GINEBRA – El Supremo Tribunal y el Senado de Brasil deben garantizar los derechos de sus pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos naturales, y suspender la aplicabilidad de una ley que puede privarlos de sus áreas tradicionales, planteó este jueves 11 un relator especial de las Naciones Unidas.
En particular “preocupan las nuevas iniciativas legislativas en el Senado que apuntan a consolidar la doctrina del ‘Marco Temporal’ en la Constitución”, dijo el abogado guatemalteco José Francisco Calí Tzay, relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“Si bien elogio al Tribunal Supremo por su decisión de rechazar la doctrina del ‘Marco Temporal’, me preocupa especialmente el corto tiempo transcurrido entre esa sentencia en septiembre de 2023 y la aprobación por parte del Congreso de la Ley 14.701/2023 en diciembre de 2023 que implementa esta doctrina”, dijo Calí Tzay.
El Marco Temporal establece que la demarcación de los territorios indígenas está condicionada a la ocupación de las tierras reclamadas al momento de la adopción de la Constitución de Brasil el 5 de octubre de 1988.
Las organizaciones indígenas de Brasil, que representan a unos 300 pueblos originarios con 1,7 millones de personas, 0,8 % de la población del país, consideran que ese marco es una “ley del genocidio”, pues favorecería el despojo o intervención de tierras ancestrales en favor de empresas agroindustriales y mineras.
Calí Tzay, indígena maya cachiquel, ha criticado la implementación de la doctrina del Marco Temporal, y su aceptación por el más alto tribunal, como una violación de las normas internacionales de derechos humanos.
Esas normas “reconocen los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras basados en el uso y posesión tradicionales sin limitación temporal”, afirmó el experto ante el Consejo de Derechos Humanos en esta ciudad suiza.
Tras la aprobación de la ley el pasado septiembre “no quedó claro qué podría justificar una nueva discusión de la interpretación jurídica ya determinada por el Tribunal Supremo”, apuntó Calí Tzay.
“También me preocupan las nuevas iniciativas legislativas en el Senado que apuntan a consolidar la doctrina del ‘Marco Temporal’ en la Constitución”, agregó.
La Ley 14.701/2023, que regula la doctrina del Marco Temporal, es impugnada ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil mediante cinco procesos judiciales que buscan su declaración de inconstitucionalidad.
El 22 de abril de 2024, el Supremo suspendió estos procesos judiciales y sugirió en su lugar un proceso de mediación y conciliación de los intereses de los pueblos indígenas y de las empresas agroindustriales.
“Me preocupa que esta suspensión esté dirigida a los procesos judiciales que discuten la constitucionalidad de la Ley 14.701, pero no impide que la ley cuestionada se aplique a todos los procesos de demarcación en curso, lo que puede generar daños irreparables”, destacó el relator de la ONU.
Por añadidura, el antagonismo entre los poderes involucra también al Ejecutivo, ya que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetó las disposiciones legales que imponían el Marco Temporal, pero su veto resultó anulado por senadores y diputados conservadores y en parte vinculados al agronegocio de exportación.
Calí Tzay subrayó que “los derechos de los pueblos indígenas están consagrados y garantizados por las normas jurídicas internacionales”, incluida la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, “y no son enajenables ni negociables”.
En Brasil esos derechos “deben reconocerse, aplicarse y respetarse tanto a nivel federal como estadal, mediante procesos de demarcación y protección de las tierras y territorios indígenas o mediante políticas nacionales para garantizar el derecho a la vida, la salud y la seguridad de los pueblos indígenas”, insistió el experto.
“Recuerdo al Estado brasileño que las tierras y territorios tradicionalmente poseídos u ocupados por los pueblos indígenas son elementos definitorios de su identidad, cultura y relación con sus ancestros y generaciones futuras”, agregó.
Más aún, “abrir el camino a políticas extractivas en beneficio exclusivo de intereses empresariales legitimará la violencia contra los pueblos indígenas y violará sus derechos a las tierras, territorios y recursos naturales tradicionales”, aseveró.
También señaló que, en el contexto del cambio climático, las tierras tradicionalmente ocupadas o poseídas por los pueblos indígenas son vitales para la protección de la biodiversidad y contribuyen al equilibrio climático “debido a la relación armoniosa y espiritual que mantienen con la naturaleza”.
“Permitir actividades mineras, explotación de oro y cría de ganado también formalizaría un retroceso ambiental total, comprometiendo el cumplimiento de las metas asumidas por Brasil en los tratados internacionales que apuntan a revertir el cambio climático con urgencia”, abundó el especialista.
Por eso “hago un llamado a la Corte Suprema de Brasil para que suspenda la aplicación de la Ley 14.701 hasta que se adopte una decisión sobre su constitucionalidad”, planteó finalmente el relator especial de la ONU.
A-E/HM
