GINEBRA – El gobierno de Venezuela debe detener inmediatamente la creciente represión que está conmocionando el país desde la elección presidencial del 28 de julio, exigió este lunes 12 la Misión de las Naciones Unidas que investiga violaciones a los derechos humanos en el país sudamericano.
Asimismo, “las muertes denunciadas en el marco de las protestas deben ser investigadas exhaustivamente”, dijo la jurista portuguesa Marta Valiñas, presidenta de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, que actúa por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“De confirmarse un uso abusivo de la fuerza letal por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados actuando con la connivencia de dichos cuerpos, los responsables deben rendir cuentas”, agregó Valiñas.
La misión expuso que las protestas en la calle y en redes sociales, en las dos semanas posteriores a las elecciones, “abrieron paso a una feroz represión por la maquinaria del Estado, dirigida por sus más altas autoridades, creando un clima de temor generalizado”.
La Misión lleva un registro de 23 muertes, la gran mayoría por disparos de armas de fuego, que tuvieron lugar entre el 28 de julio y el 8 de agosto, en el contexto de las protestas. En 18 casos, las víctimas fueron hombres de menos de 30 años.
La organización venezolana de derechos humanos Provea registró 24 muertes, incluida la de un suboficial de la Guardia Nacional (policía militarizada).
Hay un número aún indeterminado de heridos y el gobierno anunció que tiene bajo arresto desde el 29 de julio a más de 2000 personas que pueden ser procesadas por delitos de odio y terrorismo, lo que acarrea largas condenas.
La misión dijo que después de analizar los datos publicados por diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, “puede concluir preliminarmente que al menos 1260 personas fueron detenidas desde el 28 de julio, entre ellas 160 mujeres”.
Recordó que datos anunciados por el Fiscal General de la República elevan la cifra a 2200 personas que “han sido detenidas y calificadas de manera indiscriminada como «terroristas»”.
La organización venezolana Foro Penal registró al 11 de agosto 1305 personas detenidas en el contexto de la protesta postelectoral, de las cuales 172 mujeres, 117 adolescentes, 14 indígenas y 16 personas con discapacidad.
La Misión de la ONU dijo desde esta ciudad suiza que ha registrado elementos comunes en estas detenciones, que las convierten en detenciones arbitrarias y constituyen graves violaciones al debido proceso, dejando a las personas desprotegidas ante el sistema de justicia.
Entre esos elementos se incluyen audiencias telemáticas sumarias, llevadas a cabo por los tribunales con competencia en terrorismo de Caracas, aunque los hechos hubieran ocurrido en otro lugar.
También la imputación de graves cargos penales como terrorismo, conspiración y delitos de odio, sin una base probatoria que los fundamente o aplicados de forma desproporcionada.
Además se registra la negación de información a familiares o información tardía e incompleta, asó como impedimentos para el nombramiento de abogados de confianza de las personas detenidas.
Patricia Tappatá, también experta de la misión, dijo que “todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser liberadas de inmediato”.
“Las autoridades tienen que respetar de manera irrestricta las normas internacionales sobre el debido proceso y sobre las condiciones de detención, usando los canales formales para comunicarse con los familiares”, agregó la jurista argentina.
Las protestas y represión se produjeron después de que el Consejo Nacional Electoral proclamó al presidente Nicolás Maduro como reelegido para un tercer mandato de seis años, con algo más de 51 % de los votos, aunque sin discriminar resultados por regiones, municipios o centros de voto, como indican sus normas.
La principal coalición opositora reivindica que el vencedor, con al menos 68 % de los sufragios, fue su candidato Edmundo González, y ha publicado las copias de las actas de escrutinio que se entregaron a sus testigos en 83 % de las mesas.
La misión de la ONU señaló que entre las personas que han sido detenidas hay dirigentes, miembros y simpatizantes de partidos políticos, periodistas, así como defensoras y defensores de derechos humanos, consideradas o percibidas como opositoras por las autoridades.
Considera que la gran mayoría de las personas detenidas simplemente manifestaron su rechazo al resultado de la elección presidencial anunciado por las autoridades, muchas de ellas en redes sociales, y las autoridades las fueron a buscar selectivamente en sus casas.
La Misión “ha recibido información especialmente preocupante sobre detenciones de más de 100 niños, niñas y adolescentes, imputados por los mismos crímenes graves que las personas adultas. Además, no cuentan con la presencia de sus padres, madres o tutores durante las actuaciones judiciales”, señaló la declaración de los expertos.
Mientras tanto, en La Haya la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, dijo en una declaración escrita que está “monitoreando activamente los acontecimientos actuales y ha recibido múltiples informes de casos de violencia y otras denuncias tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela”.
En noviembre de 2021 Venezuela se convirtió en el primer país de América Latina al que la CPI abrió una investigación formal, por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados durante protestas antigubernamentales en 2017, pero hasta el momento Khan no ha solicitado ninguna orden de arresto.
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