CARACAS – Bajo una enorme atención internacional, Venezuela celebró elecciones presidenciales el 28 de julio. Los comicios enfrentaron al impopular Nicolás Maduro, en el poder desde 2013 tras ser ungido por el fallecido presidente Hugo Chávez como su sucesor, con Edmundo González, un candidato de oposición relativamente desconocido. González había obtenido una amplia ventaja en las encuestas de opinión hechas antes a las elecciones, en gran parte gracias al apoyo de la líder opositora María Corina Machado, a quien el gobierno le prohibió ser candidata.
Seis horas después del cierre de la mayoría de las mesas de votación, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró vencedor a Maduro. Sin embargo, ni en ese momento ni en los días posteriores, el CNE ha presentado un desglose de los resultados de las actas escrutadas o pruebas que justifiquen su anuncio. Convencidos de que los resultados habían sido manipulados, los partidarios de la oposición, muchos de ellos procedentes de comunidades pobres, salieron a las calles al día siguiente.
Se han encontrado con una violenta respuesta de las fuerzas de seguridad del Estado, que han dejado claro que apoyarán al gobierno de Maduro y han desplegado una oleada de detenciones selectivas. Con Maduro atrincherado, la conmoción de los últimos días podría dejar un gobierno debilitado, una oposición galvanizada pero frustrada y un amplio frente de gobiernos extranjeros con dificultades para determinar sus próximos movimientos.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Gran parte de la controversia en torno a la campaña y las elecciones presidenciales de 2024 es un legado de la animadversión nacional e internacional que siguió a la controvertida votación presidencial de hace seis años. En 2018, la prohibición de ciertos candidatos y partidos de la oposición, que en su mayoría boicotearon los comicios, así como unas reglas del juego electoral fuertemente sesgadas, ayudaron al presidente Maduro a asegurarse un segundo mandato. No obstante, su victoria fue tachada de ilegítima por Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y muchos de los países vecinos. Al año siguiente, más de cincuenta países optaron por reconocer como presidente interino a Juan Guaidó, en ese entonces presidente de la Asamblea Nacional liderada por la oposición. Washington impuso amplias sanciones económicas mientras la oposición intentaba derrocar a Maduro, pero el gobierno se mantuvo firme mediante una oleada de represión política, con la ayuda casi ininterrumpida del ejército y el apoyo de Rusia, Irán, Cuba y otros países.
Al mismo tiempo, el gobierno noruego facilitó rondas esporádicas de conversaciones entre el gobierno y la oposición. A pesar de un prolongado estancamiento, estas conversaciones condujeron finalmente a un gran avance: el Acuerdo de Barbados de octubre de 2023 supuso la promesa del gobierno de Maduro de mejorar las condiciones para las elecciones de 2024, recibiendo a cambio —a través de conversaciones paralelas con la administración del presidente Joe Biden— un alivio condicional de ciertas sanciones.
Sin embargo, las concesiones del gobierno venían con condiciones. Aunque las autoridades permitieron a la principal coalición de la oposición, la Plataforma Unitaria, celebrar elecciones primarias, reafirmaron la prohibición de que la vencedora, Machado, ocupara un cargo de elección y bloquearon la candidatura de su sustituta, Corina Yoris.
González, diplomático jubilado de 74 años, era la tercera opción de la oposición, pero a pesar de ser un desconocido sin experiencia política previa, pronto cosechó un apoyo masivo, recorriendo el país con la enormemente popular Machado.
En la boleta electrónica oficial aparecieron finalmente diez candidatos, respaldados por 38 partidos políticos, muchos de los cuales han sido cooptados por el gobierno, que pretendía que fueran una estratagema para dividir y confundir a los votantes de la oposición y crear la apariencia de unas elecciones diversas y competitivas.
Pero la campaña tomó rápidamente una forma que no era del agrado del gobierno: una carrera de dos, en la que todas las empresas de sondeos de renombre daban a González una ventaja masiva, de hasta 30 puntos o más, sobre Maduro.
