SAN SALVADOR – América Central aún tiene mucho por hacer para atajar la trata de personas, dada la falta de compromiso de los Estados para investigar a cabalidad los casos, así como la corrupción en instituciones gubernamentales, que minan los esfuerzos de las sociedades en su conjunto para frenar el fenómeno.
A esa conclusión llegan analistas y reportes internacionales que monitorean los pocos avances que dan los Estados en esa materia, así como los grandes retos que aún deben superar.
La región centroamericana es propensa a este tipo de criminalidad, sobre todo por ser generadora y tránsito de migrantes irregulares en su ruta hacia los Estados Unidos. Esos migrantes, sobre todo mujeres, niños y niñas, están entre los grupos más vulnerables a ser víctima de las redes de trata.
“Trabajamos el tema de migración al tránsito y migrantes deportados, y en toda esta migración al tránsito se sabe que hay una red de trata internacional que está operando y por lo que se escucha no es fácil desarticularla”, explicó a IPS, desde la ciudad hondureña de San Pedro Sula, Mercedes Pérez, activista de la Comisión de Acción Social Menonita, que trabaja en la defensa de la población migrante en Honduras.
“No puede desprenderse lo que está a la base de estos delitos: la misoginia, la explotación del cuerpo de las mujeres, también como objeto de mercancía”: Vilma Vaquerano.
El llamado Triángulo del Norte de América Central, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador, han mostrado históricamente altos niveles de violencia y de actividades relacionadas con el crimen organizado, además de la fuerte presencia de pandillas, que se han dedicado también a la trata de personas.
Las Naciones Unidas define la trata de personas como «la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras fuerzas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o a una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación».
Explotación sexual a la cabeza
Eso incluye explotación sexual, trabajos o servicios forzados en condiciones infrahumanas y sin remuneración, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.
En esa “compraventa de seres humanos”, como llama la ONU a la trata, puede ser transfronteriza o en los límites internos de un país, a diferencia del delito del tráfico de personas migrantes, que siempre es transnacional.
“Al final en la trata puede haber diferentes tipos de agresores pero siempre son estructuras que de alguna manera tienen conexión entre países o dentro de los países, es otro tipo de agente delincuencial que los Estados están enfrentando”, señaló a IPS Vilma Vaquerano, coordinadora del Observatorio de Violencia, de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa).
Vaquerano acotó que las víctimas de trata son sobre todo niñas, adolescentes y mujeres jóvenes debido a que los delitos más comunes vinculados a la trata son la explotación sexual o explotación laboral.
“No puede desprenderse lo que está a la base de estos delitos: la misoginia, la explotación del cuerpo de las mujeres, también como objeto de mercancía”, apuntó Vaquerano.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicó en enero de 2023 el Reporte Global sobre Trata de Personas 2022, en el que señala que en América Central y el Caribe las mujeres representaron 25 % de las víctimas, las niñas 58 %, los niños 15 % y los hombres 2 %.
En esta región, la explotación sexual va a la cabeza de las formas de trata, con 71 %, seguido del trabajo forzado, con 21 %; otras formas de trata con otros fines, con 7 % y el tráfico de órganos, con 1 %, detalló el documento.
Agregó que mientras en América del Norte la gran mayoría de los tratantes de la trata procesados y condenados son hombres, en América Central las mujeres representan casi la mitad de las personas procesadas y condenadas por el delito.
Esto sigue el patrón general de una mayor detección de la participación de las mujeres en el negocio de la trata, afirmó el documento.
Un paso para adelante, dos para atrás
En junio de 2024, el Departamento de Estado, de Estados Unidos, publicó su anual informe global sobre el fenómeno de la trata, y sobre las naciones del Triángulo del Norte señaló, en cada uno de los reportes por país, que no cumplen completamente con los estándares mínimos para la eliminación del problema, aunque también reconoció los avances dados.
Se calcula que en todo el mundo hay 27 millones de personas explotadas laboralmente, por servicios de diversa índole o para el comercio sexual, refirió el estudio.
Sobre Honduras, el informe destacó que entre los avances alcanzados está el enjuiciamiento de más presuntos tratantes, la identificación de más víctimas y el aumento del financiamiento otorgado a Comisión Interinstitucional para Combatir la Explotación Sexual Comercial y la Trata de Personas.
Sin embargo, agregó que el gobierno “incumplió los estándares mínimos en varias áreas clave”.
Como ejemplo, el reporte señaló que si bien las autoridades investigaron a más presuntos implicados en redes de trata y enjuiciaron a más tratantes, al final hubo menos condenas: 21, una disminución con respecto a las 36 personas condenadas en 2022.
