BRATISLAVA – La nueva ley que prohíbe la representación de las identidades Lgbti+ en las instituciones educativas de Bulgaria es solo la última pieza de legislación represiva, en una ofensiva más amplia contra las minorías y la sociedad civil organizada en partes de Europa y Asia Central, advierten grupos defensores de los derechos.
La ley, aprobada por la vía rápida en agosto, es similar a la legislación aprobada o propuesta en muchos países de la región en los últimos años, que restringe los derechos de las personas Lgbti+.
Se da por hecho que la ley búlgara tendrá un impacto perjudicial en los niños y adolescentes del país, pero también es probable que se engarce en una legislación dirigida a reprimir a otros grupos de la sociedad, siguiendo un patrón implementado por gobernantes autocráticos en toda la región, dicen los activistas.
«A menudo las leyes anti Lgbti van de la mano de otras leyes (represivas). Una vendrá poco después de la otra. De lo que se trata es de que determinados partidos políticos se concentren y obtengan para sí el poder definitivo», dijo a IPS Belinda Dear, responsable de incidencia política de la organización Ilga Europa.
A su juicio, «las personas Lgbti+ y otros grupos marginados no son más que chivos expiatorios».
Una enmienda a la ley de educación de Bulgaria, aprobada el 7 de agosto con una amplia mayoría parlamentaria, prohíbe la «propaganda, promoción o incitación de cualquier forma, directa o indirecta, en el sistema educativo de ideas y opiniones relacionadas con la orientación sexual no tradicional y/o la identidad de género distinta de la biológica».
Kostadin Kostadinov, presidente del partido de extrema derecha Vazrazhdane (Renacimiento), que presentó el proyecto ya aprobado, aseguró que «la propaganda Lgbti es antihumana y no será aceptada en Bulgaria».
Los críticos afirman que la ley tendrá un terrible impacto en los niños Lgbti+ en un país donde las personas Lgbti+ ya se enfrentan a luchas por sus derechos.
En su último Rainbow Map (Mapa Arcoiris), que analiza el estado de los derechos y libertades de las personas Lgbti+ en todo el continente clasificó a Bulgaria en el puesto 38 de 48 países analizados. El mapa es parte de la labor de Ilga Europa, una asociación internacional de defensa de derechos de las personas Lgbti (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales).
«Los profesores con los que hemos hablado tienen mucho miedo de lo que va a ocurrir ahora. Esperamos ver un fuerte aumento de los ataques y abusos a escolares por motivos de género y orientación sexual», dijo Denitsa Lyubenova, directora de Programas y Proyectos Legales de Deystvie, una de las mayores organizaciones Lgbti+ de Bulgaria.
En entrevista con IPS añadió que «la ley acaba de ser aprobada, por lo que aún no podemos estar seguros de sus impactos específicos, pero lo que sabemos de otros lugares es que leyes como ésta en las escuelas afectarán a niños y adolescentes, aumentarán el acoso y legitimarán la discriminación por parte de otros estudiantes, e incluso de los profesores».
Al igual que otros defensores de los derechos, Lyubenova señaló las similitudes entre la ley búlgara y otras similares aprobadas en otros países de Europa oriental y Asia Central en los últimos años.
Las denominadas leyes de «propaganda anti Lgbti+» se aprobaron en Hungría en 2021 y en Kirguistán el año pasado.
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Esas normas se inspiraron a su vez en la legislación rusa aprobada casi una década antes, que desde entonces se ha ampliado a toda la comunidad Lgbti+ y ha sido seguida por leyes que prohíben esencialmente cualquier expresión positiva de las personas de ese colectivo.
Los informes de los grupos de defensa de los derechos han puesto de manifiesto las nefastas consecuencias de dicha legislación.
Estas leyes han sido condenadas rotundamente por organismos de derechos locales e internacionales, pero los partidos políticos de algunos países siguen intentando sacarlas adelante.
El mismo día que se aprobó la ley búlgara, el Partido Nacional Eslovaco (SNS), también de extrema derecha, declaró que tenía previsto presentar un proyecto de ley para restringir el debate y la enseñanza de temas vinculados a la identidad Lgbti+ en las escuelas en la sesión parlamentaria de este mismo mes de septiembre.
Mientras tanto, en junio, el partido gobernante en Georgia, Sueño Georgiano, propuso una ley que, entre otras cosas, ilegalizaría cualquier reunión Lgbti+, prohibiría los matrimonios entre personas del mismo sexo, la transición de género y la adopción de niños por parejas del mismo sexo.
También prohibirá «la propaganda» Lgbti+ en las escuelas, y las cadenas de televisión y los anunciantes tendrán que eliminar cualquier contenido que muestre relaciones entre personas del mismo sexo antes de su emisión, independientemente de la edad del público al que vaya dirigido.
En ambos países, la legislación propuesta llega poco después de la aplicación de las denominadas «leyes de agentes extranjeros», que imponen restricciones y obligaciones onerosas a determinadas oenegés que reciben financiación extranjera.
Los críticos de esta ofensiva legislativa afirman que este tipo de leyes pueden tener un efecto devastador en la sociedad civil, y señalan una ley similar introducida en Rusia en 2012 como parte de una acometida del Kremlin contra la sociedad civil.
