SAN JOSÉ – Gobiernos de América y Europa rechazaron la orden que emitió Venezuela para detener al candidato presidencial Edmundo González, a quien la oposición de su país reivindica como vencedor en la elección del 28 de julio, en tanto el poder electoral proclamó a Nicolás Maduro como presidente reelecto.
“Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, rechazamos de manera inequívoca y absoluta la orden de arresto (…) en contra del señor Edmundo González”, reza un comunicado conjunto de esos gobiernos tras la orden judicial para detener al abanderado.
En Estados Unidos “nos sumamos a la creciente lista de socios internacionales que condenan esta orden de arresto injustificada”, declaró el subsecretario para asuntos del hemisferio en el Departamento de Estado en Washington, Brian Nichols.
“En lugar de reconocer su derrota electoral y prepararse para una transición pacífica en Venezuela, Maduro ha ordenado ahora el arresto del líder democrático que lo derrotó abrumadoramente en las urnas”, dijo Nichols.
El titular de asuntos exteriores de la Unión Europea, Josep Borell, expresó en la red X su “rechazo categórico” a la orden de detención, y exhortó a las autoridades a que “respeten la libertad, integridad y derechos humanos” de González.
Los ministros de Exteriores de Italia y España, Antonio Tajani y José Manuel Albares, hicieron demandas similares; y el canciller de Chile, Alberto van Klaveren, consideró la orden “un nuevo atentado del régimen venezolano al estado de derecho” y llamó a respetar las libertades “de todas y todos los venezolanos”.
Más de 2000 personas fueron detenidas a raíz de las protestas que siguieron a la proclamación de Maduro como presidente reelecto, el 29 de julio, y en reclamo de que el poder electoral publicase los resultados completos de la elección, según indicaban sus propias normas y lo cual nunca ocurrió.
En la represión de las protestas murieron 25 personas, decenas resultaron heridos, entre los detenidos hubo al menos 114 adolescentes -86 fueron liberados con régimen condicional-, así como dirigentes políticos, abogados que colaboraban con la oposición, activistas de derechos humanos y periodistas.
Maduro acudió al Tribunal Supremo de Justicia para que validase el resultado anunciado por el poder electoral, lo que hizo la Sala Constitucional de esa corte, y la Asamblea Nacional legislativa avanzó en leyes de control de las organizaciones civiles y para castigar las expresiones que se consideren fascistas o neofascistas.
Los poderes nacionales en Venezuela están en manos de la corriente oficialista, el Partido Socialista Unido, y las Fuerzas Armadas han reiterado su total lealtad al presidente Maduro.
El gobernante hizo cambios en su gabinete para reforzarlo con figuras partidarias de “mano dura” contra la oposición, y ordenó remodelar dos prisiones como “cárceles de máxima seguridad” para recluir allí a los manifestantes acusados de terrorismo.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) declaró este martes 3 que en Venezuela “hay un clima de miedo en este momento”, según dijo en Ginebra (Suiza) la portavoz de la entidad, Ravina Shamdasani.
“Se está deteniendo a las personas por manifestar su derecho a la participación política, a la libertad de expresión y a la libertad de asamblea”, expresó Shamdasani.
En Acnudh “instamos al gobierno a garantizar que se tomen todas las medidas de conformidad con las leyes internacionales de derechos humanos, con transparencia, y a que tome provisiones para resolver esta disputa de forma pacífica”, agregó.
En la controversia sobre los resultados y la validez de la proclamada reelección de Maduro –en el poder desde 2013- han tratado de mediar, hasta ahora sin éxito, los presidentes Gustavo Petro de Colombia, Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil y Andrés Manuel López Obrador de México.
Según el poder electoral, Maduro fue elegido con 6,4 millones de votos (51,95 %) frente a 5,3 millones (43,18 %) de González y cifras muy pequeñas para otros aspirantes, mientras que según la oposición González ganó con al menos 7,3 millones de votos (67,08 %) y Maduro obtuvo 3,3 millones (30,46 %).
Las misiones de observación electoral de la Secretaría General de las Naciones Unidas y del estadounidense Centro Carter señalaron numerosas irregularidades en el proceso, negaron validez a las cifras oficiales y opinaron que son consistentes los documentos y resultados ofrecidos por la oposición.
En la región reconocen la victoria de Maduro los gobiernos de Bolivia, Cuba, Honduras, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas.
La Fiscalía General de Venezuela abrió una investigación penal por la publicación de los resultados y actas que hizo la oposición y citó a González para que declarase, pero el abanderado opositor rehusó acudir invocando errores en esa convocatoria.
Un juez de Caracas facultado para conocer casos de terrorismo le dictó entonces una orden de detención por los presuntos delitos de “usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a daños de sistemas (sic) y asociación”.
González, de 75 años, es un diplomático de carrera retirado que permanece “a resguardo”, en una situación de semiclandestinidad, expresándose a través de redes sociales desde hace semanas.
En situación parecida está la más destacada líder de la oposición y conductora de su campaña, María Corina Machado, así como otros dirigentes políticos que han adversado al gobierno del presidente Maduro.
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