LONDRES – La marea política ha cambiado en el Reino Unido y la sociedad civil espera como consecuencia el fin de la hostilidad gubernamental.
Las elecciones generales del 4 de julio pusieron fin a 14 años de gobierno del derechista Partido Conservador, también conocido internamente como el de los tories. El partido laborista de centro-izquierda ha vuelto al poder, ganando 411 de los 650 escaños parlamentarios.
Detrás de los titulares, sin embargo, hay pocas razones para pensar que el periodo de volatilidad política del Reino Unido ha terminado, y las repercusiones del referéndum sobre el brexit de 2016, profundamente polarizante, siguen repercutiendo en la política.
Keir Starmer se ha convertido en primer ministro como resultado de las elecciones más desproporcionales de la historia del Reino Unido.
El arcaico sistema electoral del país, basado en el sistema uninominal mayoritario por distritos, significa que su partido obtuvo alrededor de 63 % de los escaños con solo 34 % de los votos proporcionales, un aumento de solo alrededor de 1,5 % respecto a su participación de 2019 y menos que cuando quedó segundo en 2017.
El entusiasmo del electorado por Starmer y sus promesas de reformas prudentes fue poco perceptible. Pero con precios altos, servicios públicos deficientes y una crisis de la vivienda, mucha gente quería cualquier cambio disponible.
En general, la opinión pública consideraba que el gobierno conservador era egoísta y estaba fuera de lugar, y que debía desaparecer.
Los laboristas no fueron los únicos en beneficiarse de la pérdida de apoyo a los conservadores. Los partidos más pequeños y los independientes obtuvieron su mayor porcentaje de votos en un siglo.
El partido populista de derechas Reform UK quedó tercero con 14,3 % de los votos, obteniendo sus mejores resultados en las zonas que más habían apoyado la salida del país de la Unión Europea, aunque el sistema electoral hizo que solo obtuviera cinco escaños.
La mayoría parlamentaria laborista resultante es amplia pero poco profunda: ganó muchos escaños por márgenes pequeños. Es de esperar que el reformismo, que ha quedado segundo con 98 escaños, intente aprovechar el desorden del Partido Conservador, hacer todo el ruido que pueda en el Parlamento y esperar un gran avance la próxima vez.
Los políticos conservadores pueden decidir que la lección es virar más a la derecha, y no se puede descartar una alianza o fusión entre las dos fuerzas de derechas.
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El descontento y la falta de compromiso también se reflejaron en una participación de 59,9 %, una de las más bajas de la historia.
Puede haber varias razones: la sensación de que la victoria laborista estaba cantada y las medidas de identificación de votantes introducidas por el último gobierno conservador, que pueden haber impedido votar a 400 000 personas.
Pero es difícil escapar a la conclusión de que al menos algunos de los que se quedaron en casa pensaron que no tenía sentido elegir entre los partidos que se ofrecían.
Es hora de reclamar derechos
Para hacer frente a la desafección y alejar la amenaza del populismo de derechas, los laboristas tendrán que demostrar que pueden marcar la diferencia a la hora de abordar el malestar económico y social del Reino Unido.
El respeto del espacio cívico y la colaboración con la sociedad civil pueden ser una señal de cambio y una forma de crear alianzas positivas para abordar los problemas. Aquí hay mucho margen de mejora.
Bajo el último gobierno, la hostilidad hacia la sociedad civil creció y las libertades cívicas se resintieron. El año pasado, la calificación del espacio cívico del Reino Unido fue rebajada a «obstruido» por el Monitor de Civicus, nuestro proyecto de investigación colaborativa que realiza un seguimiento de la salud del espacio cívico en todo el mundo.
La razón principal fueron las nuevas leyes que aumentaron significativamente las restricciones a las protestas y ampliaron los poderes de la policía para disolverlas y detener a los manifestantes. Los activistas climáticos han sido el principal objetivo.
Otros artículos de Andrew Firmin para IPS.
A medida que el gobierno saliente se retractaba de sus promesas de cero emisiones netas y se comprometía a aumentar la extracción de petróleo y gas, los activistas adoptaron cada vez más la acción directa no violenta.
La respuesta del gobierno fue vilipendiar a los manifestantes contra el cambio climático, apoyándose en leyes que criminalizan las protestas consideradas ruidosas o perturbadoras.
Las detenciones masivas de manifestantes se han convertido en algo habitual, y ya no es raro que se impongan penas de cárcel por delitos relacionados con las protestas.
Recientemente, los manifestantes contra la monarquía y los que exigen medidas más enérgicas contra Israel han recibido un trato similar.
Mientras tanto, el gobierno ya desalojado alimentó sin descanso la hostilidad pública hacia los inmigrantes, en particular hacia los que cruzaban el Canal de la Mancha sin vías legales.
Su política de «entorno hostil» provocó el escándalo Windrush, en el que personas que llevaban décadas viviendo legalmente en el Reino Unido fueron detenidas y deportadas por falta de documentación que nunca habían necesitado.
Más recientemente, el ultimo gobierno tory introdujo su política de Ruanda, amenazando con expulsar permanentemente a personas al autoritario Estado de África oriental.
Cuando, en respuesta a una demanda de la sociedad civil, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que la política era ilegal porque Ruanda no era un país seguro al que enviar a la gente, el gobierno aprobó una ley que lo declaraba seguro, y sus políticos más derechistas pidieron que el Reino Unido abandonara el tribunal.
Al mismo tiempo, el gobierno asaltó su presupuesto de ayuda para cubrir los costes de acoger a solicitantes de asilo en el Reino Unido.
En 2020, el gobierno fusionó su ministerio de Desarrollo Internacional con el de Asuntos Exteriores y, en 2021, abandonó su compromiso de destinar 0,7 % de la renta nacional bruta a la ayuda internacional.
El año pasado, gastó solo algo más de una cuarta parte de su presupuesto de ayuda -dinero que debería utilizarse para ayudar a acabar con la pobreza y la desigualdad en el Sur global- en acoger a solicitantes de asilo en el Reino Unido.
Como parte de su giro a la derecha, el Partido Conservador también dio marcha atrás en sus compromisos con los derechos LGBTIQ+, librando una guerra cultural contra los derechos de las personas trans, incluso prometiendo prohibir los baños de género neutro y prohibir el debate sobre la identidad de género en las escuelas.
El Reino Unido pasó de ser el país más respetuoso con el colectivo LGBTIQ+ de Europa a ocupar el puesto 16. Como ocurre cada vez que los políticos vilipendian a un grupo excluido, los delitos de odio contra las personas trans alcanzaron niveles récord.
Todo esto deja a la sociedad civil con una gran agenda que llevar al nuevo gobierno. Ha habido algunos primeros signos alentadores. El gobierno abandonó de inmediato el plan Ruanda. También ha revocado la prohibición de los parques eólicos terrestres. Pero aún quedan muchas cuestiones por resolver.
La mejor manera de señalar un nuevo comienzo sería comprometerse a respetar y reparar el espacio en el que pueden articularse las demandas: reconstruir las relaciones con la sociedad civil, restaurar el derecho a la protesta y revertir los ataques contra los derechos humanos.
Andrew Firmin es redactor jefe de Civicus, codirector y redactor de Civicus Lens y coautor del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
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