NAIROBI – En el corazón de la capital de Kenia, mientras los gases lacrimógenos nublaban las calles, la línea entre los periodistas y los manifestantes se difuminó a los ojos de las fuerzas del orden del país.
La ola de protestas contra el gobierno, desencadenada por la oposición a un proyecto de ley de finanzas, se ha convertido en una espiral de violencia, con los periodistas cada vez más atrapados en el fuego cruzado entre la policía y los manifestantes.
El 27 de marzo de 2024, mientras el convoy del líder de la oposición Raila Odinga atravesaba Nairobi, reporteros y fotógrafos lo seguían de cerca, documentando los disturbios contra el gobierno del presidente William Ruto.
A pesar de exhibir sus credenciales de prensa, se encontraron con la hostilidad en lugar de protección. Fuera de la comisaría de Langata, los agentes atacaron, aparentemente en forma deliberada, a los periodistas de The Standard Group con botes de gas lacrimógeno, incluso después de que se identificaran.
Esta violenta represión no se limita a Nairobi. En toda Kenia, los periodistas se han enfrentado a brutales agresiones, detenciones arbitrarias y destrucción de sus equipos.
A pesar de tener credenciales de prensa claramente visibles, un agente de policía disparó en la pierna a Catherine Kariuki, periodista del valle del Rift, en la ciudad de Nakuru. El incidente, captado por las cámaras, no dejó lugar a dudas sobre su carácter deliberado, según coinciden organizaciones de periodistas.
El Sindicato de Periodistas de Kenia (KUJ) condenó rápidamente el ataque, exigiendo una investigación exhaustiva y la rendición de cuentas.
La cruda realidad es que Kenia, con el puesto 102 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF), asiste a una grave erosión de la libertad de prensa.
A pesar de la diversidad del panorama mediático del país, muchos medios de comunicación están bajo el control de políticos o personas estrechamente vinculadas al gobierno, lo que fomenta una cultura del miedo y la autocensura.
A medida que continúan las protestas en este país de África oriental, también aumenta la violencia contra quienes se encargan de documentarlas.
«Nos oponemos a la censura de los medios de comunicación y a los intentos del gobierno de dictar lo que debe emitirse. La Constitución garantiza la libertad de los medios de comunicación, pero el gobierno interfiere cada vez más», afirma Zubeidah Koome, presidenta del Gremio de Editores de Kenia.
El caso de Kariuki, que sigue sin ser juzgado a pesar de contar con pruebas claras, se ha convertido en un emblema de la crisis general de los comunicadores en su tarea de informar.
RSF ha remitido el asunto a la Autoridad Independiente de Supervisión Policial (Ipoa, en inglés), pero la falta de respuesta no ha hecho sino agravar la preocupación por la rendición de cuentas.
Las amenazas a la libertad de prensa y de expresión en Kenia van más allá de la violencia física.
Han surgido informes sobre amenazas del gobierno de Ruto de cerrar la privada Red de Televisión de Kenia (KTN) después de que emitiera imágenes de manifestantes irrumpiendo en la sede del Parlamento bicameral.
Finalmente, el canal cesó su actividad alegando dificultades financieras en medio de la actual crisis económica.
Sin embargo, fuentes internas sugieren que altos funcionarios de la Autoridad de Comunicaciones ordenaron a los operadores de señales de televisión que desconectaran KTN en un intento claro de suprimir la cobertura incómoda de los medios de comunicación.
La Federación Internacional de Periodistas (FIP) se unió a la KUJ en la condena de estas acciones, calificándolas de vergonzoso intento de sofocar la libertad de prensa y negar a los ciudadanos keniatas el acceso a la información.
El secretario general de la FIP, Anthony Bellanger, instó al gobierno keniano a que investigue «la brutalización» contra los periodistas y a que haga rendir cuentas a los responsables.
La reportera parlamentaria Elizabeth Mutuku se hizo eco de estas preocupaciones, al relatar el miedo que ella y sus compañeros sintieron tras ser tachados de criminales por el simple hecho de hacer su trabajo.
«Nuestro mayor error aquel día fue mostrar a los kenianos exactamente lo que ocurrió. A algunos de nosotros nos tacharon de delincuentes y nos dijeron que había investigaciones en curso. Nos quedamos sin saber qué investigaciones están llevando a cabo», declaró.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
La libertad de prensa está consagrada en la Constitución de Kenia, vigente desde 2010, pero más de 20 leyes que regulan el periodismo desafían los principios básicos de la libertad de prensa.
La Ley de Uso Indebido de la Informática y Ciberdelitos de 2018, por ejemplo, castiga con hasta 10 años de prisión y una multa de unos 3800 dólares la difusión de información considerada noticia falsa susceptible de incitar a la violencia.
Amnistía Internacional, en su análisis sobre el estado de la libertad de prensa en 2024, destacó que la interrupción intencionada de la conectividad a Internet y la promulgación de estrictas leyes de seguridad forman parte de una estrategia más amplia para silenciar a los medios de comunicación y controlar el flujo de información.
Pese a las garantías ofrecidas anteriormente, el acceso a Internet se interrumpió temporalmente en todo el país durante las protestas, privando a millones de kenianos de información en tiempo real sobre el desarrollo de los acontecimientos.
Las amenazas contra los periodistas en Kenia reflejan los problemas a los que se enfrentan sus homólogos en los países vecinos de África oriental, donde los periodistas son objeto de amenazas, acoso, intimidación, palizas, detenciones arbitrarias y persecución.