Lo más sorprendente fue la entusiasta acogida que tuvieron los mítines de campaña de la oposición en barrios marginales urbanos y zonas campesinas del interior, que hasta hace poco habían sido los bastiones del chavismo, el movimiento político creado por el difunto presidente Chávez.
“María Corina estuvo aquí la semana pasada y llenó la calle principal”, dijo un partidario de la oposición en el estado andino de Mérida. “Maduro vino al día siguiente y sólo llenó la mitad, a pesar de todos los buses que venían de fuera”, añadió.
El gobierno hizo todo lo posible por impedir los mítines de la oposición, prohibiendo a Machado viajar en avión, cancelando el transporte público en las inmediaciones, excavando carreteras y levantando barricadas delante de ellos. Cerró emisoras de radio, bloqueó sitios web y mantuvo el mensaje de la oposición prácticamente fuera de los medios de comunicación.
Millones de votantes fueron privados de sus derechos. A la diáspora venezolana, cuyo número se calcula en ocho millones de emigrantes y refugiados que han abandonado el país durante una década de contracción económica y agitación política, normas arbitrarias le impidieron registrarse para votar. Dentro del país, la inscripción se vio empañada por la falta de información, así como de tiempo y oportunidades para registrarse.
El Consejo Nacional Electoral, dominado por una mayoría progubernamental, ni siquiera cumplió su propio calendario electoral, y pasó por alto u omitió una serie de pasos clave. Como en campañas anteriores, el gobierno abusó de su poder utilizando los recursos del Estado para reforzar la campaña de Maduro, al tiempo que extorsionaba a las empresas privadas y cerraba las que prestaban cualquier tipo de ayuda a su adversario.
A pesar de que todos los indicios apuntaban a una victoria de la oposición, muchos observadores, incluido Crisis Group, preveían que el gobierno de Maduro recurriría a tácticas aún más extremas para evitar perder el poder. Pero, al menos en el período previo a las elecciones, se mostró más comedido de lo esperado.
El gobierno se abstuvo de prohibir la candidatura de González o de utilizar su control del Tribunal Supremo para que se declarara inválido el tarjetón del partido en el que se inscribió. Las conversaciones en curso entre Washington y Caracas, así como la presión de los vecinos y relativamente amistosos gobiernos de izquierda de Brasil y Colombia, posiblemente hayan disuadido a Maduro de adoptar medidas tan draconianas.
Las esperanzas de que una baja participación entre los votantes de la oposición, junto con los ya probados y eficaces métodos de movilización electoral del chavismo, condujeran de nuevo a la victoria, también pueden haber persuadido a las autoridades de no actuar antes. Pero nada de esto significa que el gobierno estuviera dispuesto, a la hora de la verdad, a abandonar el poder.
¿Qué ocurrió el día de las elecciones?
La jornada electoral transcurrió en gran medida de forma pacífica y la votación se desarrolló con normalidad, con solo una minoría de mesas de votación denunciando irregularidades. Los sondeos a boca de urna y los recuentos rápidos organizados por la oposición indicaban que Maduro estaba abocado a la derrota.
Pero pronto hubo indicios de que el gobierno podría no estar dispuesto a ceder. Al cierre de las urnas, testigos de la oposición y trabajadores electorales de todo el país denunciaron que las autoridades electorales (a veces apoyadas por operativos chavistas y miembros de las fuerzas de seguridad) intentaban negarles acceso a las copias de las actas de votación.
Estas actas se imprimen en cada máquina de votación una vez se cierran las mesas de votación y constituyen la corroboración física del resultado electrónico que se envía a la sede del CNE y se fusiona en un recuento final de votos a escala nacional. Todos los partidos políticos participantes tienen derecho a ellos por ley. Preocupado por las implicaciones, a las 11 de la noche, el coordinador de la Plataforma Unitaria, Omar Barboza, pidió públicamente al Gobierno que “no dé un paso en falso”.
