TEGUCIGALPA – El gobierno, responsables de las Naciones Unidas y los obispos católicos de Honduras repudiaron el crimen cometido contra el ambientalista Juan López, asesinado a balazos la noche del 14 de septiembre en la norteña ciudad de Tocoa, 250 kilómetros al noreste de esta capital.
“Exijo la mayor capacidad y atención a nuestras autoridades para que de manera inmediata se aclare el terrible crimen del dirigente y líder ambientalista Juan López”, dijo la presidenta Xiomara Castro en un mensaje transmitido en cadena de radio y televisión.
López, de 46 años, líder comunitario y religioso, murió baleado por pistoleros motoristas al concluir sus labores en la parroquia San Isidro Labrador de Tocoa, en donde además era concejal del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre).
Se le reconocía por su labor en la defensa de las cuencas de los ríos Guapinol y San Pedro, afluentes del Aguán -que atraviesa el país-, y del parque nacional Botaderos, lo que le llevó a enfrentar a la minera Los Pinares, parte del conglomerado empresarial Emco, que actúa en varios países de América Central.
López combatió la amputación de 200 hectáreas del parque Botaderos que dispuso en 2013 el parlamento hondureño para posibilitar la explotación de óxido de hierro, con operaciones cuyos residuos afectaron las aguas de los ríos en la zona.
Las minas “drenan sus ácidos y óxidos hacia el río San Pedro, que toma un color achocolatado y la gente comprende que no puede tomar esa agua, ni bañarse o lavar allí su ropa”, dijo en entrevistas a la televisión la abogada ambientalista Rita Romero.
López coordinaba el Comité Municipal de Bienes Comunes del municipio Tocoa, opuesto a la mina de hierro, y durante varios años fue blanco de amenazas y acechanzas a su seguridad, las que se incrementaron después de que en mayo el Gobierno emitió un decreto de protección y recuperación del parque Botaderos.
Hace un año, López y otros 36 defensores de derechos humanos y ambientales recibieron medidas cautelares de protección de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), y también era beneficiario del Sistema Nacional de Protección dispuesto para individualidades en riesgo por su gestión pública.
Su asesinato se produjo dos días después de que exigiese la renuncia “por sus vinculaciones con el narcotráfico” del alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, también militante del partido Libre.
Fúnez, de 74 años, aparece en un video divulgado el 3 de septiembre por la oenegé estadounidense InSight Crime, que muestra a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Castro y hermano del exmandatario Manuel Zelaya (2006-2009), en una reunión con narcotraficantes negociando un soborno para el partido Libre.
“Este es un crimen político», afirmó en una misa ante el féretro de López el sacerdote Ismael Moreno, jefe en Honduras de la orden católica Compañía de Jesús, de uno de cuyos consejos asesores era miembro el activista asesinado.
La conferencia de obispos católicos de Honduras deploró el asesinato de López, expresó condolencias a su familia -deja viuda y dos hijos- y pidió una investigación para que se haga justicia ante este crimen.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) responsabilizó al Gobierno de Castro “por no garantizar la vida de Juan, quien contaba con medidas cautelares de la Cidh”.
El Copinh fue fundado en 1993 por la ambientalista Berta Cáceres, también asesinada a tiros en marzo de 2016 en La Esperanza, en el occidente de Honduras.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Honduras (Oacnudh) condenó el crimen de López en una declaración, y destacó que se produjo “a pesar de todas las alertas emitidas por organismos nacionales e internacionales sobre el riesgo que enfrentaba y de ser beneficiario del Sistema Nacional de Protección”.
Oacnudh “llama al Estado a realizar una investigación pronta e imparcial que permita identificar y sancionar a los responsables, así como a adoptar las medidas urgentes para proteger a su familia y a las personas del Comité de Bienes Públicos y Municipales de Tocoa”, indica la declaración.
En un comunicado, la Secretaría de Seguridad de Honduras anunció la formación de un grupo interdisciplinario que se encargará de la investigación del asesinato de López, liderado por “fiscales especializados”.
Según la organización Global Witness, con sede en Londres, Honduras comparte con México el tercer puesto entre los países de América Latina que registra el mayor de número de asesinatos de defensores ambientales y de la tierra (18 en 2023) después de Colombia (79) y Brasil (25).
A-E/HM
