MÉXICO – México se convirtió en el primer país del mundo en el que habrá elección popular para todos sus jueces, una vez que este miércoles el Senado adoptó una reforma del poder judicial, impulsada por el presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador y fuertemente rechazada por la oposición y funcionarios judiciales.
“Queda aprobado en lo general”, sentenció el presidente del Senado, Gerardo Fernández, una vez que la coalición oficialista reunió 86 votos -a última hora sumó a un opositor-, los dos tercios requeridos, frente a 41 senadores que se opusieron.
La reforma ya se aprobó con una cómoda mayoría de 359 contra 135 en la Cámara de Diputados, ahora va a las legislaturas de los estados y tras su esperada aprobación (al menos 17 de 32) y promulgación cambiará el panorama del poder judicial.
López Obrador, que el 1 de octubre entregará la presidencia a su correligionaria Claudia Sheinbaum, impulsó la reforma al final de su sexenio tras una polémica con la Suprema Corte, que bloqueó sus iniciativas para ampliar la participación del Estado en el sector energético y dar más tareas de seguridad a los militares.
En los días finales de la carrera contrarreloj para aprobar la reforma hubo huelgas, protestas callejeras –sobre todo de funcionarios judiciales y estudiantes de leyes- y ocupación de las sedes del parlamento por manifestantes.
La presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, consideró que la enmienda es “un intento de demolición del Poder Judicial”.
Según López Obrador “lo que más les preocupa a los que están en contra de esta reforma es que van a perder sus privilegios, porque el poder judicial está al servicio de potentados, de la delincuencia de cuello blanco”.
Pero desde el exterior dos socios comerciales clave, Canadá y Estados Unidos, expresaron preocupación por la posibilidad de que pierda independencia el poder judicial, o que los jueces sean captados por las organizaciones criminales que son poderosas en varios estados de México y tienen influencia política.
La organización Human Rights Watch (HRW) también expresó preocupación porque se socavaría la independencia del poder judicial, y se establecen figuras como jueces sin rostro para conocer casos de delincuencia organizada, lo que podría afectar los derechos de las personas objeto de procesos judiciales.
La relatora especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Margaret Satterthwaite, expresó el pasado julio su preocupación en una carta dirigida al presidente López Obrador.
Los cambios “pudieran incrementar el riesgo de que los candidatos a magistrados busquen complacer a votantes o a patrocinadores de campañas para incrementar sus posibilidades de reelección, en lugar de tomar decisiones fundamentadas exclusivamente en principios y normas jurídicas”, según Satterthwaite.
Los reclamos sobre la independencia del poder judicial se basan en el amplio dominio electoral que ha conseguido el partido del presidente y de Sheinbaum, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que podría reunir en sus manos mediante el voto los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
En el Senado y la Cámara de Diputados apoyaron la propuesta de Morena sus aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo, en tanto se opusieron legisladores de los partidos tradicionales Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Revolucionario Democrático (PRD), así como el Movimiento Ciudadano.
López Obrador ha insistido en que la elección popular de los jueces “acercará la justicia a la gente”, en este país de 128 millones de habitantes donde cada día se registran unos 80 homicidios, y las organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, presentan constantes quejas por el tema de la impunidad.
Los partidarios de la reforma destacan que con ella se superan antiguas barreras de procedimientos (se incorpora la justicia digital para facilitarla en los ámbitos civil y mercantil) y la de lenguaje, pue se debe formar a profesionales para que dominen diferentes lenguas (México tiene 68 lenguas indígenas).
Asimismo, deberían abordarse las barreras de conocimiento y propósito, procurando la elección de jueces más sensibles a los problemas sociales.
A diferencia de campañas electorales para cargos públicos, quienes busquen llegar a cualquier tribunal del país deberán respetar un lapso de 60 días de campaña, no se permitirá el financiamiento público o privado, y los partidos políticos no podrán realizar proselitismo a favor o en contra de las candidaturas.
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