Las horas posteriores al cierre de las urnas (técnicamente a las 6 de la tarde, aunque muchas permanecieron abiertas hasta más tarde, incluso sin gente en la cola para votar) fueron tensas, con ambos bandos afirmando haber ganado, pero sin resultados oficiales de las autoridades electorales. Poco después de medianoche, el presidente del CNE,
Elvis Amoroso —un aliado cercano del presidente Maduro—, anunció que, con el 80 por ciento de los votos escrutados, Maduro había obtenido el 51,2 por ciento de los sufragios y que su ventaja de unos 700 000 votos indicaba una tendencia “irreversible”. Machado y González comparecieron entonces ante las cámaras, y Machado afirmó: “Hemos ganado, y todo el mundo lo sabe”. El Consejo declaró a Maduro ganador de las elecciones en un acto celebrado el lunes por la mañana en Caracas.
¿Qué pruebas hay que sugieran que los resultados pueden haber sido falsificados?
Las sospechas de juego sucio, tanto por parte de la oposición como a escala internacional, se han visto acrecentadas por el hecho de que los sistemas de protección no funcionaron como es debido.
En principio, la integridad del voto debe estar protegida por las actas, los recibos de papel que cada una de las 30 026 máquinas de votación produce una vez se cierra la mesa de votación. Esta salvaguarda, introducida por el difunto presidente Chávez, hace del sistema venezolano, según los expertos electorales, uno de los mejores del mundo.
Sin embargo, a pesar de las promesas de Amoroso, el CNE no ha publicado ni distribuido electrónicamente el desglose de los votos por centro y máquina de votación. Tampoco ha completado la auditoría posterior a la votación de más de la mitad de las máquinas, que es exigida por el reglamento. Su sitio web, hasta el momento de escribir este texto, estaba fuera de línea.
El candidato presidencial Enrique Márquez, antiguo miembro de la junta directiva del CNE, declaró el 30 de julio que una observadora electoral que representaba a su campaña podía dar fe de que el boletín de resultados que el presidente del CNE, Elvis Amoroso, leyó la noche de las elecciones no fue generado por el sistema de votación electrónica.
Caracas ha ofrecido pocas explicaciones sobre las aparentes irregularidades. El gobierno ha acusado a la oposición de sabotear el sistema, diciendo que un ciberataque iniciado en Macedonia del Norte explica el retraso en la transmisión de los resultados de las máquinas de votación (el gobierno de Macedonia del Norte ha dicho que no tiene pruebas de que se produjera tal ataque).
Pero, independientemente de ello, el CNE ha sido incapaz de explicar por qué los problemas con el sistema electrónico afectarían a las actas de escrutinio, que se imprimen antes de su transmisión, o por qué no puede proporcionar las actasque dice haber recibido esa noche después del cierre de las urnas. Machado y la Plataforma Unitaria, por su parte, afirman que han logrado obtener más de 80 por ciento de los recuentos físicos a través de una red de observadores, que cubrió alrededor del 90 por ciento de los recintos electorales.
Un día después de las elecciones publicaron el desglose de los votos, junto con imágenes de cada acta, en un sitio web que permite a la ciudadanía consultarlas. El gobierno bloqueó inmediatamente el acceso al sitio, lo que no impidió que miles de venezolanos accedieran a él a través de redes privadas virtuales (VPN).
En este contexto, el Centro Carter, la única misión profesional de observación internacional de los comicios autorizada a realizar una evaluación pública, declaró el 31 de julio que las elecciones “no cumplieron las normas internacionales de integridad electoral y no pueden considerarse democráticas”, citando la desigualdad de condiciones durante la campaña y afirmando que, dada la falta de acceso al recuento completo, no podían “verificar ni corroborar los resultados de las elecciones” declarados por el CNE.
¿Cuántos disturbios postelectorales se han producido y cuál es el riesgo de nuevos actos de violencia?
El anuncio del gobierno desencadenó protestas el 29 de julio, al día siguiente de las elecciones, en el que se produjeron manifestaciones espontáneas contra el gobierno de Maduro. Los manifestantes quemaron neumáticos, bloquearon carreteras y derribaron varias estatuas de Hugo Chávez. Las protestas, que congregaron principalmente a habitantes de comunidades pobres que solían ser bastiones progubernamentales, fueron enfrentadas por las fuerzas de seguridad y los grupos parapoliciales chavistas conocidos como colectivos. Según el gobierno y las organizaciones de derechos humanos, hasta el momento se han producido al menos veinte muertes y más de 1000 detenciones.
