GINEBRA – El gobierno de Venezuela ha intensificado dramáticamente sus esfuerzos para aplastar toda oposición pacífica, sumiendo al país en “una de las crisis de derechos humanos más graves de la historia reciente”, advirtió este martes 17 una misión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La jurista portuguesa Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, afirmó que “estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado en respuesta a lo que percibe como críticas, oposición o disidencia”.
Las violaciones y crímenes documentados, “incluido el crimen de lesa humanidad de persecución con motivaciones políticas”, no son actos aislados o aleatorios, sino parte de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir la oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro, señaló el informe.
Venezuela efectuó su elección presidencial el 28 de julio y el poder electoral atribuyó la victoria a Maduro como reelegido para un tercer mandato de seis años, pero sin presentar los resultados de los centros de votación, lo que generó manifestaciones de protesta fuertemente reprimidas, más una persecución de opositores desde entonces.
Entidades humanitarias han contabilizado 29 muertes, 200 heridos y cerca de 2000 detenidos, incluyendo a 226 mujeres y más de 120 adolescentes. Entre los presos y perseguidos figuran dirigentes de partidos políticos, alcaldes, responsables de oenegés, abogados y periodistas.
“Aunque esto es una continuación de patrones previos que la misión ya ha caracterizado como crímenes de lesa humanidad, la represión reciente, debido a su intensidad y carácter sistemático, representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano”, dijo Valiñas.
Agregó que esa ofensiva se efectúa “a pesar de múltiples llamados dentro y fuera del país para respetar los derechos humanos”.
Ese respeto ha sido una constante demanda de sectores del país, y de numerosos gobiernos y parlamentos de América y de Europa, organismos internacionales y grupos de opinión, junto con el pedido de que el poder electoral publique los resultados de las 30 026 mesas de voto en la elección del 28 de julio.
Mientras el poder electoral atribuye a Maduro 51,95 % de votos frente a 43,18 % de su principal contendor, Edmundo González, la oposición sostiene que González obtuvo 67 % de sufragios frente a 30 % de Maduro, y en su apoyo publicó actas recabadas por sus testigos en 83,5 % de las mesas.
Esa disparidad ha llevado a gobiernos de América y Europa –con algunas excepciones- a no reconocer a Maduro como presidente electo, y a insistir en la demanda de verificación independiente de los resultados y de contención en la ofensiva sobre la disidencia.
El informe de la Misión, que examina la situación de los derechos humanos en el país entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, indica que “se ha alcanzado un nuevo hito” en el deterioro del estado de derecho tras la elección presidencial.
“Las autoridades públicas han abandonado toda apariencia de independencia y, en la práctica, muchas garantías judiciales han perdido su efectividad, dejando a la ciudadanía indefensa ante el ejercicio arbitrario del poder”, reza el documento.
Recuerda que en el período previo a la elección, de diciembre de 2023 a marzo de 2024, al menos 48 personas fueron detenidas bajo el argumento de lo que el gobierno describió como conspiraciones en su contra, y se emitieron órdenes de arresto para otras personas.
Solo en julio la misión documentó más de 120 personas arrestadas en el contexto de eventos de campaña de la oposición. En la primera semana de protestas tras la elección, según cifras de las propias autoridades, más de 2000 personas fueron detenidas.
Destacó que estos individuos, “incluidos más de un centenar de niños, algunos con discapacidades, fueron acusados de terrorismo e incitación al odio”.
“Estas detenciones implicaron y fueron seguidas por graves violaciones del debido proceso, alcanzando niveles sin precedentes en el país”, agregó el texto.
La experta argentina Patricia Tappatá, integrante de la misión, dijo que “el plan y la política represiva del gobierno se dirigieron a individuos que se atrevieron a criticar al presidente Maduro, cuestionar las políticas gubernamentales o protestar contra los resultados electorales”.
“Se enfocó especialmente en miembros de la oposición política o en aquellos percibidos como opositores por el Gobierno, aunque cualquier persona podría ser víctima”, agregó.
El informe también recuerda que “como adelanto de la ola de represión previa a las elecciones, Maduro y otros altos funcionarios advirtieron sobre la posibilidad de un baño de sangre si no lograban la victoria”.
Otro integrante de la misión, el jurista chileno Francisco Cox, dijo que “las víctimas y gran parte de la población están expuestas al ejercicio arbitrario del poder, donde la detención arbitraria se utiliza sistemáticamente, con graves violaciones del debido proceso”.
La misión reafirmó su conclusión de que el sistema de justicia, liderado por el Tribunal Supremo, “está claramente subordinado a los intereses del Poder Ejecutivo y sirve como un instrumento clave en su plan para reprimir todas las formas de oposición política y social”.
El informe también registró una intensificación del acoso, la criminalización y otras restricciones al trabajo de actores clave de la sociedad civil, incluidas organizaciones de derechos humanos y periodistas.
Considerando todos esos elementos “la misión tiene motivos razonables para creer que el crimen de persecución por motivos políticos ha sido cometido durante el período cubierto por su mandato”, concluyó el informe.
La misión fue establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2019, para evaluar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014, y su mandato anual se ha renovado desde entonces.
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