores humanitarios y de derechos humanos, diplomáticos, representantes de la sociedad civil haitiana y de agencias de la ONU.
Las investigadoras también se reunieron con Conille, los ministros de Justicia y Asuntos Exteriores, el presidente del Consejo Presidencial Transicional, el director de la policía y el comandante de la Mmas.
Su informe señala que los grupos criminales controlan casi 80 % de Puerto Príncipe y su área metropolitana, se están expandiendo a otras áreas y, con base en datos de Unicef, calcula que alrededor de 2,7 millones de personas, entre ellas medio millón de niños, niñas y adolescentes, viven bajo su control.
“Aunque no hay cifras oficiales disponibles, organizaciones humanitarias y de derechos humanos y funcionarios del gobierno estiman que al menos 30 % de los miembros de los grupos criminales son menores de edad”, dice el informe.
Los niños participan en actividades criminales que van desde la extorsión y el saqueo hasta graves actos de violencia como asesinatos y secuestros.
Menores de edad vinculados con grupos criminales dijeron a HRW que el hambre es el principal factor que los obliga a unirse a bandas o lleva a sus familias a permitirlo. Esos grupos son, a menudo, su única fuente de alimento, refugio e ingresos.
Un joven de 16 años de Puerto Príncipe dijo que cuando tenía 14 se unió al grupo Village de Dieu. “Antes de unirme, vivía con mi madre. Era muy difícil conseguir comida y ropa, en casa no había, pero cuando estaba con el grupo podía comer”.
Las niñas forzadas a unirse a grupos criminales están particularmente en riesgo de sufrir violencia sexual.
“Gabriel, el líder de la pandilla de Brooklyn –en Cité Soleil, gran barriada pobre de Puerto Príncipe- pide a los miembros de su grupo que le traigan una joven virgen cada mes. Si el jefe hace esto, no hay forma de impedir que otros hagan lo mismo”, dijo a HRW un trabajador humanitario.
En el grupo criminal Tibwa, un joven de 16 años contó que a las niñas y adolescentes “las violan, no sólo el jefe, todos, quien quiera, puede violarlas. Están en el grupo para servirles con sexo y para cocinar y lavar la ropa”.
En las zonas controladas por las bandas las familias pueden ser obligadas a entregar a las bandas al menos una de sus hijas, a cambio de “protección”.
Las tareas de los niños comprenden además vigilancia, comunicaciones, porte y recarga de armas y municiones, y servicios personales a los jefes de las bandas.
Los niños también se enfrentan a la violencia de la policía y de grupos criminales rivales, así como de los llamados grupos de autodefensa. La Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití documentó casos de ejecuciones sumarias y linchamientos de menores entre enero y junio.
Los menores de edad entrevistados por HRW dijeron que querían abandonar los grupos criminales. “Quiero dejar la calle y no estar más en bandas, continuar en la escuela y volver con mi familia”, dijo un joven en Carrefour, otra barriada capitalina.
Sin embargo, se da el caso de que sus familias y vecinos a menudo rechazan y estigmatizan a los menores que regresan, dijeron trabajadores de derechos humanos.
HRW aprecia que el Gobierno está decidido a abordar el reto, pero carece de una estrategia global y necesita más recursos para garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes reciban protección, incluyendo acceso a educación, vías legales para salir de los grupos criminales y acceso a la justicia.
La crisis que atraviesa el país más pobre del hemisferio, con 11,5 millones de habitantes en menos de 28 000 kilómetros cuadrados, ha colocado a 4,5 millones de personas como necesitadas de asistencia humanitaria urgente.
HRW recomienda una “estrategia integral” ante la crisis que incluya movilizar fondos internacionales adicionales para apoyar los esfuerzos de protección de la infancia, y reforzar la Comisión Nacional de Desmovilización y Reintegración.
Asimismo, mejorar las capacidades de la Policía Nacional de Haití y de la Mmas para dar prioridad a la protección de la infancia, reforzar el sistema educativo –para reabrir el millar de escuelas cerradas por la inseguridad- y los de salud y justicia.
En particular, garantizar que los menores de edad que han sido víctimas tengan servicios adecuados en los centros donde puedan estar detenidos, y que puedan acceder a justicia y a reparaciones por los daños sufridos en la espiran de violencia en la que se han visto envueltos.
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