Además, el gobierno no informó sobre ningún procesamiento o condena de funcionarios por supuesta complicidad en delitos de trata, en un país donde la corrupción y la complicidad oficial en esos delitos siguieron siendo motivo de preocupación, “lo que inhibió la acción de las fuerzas del orden durante el año”.
El reporte también dijo que los funcionarios de justicia penal carecían de conocimientos especializados sobre los delitos de trata y con frecuencia volvían a traumatizar a las víctimas durante los procedimientos penales.
Se han dado pasos positivos, “pero necesitamos avanzar más en las investigaciones, creo que tener una ley ya es bastante, pero tenemos el reto de ver que esa ley se cumpla”, apuntó Pérez, refiriéndose a Ley contra la Trata de Personas, en vigor en Honduras.
Ese país reportó 95 víctimas, incluidas 78 explotadas en la trata sexual y 17 en la trata laboral, según el informe del Departamento de Estado. Esto representó un aumento con respecto a las 53 víctimas identificadas en 2022.
En Honduras, los tratantes de personas explotan a víctimas nacionales y extranjeras en ese país, y también las explotan en el extranjero, acotó.
Además, explotan a mujeres y niños hondureños en la trata sexual dentro del país y en otros países como Belice, El Salvador, Guatemala, México, España y Estados Unidos, señaló el informe.
“Los traficantes se dirigen especialmente a hondureños LGBTI, migrantes y solicitantes de asilo, hondureños indígenas y afrodescendientes, desplazados internos, personas con discapacidad, niños en trabajo infantil, niños cuyos padres han migrado y personas que viven en zonas controladas por grupos delictivos organizados”, destacó el estudio.
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En el caso de Guatemala, las autoridades identificaron a 611 víctimas en los últimos nueve meses de 2023, afirmó el informe. Se trató de 104 adultos y 507 niños, lo cual significó un aumento con respecto a las 318 víctimas localizadas en 2022.
El Salvador, por su parte, identificó a 40 víctimas: 27 explotadas en trata sexual, cuatro en trata laboral y nueve en formas no especificadas.
Sobre este país, el Departamento de Estado señaló como positivo que el gobierno inició más investigaciones, asistió a más víctimas y aumentó la capacitación a los funcionarios de primera línea en la identificación y referencia proactiva de víctimas.
También mejoró el acceso a la justicia para las víctimas de trata que se encuentran fuera de la capital al ampliar el mandato de sus Unidades Especializadas de Atención a Mujeres, Niños y Adolescentes.
No obstante, a diferencia del año pasado, los tribunales no condenaron a ningún traficante.
Además, el gobierno arrestó y detuvo a miles de presuntos miembros de pandillas bajo cargos de asociaciones ilícitas, desmantelando redes criminales que alimentaban la trata sexual y laboral, sin embargo, “las autoridades arrestaron y detuvieron a niños afiliados a pandillas sin evaluar posibles indicadores de trata”, refirió el reporte.
En efecto, desde marzo de 2022, el gobierno de Nayib Bukele inició una política de mano dura contra las pandillas salvadoreñas con apoyo de un prolongado régimen de excepción, que si bien logró desarticularlas y ahora las personas respiran un ambiente de mayor seguridad, también se han cometido graves violaciones a los derechos humanos.
Empero, el desbaratamiento de las pandillas, parte activa en la trata de personas, ha aliviado el fenómeno, algo que no pudiera estar sucediendo en Guatemala y Honduras, donde esos grupos delictivos mantienen su presencia.
“Sí, de alguna manera hay una disminución de estos delitos”, debido a la desarticulación de las pandillas, sostuvo Vaquerano, de Ormusa, “pero no se debe de perder de vista que no solamente las pandillas estaban detrás de estos delitos, sino que hay otros agresores”.
Sobre Guatemala, el Departamento de Estado también mencionó algunos pasos positivos dados por las autoridades, pero cuestionó el caso de un oficial condenado que recibió la opción de pagar una multa en lugar de prisión.
Además, los tribunales condenaron a menos traficantes y el gobierno no asignó fondos suficientes para la aplicación de la ley contra la trata o los servicios para las víctimas fuera de la capital. También las víctimas adultas tenían pocas opciones de refugio, entre otros señalamientos.
El reporte sostuvo que la corrupción y la complicidad oficial en los delitos de trata de personas siguieron siendo un motivo de preocupación importante, lo que inhibió la actuación de las fuerzas del orden durante el año.
Este problema, añadió, fue especialmente agudo en las zonas fronterizas donde la presencia del gobierno y el estado de derecho eran débiles.
ED: EG