La legislación, que obligaba a las oenegés afectadas a declararse «agentes extranjeros», ha supuesto el cierre efectivo de muchas organizaciones de la sociedad civil en ámbitos que van desde los derechos humanos a la sanidad.
Los activistas afirman que está lejos de ser una coincidencia que la legislación anti Lgbti+ y las leyes sobre «agentes extranjeros» se hayan introducido de forma tan simultánea.
«Es probable que (la legislación anti Lgbti+) sea la primera de una serie de leyes que discriminarán no solo a las personas Lgbti+, sino también a otros grupos marginados, considerados un ‘problema’ por las organizaciones de extrema derecha de Bulgaria», afirmó Lyubenova.
Añadió que «esta ley anti Lgbti+ procede del partido Revival, que ya ha presentado anteriormente proyectos de ley sobre agentes extranjeros en Bulgaria. Esperamos que pronto se presente en el Parlamento búlgaro un proyecto de ley sobre agentes extranjeros».
En Georgia, donde la legislación que restringe los derechos de las personas Lgbti+ se debatirá en lectura final este mes de septiembre en el Parlamento, los activistas de la sociedad civil afirman que el gobierno está utilizando una ley para alimentar el apoyo a la otra.
«Ambas leyes son parte del mismo gran mal», dijo a IPS Paata Sabelashvili, miembro de la junta directiva del no gubernamental Movimiento por la Igualdad en Georgia.
Dear dijo que la aprobación de leyes sobre «agentes extranjeros» formaba parte de un modelo utilizado por los regímenes autocráticos para aferrarse al poder «desmantelando la sociedad civil, que vigila a los políticos».
Otros elementos de este modelo son «el desmantelamiento de la independencia del poder judicial y de los medios de comunicación».
Rusia, Hungría, Georgia y Eslovaquia obtienen regularmente malas puntuaciones en las clasificaciones internacionales de libertad de prensa, y en Kirguistán se ha expresado preocupación por las amenazas a la independencia de los medios de comunicación.
Por otra parte, se considera que Rusia ha dejado de tener un poder judicial independiente, y en Eslovaquia, Georgia y Hungría se ha expresado preocupación por la interferencia del gobierno en los sistemas judiciales.
Los gobiernos que han introducido estas leyes han afirmado que son esenciales para preservar los valores tradicionales de sus países y limitar la influencia de regímenes extranjeros -por lo general, específicamente occidentales- en la política interna y desestabilizar el país.
Estas afirmaciones han sido reiteradamente rechazadas por las organizaciones de la sociedad civil y los grupos minoritarios a los que van dirigidas las leyes.
Algunos defensores de los derechos consideran que la introducción de estas leyes forma parte de un esfuerzo internacional coordinado para difundir ideologías específicas y también para afianzar regímenes autocráticos.
Aunque aparentemente la introducción de este tipo de leyes son actos de regímenes soberanos independientes, los activistas afirman que los políticos que las promulgan no actúan necesariamente por iniciativa propia.
Los activistas de Eslovaquia y Georgia que han hablado con IPS destacan los sentimientos fuertemente prorrusos expresados por los partidos gobernantes de sus países.
Por ejemplo, el primer ministro húngaro, Viktor Orban, ha sido muy criticado incluso entre los funcionarios de la Unión Europea por su cercanía al Kremlin y sus críticas a la ayuda a Ucrania desde el comienzo de la invasión a gran escala de su vecino por parte de Rusia.
Mientras tanto, Rusia y Kirguistán mantienen lazos históricos que se remontan a la extinta Unión Soviética, en una situación similar a lo que sucede entre Moscú y otros muchos otros países de Asia central.
Los partidos que están detrás de las leyes anti derechos «tienen vínculos con Rusia», afirmó Dear. Añadió que este tipo de legislación «está estratégicamente coordinada, está muy bien planificada»,
«Creo que todo esto forma parte de una tendencia más amplia vinculada a gobiernos y/o partidos de extrema derecha», dijo a IPS Tamar Jakeli, activista Lgbti+ y directora de Tbilisi Pride, en Tiflis, la capital de Georgia.
Forbidden Colours, un grupo de defensa del colectivo Lgbti+ con sede en Bruselas, vinculó la ley búlgara directamente con la represión de los derechos por parte del Kremlin en Rusia.
«Es muy preocupante ver que Bulgaria adopta tácticas del manual de Rusia contra los derechos humanos», dijo la organización en un comunicado.
Mientras tanto, grupos de derechos internacionales y búlgaros han pedido a la UE que actúe para obligar al gobierno búlgaro a derogar la ley anti Lgbti+, mientras que las organizaciones de la sociedad civil búlgara se preparan para luchar contra su aplicación.
De hecho, ya ha habido protestas en las calles de Sofía, la capital, contra la nueva ley y Lyubenova afirmó que su organización también estaba preparando recursos legales contra la ley.
«Lo que estos grupos de extrema derecha están haciendo con esta ley es poner a prueba nuestra capacidad para hacer frente a las acciones de odio. Tenemos que desafiarla», sentenció Lyubenova.
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