BRATISLAVA – Cuando el saudí Abdulrahman al Khalidi huyó de Turquía a Bulgaria tras el asesinato allí de su connacional, el colega y disidente Jamal Khashoggi, pensó que se dirigía a un lugar seguro y protegido en la Unión Europea (UE).
Pero, según asegura, acabó enfrentándose dramáticamente a lo contrario.
“Cuando llegué a Bulgaria, pensé que iba a entrar en un sistema europeo de asilo, pero lo que firmé fue en realidad un contrato de esclavitud. Donde estoy ahora, pueden tratarte como animales”, dice a IPS este activista de derechos humanos de Arabia Saudí.
Al Khalidi habla desde el centro de detención de inmigrantes de Busmantsi, a las afueras de la capital búlgara, Sofía, donde permanece recluido desde noviembre de 2021.
Dice que desde que llegó al centro ha sufrido “una pesadilla”, con una detención inexplicable en condiciones espantosas y numerosas violaciones de sus derechos, incluida una paliza policial. Ha intentado quitarse la vida y afirma que su salud mental se ha resentido drásticamente durante su reclusión en el lugar.
“Me tratan de forma injusta e ilegal. Lo que me está ocurriendo no tiene sentido ni para mí ni para nadie. Esto ha sido muy difícil para mí mentalmente. Todos los días espero que alguien venga y me diga que puedo irme, pero eso nunca ocurre”, afirma.
Al Khalidi, activista político y conocido disidente saudí de 31 años, llegó a Bulgaria en octubre de 2021.
Ha sido un destacado defensor de los derechos humanos y de las reformas democráticas en su país, junto con reconocidas figuras saudíes como el periodista y columnista Khashoggi, asesinado en el consulado saudí en Estambul en octubre de 2018.
Al Khalidi abandonó su país en 2013, tras las detenciones masivas que siguieron a la Primavera Árabe. Buscó primero refugio en Egipto y luego en Qatar y Turquía, donde trabajó como periodista escribiendo artículos críticos sobre el régimen saudí, antes de decidir adentrarse en la UE para solicitar asilo.
Fue detenido al cruzar la frontera con Bulgaria y de inmediato solicitó asilo. Pero se lo denegó la Agencia para los Refugiados de Bulgaria, que decidió que las autoridades saudíes habían tomado medidas para democratizar la sociedad y rechazó su solicitud de asilo por motivos humanitarios.
Todo ello a pesar de las protestas de Al Khalidi y las advertencias de grupos de derechos humanos de que correría grave peligro si lo devolvían a su país.
“Si me devuelven a Arabia Saudí, en 100 por ciento me matarán o desapareceré en la cárcel”, sentencia.
Presentó un recurso contra la decisión, pero lo rechazó un tribunal de primera instancia. Entonces llevó su caso ante el Tribunal Supremo, que en abril dictaminó que la Agencia Estatal para los Refugiados debía reconsiderar su solicitud de asilo.
Según el Tribunal, no estaba justificado el motivo aducido para su rechazo inicial, una recomendación de la Agencia de Seguridad Nacional búlgara según la cual Al Khalidi suponía un riesgo para la seguridad de Bulgaria.
Tras el fallo, la Agencia Estatal para los Refugiados debe adoptar una nueva decisión sobre su asilo en los próximos meses.
Los defensores de los derechos humanos afirman que no ven razón alguna para que no se conceda su solicitud de asilo.
“Nunca me he encontrado con un caso de refugiado tan claro como el de Abdulrahman», dijo a IPS Victor Lilov, miembro en Bulgaria de la Federación Internacional de Helsinki para los Derechos Humanos.
Mientras, Al Khalidi reconoce que ha perdido la fe en el proceso de asilo en Bulgaria. “ Ya no confío en las autoridades», dice.
Su desconfianza se debe a que lleva dos años y medio luchando para que se tramite adecuadamente su solicitud de asilo y también contra lo que él y los activistas de derechos humanos consideran su detención “injusta e ilegal” en el centro de Busmantsi.
Según la regulación búlgara sobre migración, los solicitantes de asilo solo deben ser internados en centros cerrados, como el de Busmantsi, como medida temporal mientras se establece su identidad y los hechos en torno a su solicitud de asilo.