Por ejemplo, en febrero de 2023, un tribunal de Mogadiscio, la capital de Somalia, condenó al periodista Abdalle Ahmed Mumin a dos meses de prisión por desobedecer presuntamente órdenes del gobierno.
En Etiopía, Amnistía Internacional informa de que los conflictos en curso han provocado la detención de al menos nueve periodistas desde agosto de 2023, y cinco siguen bajo custodia. Tres de estos periodistas se enfrentan a cargos de terrorismo que podrían acarrear la pena de muerte si son declarados culpables.
Dinah Ondari, especialista en seguridad del Consejo de Medios de Comunicación de Kenia, se preguntó cómo el organismo responsable de proteger la libertad de prensa podía estar violándola.
«Es descorazonador ver las frustraciones que sufren los periodistas. En Kenia, como periodista, cada vez que te expresas, miras por encima del hombro para ver quién te apunta o te sigue», señaló.
Entre los agredidos se encontraban Joe Muhia e Iddi Ali Juma, de la agencia estadounidense Associated Press (AP), que fueron detenidos y posteriormente puestos en libertad tras ser agredidos.
En un incidente grabado en vídeo, el director de vídeo del Standard Group, Justice Mwangi Macharia, fue detenido y sacado violentamente de un vehículo policial en marcha, sufriendo lesiones físicas.
Sammy Kimatu, reportero de Taifa Leo, de Nation Media Group , también fue arrojado de un Land Rover policial en marcha y sufrió lesiones.
Maureen Murethi, del popular canal de televisión NTV propiedad de Nation Media Group, también fue hospitalizada después de que la policía le apuntara con un proyectil mientras cubría las protestas, así como el tiroteo a una periodista, Catherine Wanjeri, en Nakuru, en el valle del Rift.
Mientras Kenia está en una crisis institucional que la tambalea, la comunidad internacional observa atentamente. ¿Mantendrá el país sus valores democráticos o sucumbirá a la oscuridad de la represión? La respuesta puede determinar el futuro de la libertad de prensa en Kenia.
Un incidente notable fue el misterioso asesinato del célebre periodista paquistaní Arshad Sharif en 2022 en Nairobi.
La policía keniana disparó varias veces contra el vehículo de Sharif, causándole la muerte. En julio, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) acogió con satisfacción la decisión del Tribunal Superior de Kenia de que el asesinato del periodista paquistaní fue ilegal.
Angela Quintal, responsable del programa de África del CPJ, señaló en Nueva York que, aunque el «veredicto supone un paso importante para acabar con la impunidad en este caso, las autoridades kenianas deben garantizar que se hace verdadera justicia procesando a los responsables del tiroteo mortal de Arshad».
Durante el Día Mundial de la Libertad de Prensa de este año, el 3 de mayo, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, advirtió de los crecientes peligros a los que se enfrentan los periodistas en todo el mundo.
En su discurso, describió el periodismo como una profesión cada vez más peligrosa, en la que decenas de periodistas que cubrían temas de riesgo han sido asesinados en las últimas décadas y, en la inmensa mayoría de los casos, nadie ha rendido cuentas.
David Omwoyo, director general del Consejo de Medios de Comunicación de Kenia, intervino recientemente en una mesa redonda de dirigentes del gobierno y de los medios de comunicación, insistiendo en la necesidad de un espacio crítico para la libertad de prensa y la democracia.
«Tenemos que dejar de tachar a los medios de comunicación de antigubernamentales. Los medios de comunicación deben desempeñar el papel que les corresponde dentro de las normas establecidas. Cualquiera que luche contra los medios de comunicación está fuera de lugar, dado el papel fundamental que desempeñan en la democracia y la gobernanza», declaró Omwoyo.
Zubeidah Koome, otro participante, pidió además que se pusiera fin a los ataques contra los medios de comunicación.
«Seguimos insistiendo en que se ponga fin a la violencia y las amenazas contra los periodistas. Sin embargo, no se han producido avances sustanciales, y la violencia contra los medios de comunicación sigue aumentando», dijo.
Añadió que «esperamos que se tomen las medidas adecuadas contra quienes atacan a los periodistas. Al mismo tiempo, el sector de los medios de comunicación debe adecuar su conducta ética a los tiempos que corren».
Erick Oduor, secretario general del Sindicato de Periodistas de Kenia, hizo hincapié en la necesidad de que todas las partes interesadas se comprometan colectivamente en la búsqueda de soluciones a los retos a los que se enfrenta la industria de los medios de comunicación, especialmente en estos momentos críticos en Kenia.
«Lamentablemente, los acontecimientos que se están produciendo en nuestro espacio mediático siguen afectando a la clasificación de Kenia en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa. Como actores de la industria mediática, estamos dispuestos a colaborar con el Gobierno a todos los niveles», dijo en una entrevista con IPS.
Para Omwoyo, el director general del gremio de medios, «los desafortunados sucesos nos recuerdan que los miembros del Servicio Nacional de Policía siguen siendo el eslabón débil en la búsqueda de la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación en Kenia, tal y como establece nuestra Constitución».
«Hacemos un llamamiento al inspector general de la Policía para que controle a sus agentes y garantice que los periodistas estén protegidos y no sean objeto de acoso mientras desempeñan sus funciones en cualquier entorno de trabajo», planteó.
También dio a entender que, hasta el momento, se han documentado 24 casos de acoso contra periodistas durante las recientes protestas.
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