LONDRES – Es arriesgado intentar proteger el medioambiente en la autoritaria Camboya. Diez jóvenes activistas del grupo ecologista Madre Naturaleza han sido condenados recientemente a largas penas de cárcel.
Dos fueron condenados a ocho años acusados de conspirar e insultar al rey. Otros siete fueron condenados a seis años por conspiración, mientras que uno, un ciudadano español al que se prohibió la entrada en Camboya, fue condenado en rebeldía.
Cuatro de los activistas fueron sacados violentamente de una sentada pacífica a la que se habían sumado frente al edificio del tribunal. Los cinco encarcelados hasta ahora han sido divididos y enviados a prisiones distintas, algunos lejos de sus familias.
Es el último de una larga serie de ataques contra los activistas de Madre Naturaleza. El grupo está siendo castigado por su trabajo para intentar proteger los recursos naturales, prevenir la contaminación del agua y detener la tala ilegal y la extracción de arena.
Un régimen autocrático
El régimen unipartidista de facto de Camboya tolera pocas críticas. Su ex primer ministro, Hun Sen, gobernó el país desde 1985 hasta 2023, cuando cedió el poder a su hijo. Esto ocurrió poco después de unas elecciones no competitivas en las que el único partido de la oposición creíble fue prohibido. Lo mismo ocurrió con las elecciones de 2018.
Esta supresión de la democracia requirió una represión de las voces disidentes, dirigida tanto contra la sociedad civil como contra la oposición política.
Las autoridades han convertido el sistema judicial en un arma. Utilizan tribunales muy politizados para detener a activistas de la sociedad civil y políticos de la oposición durante largos periodos antes de someterlos a juicios manifiestamente injustos.
Los defensores de los derechos medioambientales, laborales y de la justicia social suelen ser acusados de delitos vagamente definidos en el Código Penal, como conspiración e incitación.
El año pasado, nueve sindicalistas fueron condenados por incitación tras declararse en huelga para exigir mejores salarios y condiciones para los trabajadores de casinos.
En 2015, el gobierno introdujo la restrictiva Ley de Asociaciones y Organizaciones No Gubernamentales (Lango), que exige a las organizaciones de la sociedad civil presentar registros financieros e informes anuales, y otorga al Estado amplios poderes para denegar el registro o cancelar la inscripción de organizaciones.
En 2023, Hun Sen amenazó con disolver las organizaciones si no presentaban los documentos.
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El Estado también controla estrechamente los medios de comunicación. Personas cercanas a la familia gobernante dirigen los cuatro principales grupos mediáticos, por lo que en su mayoría siguen la línea del gobierno.
Los medios de comunicación independientes están muy restringidos. El año pasado, las autoridades cerraron una de las últimas plataformas independientes, Voz de la Democracia. La autocensura hace que temas como la corrupción y los problemas medioambientales permanezcan en gran medida ocultos.
Este amplio control político está estrechamente vinculado al poder económico. La familia gobernante y su círculo íntimo están vinculados a toda una serie de proyectos económicos. Las apropiaciones de tierras por parte de funcionarios del Estado son habituales. Esto significa que los activistas de los derechos sobre la tierra y de los pueblos indígenas se encuentran entre las personas perseguidas.
En 2023, los tribunales condenaron a 10 activistas de la tierra a un año de cárcel en respuesta a su activismo contra el acaparamiento de tierras para una plantación azucarera.
Ese mismo año, tres miembros de la Coalición de Comunidades Campesinas de Camboya, un grupo de defensa de los derechos de los agricultores, fueron acusados de incitación y conspiración.
La Lango también se ha utilizado para impedir que grupos comunitarios no registrados participen en patrullas contra la tala de árboles.
La actividad por la que los activistas de Madre Naturaleza fueron acusados de conspiración consistió en documentar el vertido de residuos a un río cercano al palacio real de Nom Pen, la capital.
No es ni mucho menos la primera vez que la acción medioambiental del grupo se gana la ira del Estado. El gobierno se siente amenazado por el hecho de que el activismo de la Madre Naturaleza resuena entre muchos jóvenes.
En 2022, tres activistas del grupo fueron condenados por incitación tras organizar una marcha de protesta ante la residencia del primer ministro contra el relleno de un lago para la construcción.
Un año después, Madre Naturaleza entregó una petición en la que instaba al gobierno a dejar de conceder terrenos a empresas privadas en el Parque Nacional de Kirirom, donde hay pruebas de que se concedieron licencias a personas relacionadas con políticos del partido gobernante.
En respuesta, el Ministerio de Medio Ambiente dijo que Madre Naturaleza era una organización ilegal y que sus acciones iban «en contra de los intereses de la sociedad civil camboyana».
Los medios de comunicación también se meten en problemas si informan sobre la delicada cuestión de la explotación de la tierra.
En 2023, las autoridades revocaron las licencias de tres medios de comunicación por publicar informes sobre la implicación de un alto funcionario en el fraude de tierras. Un año antes, dos equipos de reporteros que cubrían una operación de deforestación fueron detenidos violentamente.
Retos regionales
La represión del activismo medioambiental no se limita a Camboya. En el vecino Vietnam, el Estado comunista de partido único también está tomando medidas enérgicas contra los activistas del clima y el medio ambiente.
En parte, esto se debe a que, como en Camboya, el activismo climático y medioambiental arroja cada vez más luz sobre las prácticas económicas destructivas para el medio ambiente de los líderes autoritarios.
El uso progresivo por parte de Camboya de la acusación de insultar al rey para reprimir la disidencia legítima también se hace eco de una táctica utilizada con frecuencia en Tailandia, donde las autoridades han encarcelado a jóvenes defensores de la democracia por violar una arcaica ley de lesa majestad que penaliza las críticas al rey.
Otros Estados represivos están siguiendo su ejemplo, como Camboya, donde la ley sobre insultos al rey se introdujo cuando la represión estaba muy avanzada en 2018.
Camboya es una prueba fehaciente de cómo la negación de la democracia y la represión que conlleva permiten políticas destructivas para el medio ambiente que afectan aún más a la vida y los derechos de las personas. La solución para proteger el medio ambiente y evitar un cambio climático galopante es menos represión, más democracia y una sociedad civil más capacitada.
Los socios internacionales de Camboya deberían insistir en ello en sus relaciones con el Estado. Deben presionar a las autoridades para que liberen a los activistas de Madre Naturaleza encarcelados, que merecen pasar los próximos años ayudando a hacer de su país un lugar mejor, no pudriéndose en la cárcel.
Andrew Firmin es redactor jefe de Civicus, codirector y redactor de Civicus Lens y coautor del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
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