RÍO DE JANEIRO – El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, destituyó en forma fulminante al ministro de Derechos Humanos, Silvio Almeida, acusado de acoso sexual, un delito considerado imperdonable en el actual gobierno, en contraste con el mantenimiento de otros ministros con denuncias de corrupción.
La Policía Federal acusó el 12 de junio al ministro de Comunicaciones, José Juscelino Rezende Filho, de haber destinado en 2021 el equivalente a 1,3 millones de dólares a obras que favorecieron a su familia, cuando era diputado. El ministro niega la acusación y sigue en el gobierno, pese a la amplia repercusión en los medios.
Hay otros ministros con sospechas o acusación policial de improbidad y peculado en sus anteriores funciones, en general como gobernadores de estados.
Los delitos sexuales resultan intolerables especialmente entre fuerzas progresistas, por su implicancia moral y, actualmente, en Brasil, debido a la constante prédica de la ultraderecha de que la izquierda promueve la pedofilia y la sexualización precoz de los niños en las escuelas.
El caso actual es grave, “asustador”, según Isabel Freitas, una de las coordinadoras del Centro Feminista de Estudios y Asesoría (Cfemea), porque ocurrió dentro de un gobierno progresista, involucra un ministro negro, un pensador innovador de la lucha antirracista, y hay denuncias del año pasado sin respuestas de “quienes escucharon y nada hicieron”.
“El gobierno tiene que encarar de frente el acoso, reconocer que el acoso moral y sexual existe en la vida política, en las empresas y en los transportes públicos, hacer una autocrítica, para definir políticas públicas y actuar con pulso firme en la protección de todas las mujeres”: Isabel Freitas.
El escándalo estalló el 5 de septiembre cuando el diario digital Metrópoles, de Brasilia, informó, con base en datos de la organización Me Too Brasil, que existían “denuncias”, en plural pero sin un número preciso, contra el entonces ministro de Derechos Humanos y Ciudadanía.
La ministra de la Igualdad Racial, Anielle Franco, también negra, estaría entre esas mujeres denunciantes del acoso desde el año pasado, según Metrópoles.
Ella lo confirmó en reuniones con Lula, que discutió el asunto con varios ministros en Brasilia el viernes 6 antes de decidir la noche de ese día la destitución de Almeida, después de que este descartase renunciar y alegase su inocencia y la disposición de demostrarla en su defensa.
Franco es hermana de Marielle Franco, asesinada en 2018 cuando era concejala en Río de Janeiro y que se convirtió en un símbolo nacional e internacional de las luchas feministas, antirracistas y contra la desigualdad social.
Caída en desgracia de un líder intelectual
Almeida, de 48 años, es un intelectual consagrado, autor de varios libros, incluyendo “Racismo estructural” en que profundiza ese concepto que desnuda el racismo como parte funcional e institucionalizada de la economía y la sociedad brasileña. Su caída representa un duro golpe para el movimiento antirracista.
Graduado y doctorado en derecho y filosofía, profesor en dos universidades privadas de São Paulo con invitaciones para cursos en el exterior, su nombramiento como ministro en enero de 2023, fortaleció la dimensión social del gobierno de Lula.
“El gobierno tiene que encarar de frente el acoso, reconocer que el acoso moral y sexual existe en la vida política, en las empresas y en los transportes públicos, hacer una autocrítica, para definir políticas públicas y actuar con pulso firme en la protección de todas las mujeres”, reclamó Freitas en entrevista telefónica con IPS desde Brasilia.
El hecho de que ya se conocieran casos de acoso sexual dentro del gobierno, sin que hubiera medidas de prevención y castigo, revela que “no actuaron” los mecanismos previstos para ese tipo de delitos, como el Comité de Ética de la presidencia, veedurías y un programa de protección firmado por el mismo Almeida como ministro, acotó.
La mayoría de los analistas coinciden en que Almeida merece y debe tener toda la presunción de inocencia en el ámbito jurídico, pero en el nivel político, seguir como ministro resultaba inviable, más dados los estándares contra el acoso del gobierno y de los sectores progresistas que representa.
Denuncias crecientes
Hasta agosto, la estatal Contraloría General de la Unión recibió 557 denuncias de acoso este año dentro del gobierno. Es una cifra en aumento, alcanzó 920 en todo el año pasado y 531 en 2022, según datos oficiales.
“Hay que repensar la defensa de las mujeres, crear organismos independientes, con miembros externos, juristas feministas, y promover campañas educativas dentro del servicio público”, propuso Freitas.
El castigo, como demuestra el caso actual, tiene que aplicarse tanto al agresor como a los que no adoptaron las medidas adecuadas en su debido tiempo y deberían haber actuado para evitar la continuación y la repetición de los delitos, sostuvo.
Pero a contramano de una mayor eficacia, el Ministerio de las Mujeres es uno de los que más perdió recursos en el presupuesto gubernamental, se quejó.
El acoso es frecuente en el trabajo doméstico, que ni siquiera dispone de una legislación propia para la protección de las trabajadoras más vulnerables a la violencia, por la naturaleza y el lugar de sus relaciones laborales.
La gran repercusión del caso Almeida, por revelar el acoso de un ministro e intelectual negro, intensifica el debate sobre la violencia sexual y de género, en todas las esferas e instancias.
El mismo gobierno va a anunciar en los próximos días un “Programa de prevención y enfrentamiento del acoso y la discriminación”, con un comité gestor encargado de su ejecución, informó este lunes 9 el diario Valor Económico.
Son medidas del Ministerio de Gestión e Innovación en Servicios Públicos y de la Contraloría General de la Unión, en elaboración desde mayo de 2023, desbloqueadas por el escándalo en el Ministerio de Derechos Humanos.
Traumas invisibles
El acoso sexual queda muchas veces impune porque le cuesta a las víctimas denunciarlo, por sus relaciones de subalternidad jerárquica, la dependencia económica y sus consecuencias incontrolables.
En el caso de Almeida afecta al corazón del actual gobierno que tiene los derechos humanos, el combate al racismo y a la pobreza en el centro de sus prioridades. Además amenaza con destruir la carrera y la reputación de un ícono de esas luchas.
En el gobierno anterior, presidido por Jair Bolsonaro, un líder de muchas manifestaciones misóginas, racistas y desprecio por los derechos de las minorías, el escándalo de acoso sexual de mayor repercusión alcanzó a Pedro Guimarães, entonces presidente de la Caja Económica Federal, el banco estatal del área social, como vivienda y crédito a sectores pobres.
Me Too Brasil, que se presenta como organización de “defensa de las mujeres víctimas de violencia sexual”, mantiene a las denunciadoras en el anonimato porque ellas enfrentan “dificultades para obtener el apoyo institucional para validar sus denuncias” y los agresores usualmente son personas poderosas o influyentes.
En el caso actual las víctimas autorizaron dar a conocer las denuncias en los medios.
“No podemos seguir dependientes de los medios de comunicación para denunciar y asegurar salvaguardias”, lamentó Freitas.
En general una primera denuncia abre camino a otras, en un efecto dominó. En el caso de Almeida, ya apareció otra acusación pública.
Isabel Rodrigues, profesora universitaria y excandidata a concejal en Santo André, una ciudad industrial de la región metropolitana de São Paulo, dijo en redes sociales haber sufrido acoso sexual del exministro Almeida en 2019. Añadió que no lo denunció por temor a una nueva violencia en la comisaría policial y porque él es abogado.
ED: EG