Machado y González expresaron su solidaridad con los manifestantes y pidieron contención a las fuerzas gubernamentales, pero no han convocado marchas. Sin duda, la oposición es consciente de que, desde la primera gran oleada de protestas contra Maduro en 2014, el Gobierno ha reprimido brutalmente dichas manifestaciones en numerosas ocasiones, lo que ha provocado más de 250 muertos y miles de detenciones cuando manifestantes desarmados se han enfrentado a escuadrones antidisturbios de la policía y la Guardia Nacional. La feroz respuesta del gobierno a las protestas de 2017 provocó la indignación internacional y allanó el camino para que el fiscal de la Corte Penal Internacional abriera una investigación sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad.
Hay pocos indicios de que esta vez las cosas vayan a ser más fáciles para los manifestantes. El alto mando de las fuerzas armadas ha dejado claro que apoyará a Maduro. El lunes por la mañana, la cúpula militar asistió a su investidura por el CNE como presidente electo, y al día siguiente ofreció una rueda de prensa en uniforme de combate para reiterar su respaldo “incondicional” a su gobierno. El martes, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, publicó un comunicado en el que acusaba a las “estructuras fascistas” internacionales de intentar desacreditar la ejemplar demostración de civismo de los venezolanos y reafirmaba la “lealtad” de los militares a Maduro.
En un aparente esfuerzo por evitar la violencia, Machado y González optaron por organizar breves concentraciones (lo que denominaron “asambleas populares”) el 30 de julio; se ha hecho otra convocatoria a nivel nacional para este sábado. Fuentes cercanas a la oposición afirman que también han hecho esfuerzos por hablar directamente con el gobierno, pero hasta ahora han sido rechazados. Por ello, se enfrentan a la pregunta de cómo mantener la presión sobre las autoridades para que hagan una revisión de los resultados sin provocar una respuesta aún más severa, y al mismo tiempo mantener unida una coalición opositora que tradicionalmente ha tenido diferencias en cuanto a tácticas y estrategias.
Mientras tanto, las detenciones de destacadas figuras de la oposición, incluido Freddy Superlano, coordinador nacional del partido opositor Voluntad Popular y estrecho aliado de Machado, indican que Maduro está dispuesto a tomar medidas enérgicas contra la oposición. Jorge Rodríguez, mano derecha de Maduro y presidente de la Asamblea Nacional, ha pedido que Machado y González sean detenidos y juzgados.
Seis miembros del equipo electoral de Machado, que han pasado meses en la residencia del embajador argentino para evitar ser detenidos, se arriesgaron a ser capturados después de que el gobierno ordenara la expulsión de los diplomáticos argentinos. (Brasil se ofreció a representar los intereses argentinos en Venezuela mientras la embajada permanezca cerrada). Por ahora, Maduro parece abstenerse de dar este paso, aunque la retórica del gobierno y las acciones de sus servicios de seguridad indican que está dispuesto a reforzar su control autoritario en todo el país, incluso a costa de convertirse en un paria regional.
¿Qué debe hacer la comunidad internacional?
Los países de la región y fuera de ella que han hecho comentarios sobre las elecciones han presionado, en general, por una total transparencia en relación con los resultados de los comicios del 28 de julio, incluida la publicación de un desglose completo de los resultados por mesa de votación. La excepción son los países con fuertes vínculos con Maduro, como Rusia, China, Cuba, Bolivia y Honduras, entre otros.
Caracas no ha tolerado ninguna crítica. El día después de la elección, cuando seis países latinoamericanos (Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, República Dominicana y Uruguay) se negaron rotundamente a reconocer la victoria de Maduro sin un desglose detallado de las cifras, Caracas ordenó la expulsión de sus representantes diplomáticos (Panamá ya había ordenado la salida de sus diplomáticos). A continuación, el gobierno prohibió los vuelos hacia y desde Panamá, la República Dominicana y Perú, con lo que los venezolanos volvieron a sentirse más aislados del mundo.