En ningún caso deben ser retenidos en ellos únicamente por haber solicitado asilo. Pero existe una disposición en virtud de la cual un migrante puede ser recluido en instalaciones cerradas si se considera una amenaza para la seguridad nacional.
Al Khalidi lleva encerrado en el centro de Busmantsi desde pocas semanas después de su detención inicial.
En 2022 presentó una demanda judicial por su detención, pero un tribunal de primera instancia la desestimó y se ordenó que permaneciese recluido en el centro.
El activista saudí describe las condiciones de Busmantsi como terribles y pone como ejemplo que la atención médica es inadecuada, faltan instalaciones higiénicas básicas y hay plagas de insectos que causan infecciones y enfermedades. Añade que el centro se gestiona como una prisión con estrictas restricciones de movimientos y libertades para las personas alojadas.
También afirma que, a finales de marzo, agentes de seguridad del centro lo agredieron después de que ofreciera comida a otros detenidos en el centro. Lo llevaron a los aseos, donde no hay cámaras, y lo golpearon y asfixiaron repetidamente durante una hora antes de llevarlo de nuevo a su habitación, donde lo esposaron a la cama durante otras dos horas y media.
Dice que su calvario de los últimos años le ha pasado una factura mental y física enorme, que no ha hecho más que empeorar por lo que, según él, han sido decisiones inexplicables de las autoridades búlgaras respecto a su caso.
En enero de este año, el Tribunal Supremo anuló la sentencia de 2022 de un tribunal de primera instancia sobre su detención y ordenó su liberación inmediata. Pero la sentencia fue bloqueada por la Agencia de Seguridad Nacional, reiterando su alegato de que representaba una amenaza para la seguridad nacional.
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Al Khalidi insiste en que no representa amenaza alguna para la seguridad nacional y afirma que no entiende la causa de su larga permanencia en el centro de detención.
“Ya no sé más qué hacer. No entiendo cómo pueden seguir reteniéndome aquí”, repite.
Lilov subraya que su detención es ilegal bajo todas las normas de Bulgaria y de la UE.
“La decisión del Tribunal Supremo del 18 de enero de poner en libertad a Abdulrahman fue inmediata e inapelable. La Agencia Estatal para los Refugiados y la Agencia Nacional de Seguridad se han negado hasta ahora a aplicar esta decisión, por lo que su detención es ilegal”, destaca.
Añade que “este centro ‘de alojamiento’ para migrantes está destinado, por lo general, a quienes han agotado todos los procedimientos y tienen órdenes de extradición y esperan allí el transporte adecuado. Solo en casos excepcionales, la ley permite alojar a los solicitantes de asilo en lugares cerrados hasta que dejen de darse las circunstancias que exigen su detención”.
“En el caso de Abdulrahman, tenemos decisiones de última instancia del Tribunal Supremo que dicen que debe ser puesto en libertad y que la Agencia Estatal para los Refugiados debe concederle el estatuto de asilado. Realmente no entiendo las razones de la persistencia de las autoridades búlgaras”, afirma Lilov.
Mientras tanto, Al Khalidi sigue amenazado de deportación a Arabia Saudí, a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo.
El 5 de febrero, la Agencia de Seguridad Nacional le notificó una orden de expulsión a la que ha recurrido.
En respuesta a las preguntas de grupos de derechos humanos y medios de comunicación locales sobre la situación de Al Khalidi, el Ministerio del Interior ha confirmado que esta orden no debe ejecutarse hasta que se resuelva definitivamente su situación de asilo.
Las organizaciones de derechos humanos que hacen campaña a favor de su liberación afirman que la expulsión de Al Khalidi infringiría las convenciones internacionales sobre refugiados y las obligaciones internacionales de Bulgaria sobre la no devolución.
Una ilegalidad particularmente grave debido al historial de Arabia Saudí en materia de derechos humanos y el trato documentado que dispensa a los disidentes políticos.
Esas organizaciones insisten en que el régimen saudí trata a los disidentes políticos con crueldad y crueldad.
“El régimen saudí trata muy duramente a los disidentes políticos. Si lo devuelven, Abdulrahman también se enfrentará a un trato muy duro”, afirmó Lilov, antes de reiterar que “Bulgaria debe darle asilo”.
El Ministerio del Interior búlgaro no respondió a las solicitudes de comentarios por parte de IPS sobre el caso del activista y disidente saudí.
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