LONDRES – El ejército de Myanmar, en guerra con las fuerzas prodemocráticas y las milicias étnicas, debe saber que no está cerca de la victoria. Hace poco estuvo a punto de perder el control de Myawaddy, una de las mayores ciudades del país, en un punto clave de la frontera con Tailandia. Son muchas las zonas que están fuera de su control.
El ejército seguramente esperaba un camino más fácil cuando derrocó al gobierno elegido por las urnas en un golpe de Estado el 1 de febrero de 2021.
Ese mismo ejército había gobernado Myanmar durante décadas antes del retorno de la democracia en 2015. Pero muchos partidarios de la democracia tomaron las armas, y en varias partes del país se aliaron con milicias de las minorías étnicas de Myanmar, con un largo historial de resistencia a la opresión militar.
Contratiempos y violencia
La moral del ejército se ha hundido. Miles de soldados se han rendido, incluso batallones completos, algunos por objeciones morales a la violencia de la junta y otros porque consideraban inevitable la derrota.
También se han producido muchas deserciones, y los desertores han informado de que se les había ordenado matar a civiles desarmados. Las fuerzas que luchan contra las tropas de la Junta animan a los desertores a unirse a sus filas.
En respuesta a las deserciones, en febrero la Junta gobernante anunció que introduciría el servicio militar obligatorio para los jóvenes, donde se va a exigir hasta cinco años de servicio militar. Se calcula que unos 60 000 hombres serán llamados a filas en la primera ronda.
El anuncio llevó a muchos jóvenes a huir del país si estaba en sus manos, y si no, a buscar refugio en zonas de Myanmar libres del control militar.
También se ha denunciado que escuadrones del ejército secuestran a personas y las obligan a servir. Con una formación mínima, son carne de cañón y escudos humanos.
Los rohinyás, una minoría musulmana declarada oficialmente como apátrida, son algunos de los alistados a la fuerza. El mismo ejército que cometió un genocidio contra ellos les obliga ahora a servir.
Los que consiguen cruzar a Tailandia se enfrentan a la hostilidad de las autoridades tailandesas y corren el riesgo de ser devueltos contra su voluntad.
Incluso después de salir de Myanmar, los refugiados se enfrentan al peligro de la represión transnacional, ya que los agentes de inteligencia del gobierno operan en los países vecinos y las autoridades están congelando cuentas bancarias, confiscando bienes y cancelando pasaportes.
El reclutamiento no es solo una forma de proporcionar a la junta más personal para compensar sus pérdidas, sino que también forma parte de una campaña sostenida de terror destinada a someter a los civiles y suprimir el activismo.
Se queman barrios hasta los cimientos y cientos de personas mueren entre las llamas. Las fuerzas aéreas atacan ciudades y pueblos desarmados. La Junta goza de total impunidad por estos y otros muchos actos viles.
Las autoridades retienen a miles de presos políticos acusados de cargos falsos y los someten a torturas sistemáticas.
La misión independiente de investigación de la ONU informa de que al menos 1703 personas han muerto bajo custodia desde el golpe militar, lo que probablemente sea una subestimación. Muchas han sido declaradas culpables en juicios militares secretos y algunas condenadas a muerte.
También hay una creciente crisis humanitaria, con muchos hospitales destruidos, grave escasez de alimentos en el estado de Rakhine, donde se concentra los rohinyás, y de donde unos tres millones huyeron y están ahora desplazados.
Los grupos de voluntarios hacen todo lo que pueden para ayudar a las comunidades, pero la situación empeora aún más porque los militares obstaculizan el acceso de los trabajadores humanitarios.
Desatención internacional
En marzo, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, describió la situación en Myanmar como «una pesadilla interminable». Corresponde a la comunidad internacional ejercer la presión necesaria para acabar con ella.
No es seguro que los militares sean derrotados. La adversidad podría provocar luchas internas y el ascenso de líderes aún más despiadados. Algo que podría marcar una diferencia decisiva es la interrupción de la cadena de suministro, en particular del combustible para aviones que permite los letales ataques aéreos contra civiles.
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En abril, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución en la que pedía a los Estados que dejaran de suministrar combustible de aviación al ejército. Los Estados deben aplicarla.
Estados represivos como China, India y Rusia se han mostrado bastante satisfechos de seguir suministrando armas a la Junta.
Pero los Estados democráticos deben tomar la iniciativa y ejercer una presión más concertada. Algunos, como Australia, Reino Unido y Estados Unidos, han impuesto nuevas sanciones a miembros de la Junta este año, pero han tardado en llegar y no están a la altura de lo que exige la resolución del Consejo de Derechos Humanos.
Pero la peor respuesta ha venido de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), a la que pertenece Myanmar. Ignorando la realidad y las propuestas de la sociedad civil, la Asean se ha ceñido a un plan que desarrolló en abril de 2021 y que sencillamente no ha funcionado.
La Junta se aprovecha de la debilidad de la Asean. Anunció el reclutamiento obligatorio poco después de una visita del enviado especial de la Asean a Myanmar.
La negligencia de la Asean ha permitido que florezcan las violaciones de los derechos humanos y, cada vez más, el crimen organizado transnacional.
La Junta está implicada en delitos como el tráfico de drogas, las apuestas ilegales y el fraude en línea. Utiliza el producto de estos delitos, a menudo con la ayuda de bandas chinas, para financiar la guerra contra su pueblo.
Como resultado, Myanmar ocupa ahora el primer puesto en el Índice Mundial de Delincuencia Organizada. Se trata de un problema regional que afecta también a la población de los países vecinos de Myanmar.
Los miembros de la Asean también tienen la obligación de aceptar a los refugiados de Myanmar, incluidos los que huyen del servicio militar obligatorio. Deben comprometerse a protegerlos y a no obligarlos a regresar, especialmente cuando se trata de activistas por la democracia y los derechos humanos cuyas vidas correrían peligro.
El reclutamiento forzoso debe ser el punto de inflexión para la acción internacional. Esto debe incluir la justicia internacional, ya que no existe en Myanmar.
La Junta ha hecho caso omiso de la orden de la Corte Internacional de Justicia de proteger a la población rohinyá y evitar acciones que puedan violar la Convención sobre el Genocidio, a raíz de un caso presentado por el gobierno de Gambia en el que se alega genocidio contra los rohinyá.
El Consejo de Seguridad de la ONU debe hacer uso ahora de su poder para remitir a Myanmar a la Corte Penal Internacional, de modo que puedan comenzar los procesamientos de los líderes militares.
China y Rusia, que hasta ahora se han negado a respaldar las peticiones de acción, deben poner fin a su bloqueo a la acción del Consejo de Seguridad, en interés de los derechos humanos y para evitar la creciente inestabilidad regional.
Andrew Firmin es redactor jefe de Civicus, codirector y redactor de Civicus Lens y coautor del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
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