El jueves 1, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dio una declaración diciendo que “es claro para los Estados Unidos que Edmundo González ganó la mayoría de los votos”. Altos funcionarios y propagandistas del gobierno insisten en que la negativa de muchos países a aceptar la reelección de Maduro es simplemente una repetición de las secuelas de las elecciones de 2018, y que una conspiración de derecha, liderada por EE. UU., está utilizando la supuesta victoria de González como pretexto para otro intento de derrocar al gobierno venezolano.
Algunos países clave, en particular Brasil y Colombia (ambos vecinos de Venezuela) y, con ciertas reservas, México, han tratado de aferrarse precariamente a las pocas esperanzas que quedan de alcanzar un acuerdo, absteniéndose de declarar abiertamente que el resultado es un fraude e insistiendo en la necesidad de transparencia. Pero con el gobierno de Maduro, según parece, inclinado a intensificar la polarización y desestimar todos los desafíos a su versión de los hechos, las posibilidades de alcanzar cualquier tipo de consenso sobre cómo resolver la disputa electoral parecen actualmente remotas. En la sesión del 31 de julio de la Organización de Estados Americanos (OEA) no se aprobó ninguna resolución sobre la cuestión, ya que la mitad de los Estados miembros se abstuvieron o declinaron asistir (Venezuela, aunque formalmente es miembro, no participa en la organización).
Los esfuerzos diplomáticos de Brasil, Colombia y EE. UU. continúan, pero se enfrentan a un obstáculo clave. Si cualquier medida encaminada a lograr una mayor transparencia en el recuento de votos pone en peligro la permanencia de Maduro en el poder (como parece ser el caso cada vez con más frecuencia), es muy poco probable que el gobierno se mueva en esa dirección. Por el momento, ha puesto la resolución del conflicto en manos del Tribunal Supremo, que, al igual que el CNE, le es leal y se limitará a refrendar el resultado. Aunque Maduro se muestra bastante irritable, los riesgos de que una disputa electoral no resuelta alargue la crisis política y económica de Venezuela, a costa de su pueblo y de la región, hacen que sea esencial que Bogotá, Brasilia y Ciudad de México continúen presionando al gobierno venezolano para que demuestre el resultado en un foro independiente e imparcial, o estén dispuestos a acordar una ruta alternativa hacia alguna forma de transición negociada.
¿Y ahora qué?
Por ahora, el plan de Maduro parece ser cerrar las escotillas e intentar capear el temporal. En el pasado, ha sido capaz de aprovechar la presión exterior para movilizar a sus partidarios y acallar la disidencia dentro del chavismo, alegando que Caracas está resistiendo al intervencionismo imperialista apoyado por las fuerzas del “fascismo” nacional. Puede que esto funcione de nuevo, al menos a corto plazo. El gobernante Partido Socialista, o PSUV, y las fuerzas armadas le han apoyado a pesar de lo que parece haber sido una negativa descarada a aceptar el veredicto de las urnas.
Aun así, es probable que Maduro salga debilitado del proceso, tanto dentro como fuera del país. Su candidatura no fue universalmente popular entre los chavistas, y su fracaso a la hora de lograr un triunfo creíble en las urnas o sentar las bases para el crecimiento económico y la paz social habrá erosionado aún más su prestigio. Es probable que su reputación en el extranjero, especialmente entre los gobiernos más cercanos de América Latina, sufra, y en algún momento el país y sus altos funcionarios podrían enfrentarse a sanciones adicionales de EE. UU. y la UE. Queda por ver si un presidente que hasta ahora ha sido incapaz de desmentir las afirmaciones de la oposición sobre su victoria electoral y que aparentemente sólo puede prometer un mayor aislamiento internacional y una economía estancada, seguirá inspirando respeto entre las facciones que componen el movimiento.
