NAIROBI – Por primera vez en la historia, los jóvenes de Kenia se han movilizado en protestas a gran escala para exigir que la clase política los escuche. El proyecto de Ley de Finanzas 2024, que proponía nuevos impuestos en variados sectores, fue el catalizador de la indignación entre una juventud que se siente traicionada por décadas de fallidas promesas políticas.
Las protestas, impulsadas por reivindicaciones económicas y sociales, se intensificaron drásticamente por todo el país, culminando en enfrentamientos con la policía que causaron numerosas muertes y disturbios generalizados.
El presidente, William Ruto, anunció el miércoles 26 la retirada de la ley confusamente aprobada un día antes, en una jornada de violencia desatada en Nairobi, con protestas duramente reprimidas y que terminaron con al menos 23 muertos por heridas de bala y la quema parcial de la sede del Parlamento.
Las calles de las principales ciudades de Kenia se han convertido durante la tramitación del proyecto de ley en campos de batalla, mostrando un notable despliegue de agitación juvenil. Cientos de manifestantes se enfrentaron a arrestos y detenciones ilegales, y muchos otros resultaron heridos en el caos.
En medio de estas tumultuosas escenas que se apoderaron de Kenia, las jóvenes manifestantes emergieron como una fuerza a tener en cuenta, hombro con hombro con sus homólogos masculinos en desafío a las medidas fiscales punitivas. Su presencia en las caóticas protestas no solo fue significativa, sino transformadora, ya que marcharon sin miedo a la refriega, decididas a hacer oír su voz.
La joven Wanjiku Stephens, ataviada con un luminoso chubasquero verde, se convirtió en un emblema de valentía al marchar hacia un cañón de agua de la policía. Su acto de solidaridad con un compañero de protesta conmocionó a muchos en este país de África oriental.
“Yo estaba un poco más atrás cuando vi a un joven alcanzado por el cañón de agua. Un chico joven y enérgico que no solo creía en sí mismo, sino también en la gente. Fue entonces cuando me dije que tenía que alzar la voz como mujer», relató, con una voz teñida de una mezcla de miedo y determinación.
Wanjiku dijo que no podía precisar de dónde procedía su coraje, solo que se encontraba “en primera línea, inquebrantable”.
Shakira Wafula se enfrentó con valentía a la policía antidisturbios, imitando el espíritu de Wanjiku.
“Estoy aquí por Kenia, por mi pueblo. Estoy aquí por vuestros derechos. Empujadme», declaró desafiante, vestida de negro, levantando el puño y sosteniendo una bandera keniana.
La frustración de Shakira era palpable cuando describió su encuentro. “La policía intentó controlar mis movimientos. Esto aumentó mi presión”, explicó.
Wanjiku también destacó las quejas específicas de las mujeres en relación con la no sancionada Ley de Finanzas. “Si nos fijamos bien en la Ley de Finanzas, hay muchas cosas que nos afectan como mujeres. Desde las toallas sanitarias hasta todo lo relacionado con el hogar, que es responsabilidad de la mujer”, señaló.
“En otros países, los productos sanitarios son gratuitos, ¿por qué no en Kenia? ¿Por qué nos cobran por tener la regla, algo que no hemos elegido?», se pregunta.
El gobierno actual alegó que la administración anterior se había endeudado fuertemente con gobiernos extranjeros, por lo que la aparcada Ley de Finanzas pretendía aumentar e introducir nuevos impuestos para pagar esta deuda y, al mismo tiempo, hacer que el país dependiera menos de la deuda externa.
Con ello se quería, según se alegó, salvar la brecha de la deuda y recaudar ingresos para financiar la medida gubernamental de subvencionar los insumos agrícolas. Los impuestos sobre productos de primera necesidad, como el pan y las toallas sanitarias, enfurecieron a los jóvenes y en general a la población keniana de más de 55 millones.
