GINEBRA – Más de la mitad de la población mundial, 52,4 por ciento, tiene algún tipo de cobertura de protección social, pero en los 20 países más vulnerables al cambio climático 364 millones de personas están completamente desprotegidas, indicó un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Gilbert Houngbo, director general de la OIT, dijo que “muchos de los países que sufren las consecuencias más brutales de esta crisis están particularmente mal preparados para afrontar sus consecuencias ambientales y para los medios de vida”.
Por ello “el imperativo de hacer universal la protección social no es solo ético, sino también práctico: apoyando y protegiendo a los trabajadores en todas partes, podemos ayudar a aliviar los temores sobre la transición, lo que es esencial para movilizar el apoyo popular a una transición sostenible y justa”.
La protección social comprende temas como atención de salud, ingreso mínimo y medios de subsistencia en casos de enfermedad, desempleo, lesión, embarazo o incapacidad laboral por motivos de edad.
La OIT considera que los gobiernos no están aprovechando plenamente el potencial de la protección social para mitigar el impacto del cambio climático, y para ayudar a las personas y a las sociedades a adaptarse a la realidad climáticamente volátil.
Su análisis destaca que los países más vulnerables a los efectos del cambio climático suelen tener los niveles más bajos de protección social.
En 20 países muy vulnerables 91,3 % de la población (364 millones de personas) carecen de protección social, y cuando se amplía el espectro a los 50 países más vulnerables al clima se encuentra que 75 % de la población, 2100 millones de habitantes, está desprotegido.
Las naciones donde la combinación -vulnerabilidad climática y desprotección social- resulta más grave son Haití en el hemisferio americano, un gripo de países africanos al sur del Sahara, algunos Estados insulares del Pacífico y Afganistán.
A nivel mundial, solo 24 % de los niños son beneficiarios de alguna protección familiar efectiva, lo que significa que 1800 millones de menores de 18 años están desprotegidos.
La brecha de género está presente, pues 52,4 % de quienes tienen alguna protección efectiva se discrimina en 54,6 % para los hombres y 50,1 % para las mujeres.
Las tablas de la OIT indican que 36,4 % de las madres de recién nacidos de todo el mundo perciben prestaciones monetarias de maternidad, pero el reto, 85 millones de madres, no acceden a ese beneficio.
Esas prestaciones por enfermedad, accidentes de trabajo o discapacidad laboral alcanzan a menos de 40 % de quienes trabajan en el mundo, y las reciben apenas 16,7 % de las personas que quedan desempleadas.
En el mundo 79,6 % de las personas que superan la edad de jubilación perciben una pensión, pese a lo cual más de 165 millones de personas que superan la edad legal de jubilación no gozan de ningún tipo de pensión.
El gasto público en pensiones y otras prestaciones (excluyendo las de salud) para las personas de edad representa en promedio 7,6 % del producto interno bruto, pero con diferencias regionales sustanciales, que van desde 10,5 % del PIB en Europa y Asia Central hasta 1,7 % en África.
En general los países gastan una media de 12,9 % de su PIB en protección social (excluida la sanidad), pero mientras los países de renta alta gastan un promedio de 16,2 %, los de renta baja sólo destinan 0,8 % a ese fin.
Houngbo subrayó que “la crisis climática no reconoce fronteras, nos afecta a todos y representa la amenaza más grave para la justicia social hoy en día”.
En los países de renta baja (26 según el Banco Mundial, en su mayoría entre los más vulnerables al cambio climático) se necesitan 308 500 millones de dólares adicionales al año, más de la mitad de su PIB, para garantizar al menos una protección social básica.
El informe expone que la protección social puede ayudar a las personas a adaptarse y hacer frente a las crisis relacionadas con el clima, al proporcionarles prestaciones como la seguridad de los ingresos y el acceso a la atención sanitaria.
Además, puede amortiguar a las familias, los trabajadores y las empresas durante la transición ecológica y permitir prácticas económicas más sostenibles.
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