En cuanto a la oposición, la indignación por el resultado se ve matizada por convicción del triunfo de su candidato, que al parecer ha obtenido cuatro millones de votos más que Maduro, lo que representa no sólo la primera victoria innegable sobre el chavismo a este nivel, sino el mayor margen de victoria de la historia en unas elecciones presidenciales venezolanas. Están, por ahora, mucho más unidos de lo que han estado durante varios años. Pero eso no resuelve el atolladero en el que se encuentran. Suponiendo que Maduro se aferre al poder, les esperan otros dilemas. Las elecciones parlamentarias y locales están previstas para el año que viene, pero el gobierno podría verse tentado a adelantarlas.
Si lo hace, la oposición se enfrentará a un dilema que la ha atormentado durante gran parte de los 25 años del chavismo en el poder: ¿se aferran al método de concurrir a las elecciones, a pesar del aparente desprecio del gobierno por las normas más básicas de la democracia, o boicotean las urnas, una táctica que han utilizado en el pasado pero que simplemente permitió al gobierno ganar por defecto?
Si rechazan las elecciones, no está claro qué otras opciones podría adoptar la oposición más allá de las campañas de protesta de calle y sanciones extranjeras que hasta ahora no han conseguido cambiar al gobierno y, en el caso de las sanciones, han agravado la miseria humanitaria del país.
A pesar de la frustración de la oposición por una nueva disputa electoral tras años de pacientes negociaciones, sigue siendo cierto que una solución a la larga crisis política de Venezuela, y un retorno pacífico y gradual a la gobernanza democrática, requerirá conversaciones a gran escala entre ambas partes. Si la crisis actual tiene algún aspecto positivo, es la oportunidad que podría ofrecer para convencer a la mayoría de ambas partes de que ha llegado el momento de hacerlo.
Los líderes de la oposición, los gobiernos de la región y los organismos multilaterales, sobre todo la ONU, deben seguir presionando para que se rindan cuentas de los resultados electorales. Pero también deberían utilizar todos los canales a su disposición para instar a Maduro y a los altos funcionarios a entender la crisis electoral como el último episodio de una disputa debilitante que, si no corrige su curso, se prolongará interminablemente en detrimento de la población venezolana.
Deben insistir en que los esfuerzos del gobierno durante los últimos cinco años para restaurar su legitimidad política no servirán de nada sin un proceso de negociación integral dirigido a desactivar las tensiones, restablecer la política representativa y reavivar el crecimiento económico.
Mientras prosiguen los esfuerzos de terceros países por reanudar las negociaciones, la oposición y sus aliados deben prepararse para debatir cuestiones difíciles en caso de que esto suceda. Esto incluirá las inevitables demandas de los chavistas de alto rango por tener garantías sólidas que les protejan de ser llevados a las cortes en caso de que abandonen sus cargos. Al mismo tiempo, deben evitar la tentación, siempre presente cuando las opciones parecen limitadas o inexistentes, de amenazar con la fuerza coercitiva o imponer más sanciones para que no se considere que “no están haciendo nada”.
La solución a los males de Venezuela no consiste en apilar más castigos sobre una población que ya sufre una emergencia humanitaria, sino en utilizar las sanciones existentes y la perspectiva de su levantamiento como incentivo para que el gobierno haga concesiones.
Nadie sabe si pronto habrá una apertura a conversaciones significativas. En estos momentos, el chavismo parece más dispuesto a la intransigencia que a la negociación y las concesiones.
Las esperanzas de un resultado mejor siguen siendo escasas. Algunas voces de la oposición abogan por un acuerdo para guardar las apariencias de Maduro, en el que éste renunciaría en favor de un candidato de consenso acordado por el gobierno y la oposición antes de unas nuevas elecciones.
No es una propuesta que parezca tener grandes perspectivas de éxito por ahora. Pero en un momento profundamente preocupante para Venezuela, las opciones para salir del estancamiento deben ser cultivadas y defendidas.
Este artículo se publicó originalmente en Crisis Group América Latina. IPS lo reproduce por un acuerdo especial con Crisis Group para la republicación de sus contenidos.
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