A diferencia de manifestaciones anteriores, caracterizadas por las piedras y las armas de fuego, los manifestantes de la llamada Generación Z optaron por los cánticos pacíficos, documentaron sus protestas con sus teléfonos e incluso las retransmitieron en directo para llegar a un público más amplio.
Su forma de actuar es testimonio de una nueva ola de activismo, que aprovecha la tecnología y la resistencia pacífica para amplificar su mensaje.
Además, las imágenes de mujeres implacables en la protesta, redefinieron su papel en la lucha de Kenia por una sociedad más justa y equitativa. Y su valor y determinación se convirtieron en un poderoso símbolo del levantamiento juvenil, inspirando a muchas otras a unirse a la causa.
Muchos consideran que el proyecto de Ley de Finanzas era una carga inasumible para los kenianos comunes, que agravaría sus ya muchas dificultades económicas, privilegiaría a unos pocos y al gobierno que tendría más dinero para gastar.
Los jóvenes, que ya se enfrentan a una elevada tasa de desempleo a pesar de tener estudios, vieron en el acantonado proyecto de ley un ataque directo a sus perspectivas económicas. Su frustración ha sido palpable y creciente este mes, y sus acciones dicen mucho de su desesperación y determinación.
En un intento de reprimir las protestas, las fuerzas del orden recurrieron al uso de munición real, porras, cañones de agua y granadas de gas lacrimógeno. Este enfoque represivo de mano dura causó un número considerable de muertos y heridos, aunque el saldo exacto sigue siendo incierto.
Según el Código de Conducta de las Naciones Unidas para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (1979) y los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (1990), solo debe emplearse la fuerza mínima necesaria para fines legítimos de cumplimiento de la ley durante una manifestación.
Estas normas internacionales ponen de relieve el carácter excesivo de la fuerza empleada contra los manifestantes kenianos, lo que suscita graves preocupaciones en materia de derechos humanos.
La ira y la determinación de los jóvenes alcanzaron su punto álgido cuando ocuparon el recinto del Parlamento, una de las zonas más protegidas del país. Consiguieron violar la seguridad y entrar en la cámara bicameral, lo que provocó el martes 25 escenas caóticas y sin precedentes.
Al menos cuatro manifestantes murieron por disparos mientras la policía luchaba por dispersar a los más alborotadores el martes 25.
La situación se agravó aún más cuando los manifestantes destrozaron ventanas e incendiaron la nueva ala del edificio del Parlamento, causando importantes daños y obligando a los diputados y al personal parlamentario a buscar refugio.
El uso de munición real para sofocar los disturbios, junto con los informes de detenciones arbitrarias e intimidación de activistas, ha suscitado duras críticas de abogados y grupos de derechos humanos. Sostienen que tales medidas no sólo son excesivas, sino que también violan los derechos fundamentales de los manifestantes.
La respuesta del presidente Ruto a las protestas ha sido también controvertida. En un discurso nacional pronunciado la noche del martes 25, condenó a los manifestantes como criminales y pidió la intervención militar, sin reconocer las muertes causadas por la acción policial.
A medida que se asientan los ánimos, las implicaciones más amplias de estas protestas para la sociedad y la política keniatas se hacen más evidentes.
Los ataques contra empresas que se consideran afines a los políticos que apoyan la Ley de Finanzas ponen de manifiesto la profunda frustración y desconfianza de los jóvenes. La posibilidad de que se produzcan más disturbios en el futuro es grande, ya que la generación joven sigue exigiendo justicia y equidad económica.
En un sorprendente giro de los acontecimientos, Ruto sucumbió el miércoles a la presión de la Generación Z y al resto de la opinión pública, lo que le llevó a tomar la decisión sin precedentes de no sancionar la ley y retirarla de hecho.
Antes el día 18, ante las recias protestas, el Parlamento había decidido eliminar de los proyectados impuestos sobre el pan, los productos del petróleo, los vehículos y las transacciones financieras, mientras redujo las tasas proyectadas para el seguro médico y la vivienda, entre otros rubros.
Pero los manifestantes que tomaron las calles en cifras récord para el país, siguieron exigiendo la retirada total del proyecto.
«Escuchando atentamente al pueblo de Kenia, que ha dicho en voz alta que no quiere tener nada que ver con esta Ley de Finanzas para 2024, cedo. Por lo tanto, no firmaré el proyecto de ley de finanzas para 2024, y posteriormente será retirado. He acordado con estos miembros que esta sea nuestra posición colectiva», declaró Ruto en su discurso televisado del miércoles 26.
Sin embargo, esta decisión suscitó un debate sobre si es legal que el representante del Poder Ejecutivo retire una ley emanada del Poder Legislativo.
El legislador de Rarieda Paul Otiende Amolo, que desempeñó un papel clave en la elaboración de la Constitución de 2010, señaló que el presidente no puede retirar unilateralmente un proyecto de ley, ya que no es miembro del Parlamento.
«Para matizar esto desde el punto de vista constitucional, la vía legal es que el presidente haga constar sus reservas sobre todos los aspectos del proyecto de ley, incluido el título, y luego devuelva el proyecto al Parlamento en un plazo de siete días. El Parlamento vota entonces para aprobar cada reserva, anulando de hecho el proyecto de ley», explicó el abogado Waiko Wanyoike.
Los defensores de los derechos humanos no tardaron en pronunciarse sobre el asunto.
Wangeci Grace Kahuria, directora ejecutiva de Independent Medical Legal Unit y coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Reformas Policiales, dijo que “los manifestantes no son los traidores, sino que lo son los actos del presidente”.
Aseguró que “el artículo 241/2/c de la Constitución requiere la aprobación de la Asamblea Nacional (cámara baja) pero nunca lo pidió, por lo que el despliegue de las Fuerzas de Defensa de Kenia fue ilegal y empeoró las matanzas».
Joshua Changwony, director ejecutivo de Constitution and Reform Education Consortium,, destacó el carácter generalizado de las protestas, subrayando que participaron 67 ciudades de todo el país, lo que lo convierte en un movimiento nacional y no en un asunto localizado en Nairobi.
En diálogo telefónico con IPS, el experto legal Willis Otieno comentó sobre las implicancias políticas.
“El Parlamento, por así decirlo, ya está impugnado a los ojos del pueblo de Kenia. Esta es una respuesta al pueblo que ejerce su derecho del Artículo 1 de la Constitución exigiendo un rechazo en lugar de una retirada».
Argumentó que el pueblo había «impugnado» de hecho al Parlamento, dejándolo impotente en este contexto. “La Ley de Finanzas es una ley de ingresos, lo que significa que las enmiendas introducidas el año pasado seguirán en vigor. Esto obliga al gobierno a volver a la mesa de dibujo y reducir el presupuesto», añadió.
Otieno consideró que las idas y vueltas del gobierno durante la crisis confirman que “no tenemos un gobierno que funcione».
“Los legisladores se negaron a escuchar a la gente que les daba su opinión. Los mismos legisladores aplaudieron cuando el presidente retiró el proyecto de ley, y sin embargo fueron ellos quienes lo aprobaron», señaló Otieno.
Para Otieno, el presidente, el vicepresidente y el resto del gobierno “tienen un deber con los kenianos: dejar sus cargos y dimitir porque, según admiten, están eludiendo responsabilidades ante otros a los que el pueblo de Kenia no eligió».
Mientras Kenia atraviesa esta coyuntura crítica, la voz de su juventud sigue resonando en los pasillos del poder, señalando un profundo cambio en el panorama político del país.
La acción colectiva de una nueva generación no solo ha forzado un cambio político significativo, sino que también ha desencadenado un debate más amplio sobre la rendición de cuentas, la gobernanza y el poder del pueblo en este país africano, regido formalmente por una democracia multipartidista y una presidencia representativa.
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