WASHINGTON – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) denunció este martes 11 el peligro para la integridad y la vida de decenas de personas presas políticas en Nicaragua, y demandó su liberación inmediata.
Junto con su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, la Cidh expuso su preocupación “por la grave situación de las personas privadas arbitrariamente de la libertad en Nicaragua”, e instó a “garantizar su vida e integridad, así como a liberarlas de manera inmediata”.
La entidad interamericana indicó que “al 30 de abril de 2024, al menos 128 personas se encuentran privadas de la libertad arbitrariamente en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada desde 2018, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua”.
Agregó que de las señaladas por ese colectivo de organizaciones de la sociedad civil, “más de 30 personas cuentan con medidas cautelares o provisionales otorgadas por la Cidh y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
La Cidh recibió información sobre las deplorables condiciones de detención en Nicaragua, incluyendo la insalubridad en las celdas, la falta de acceso al agua potable, alimentación insuficiente e insalubre, y la falta de atención médica oportuna y especializada, así como a medicamentos.
Además, persisten denuncias de tratos crueles e inhumanos por autoridades penitenciarias y agresiones de personas presas comunes contra las que son identificadas como “presas políticas”.
Según el reporte, ese contexto y la detención prolongada están causando deterioro severo de la salud física y mental de las personas detenidas, especialmente de las personas adultas mayores, así como de aquellas con enfermedades crónicas o preexistentes a la prisión, colocando en grave riesgo su vida e integridad física.
En el Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres “La Esperanza” las condiciones de las mujeres serían aún más severas.
Hay denuncias sobre aislamiento prolongado, intimidación, agresión, amenazas y constantes interrogatorios por parte de autoridades penitenciarias, así como la falta de acceso a insumos de salud, higiene y aseo diferenciados.
Por ejemplo, Fátima Mejía Ruiz –integrante de la comunidad evangélica Puerta de la Montaña- no recibió atención en salud posnatal, tras haber dado a luz previamente a su detención, y se le obstaculizó que pudiera amamantar a su hija de pocos meses.
La Cidh expone que “persiste un patrón de restricciones arbitrarias para la autorización de visitas y la entrega de paquetería, alimentación y agua potable, que mantiene en zozobra e incertidumbre a las familias” de las personas detenidas.
También expuso su preocupación por el paradero y falta de información oficial sobre las detenciones del líder indígena Brooklyn Rivera -en septiembre de 2023-, del académico Freddy Quezada, arrestado en noviembre, y del joven poeta Carlos Bojorge, preso desde abril.
Sus casos “podrían constituir desapariciones forzadas a la luz del derecho internacional”, advirtió la Cidh, y urgió al poder nicaragüense a entregar información a los familiares de los detenidos.
Por otra parte, “persisten afectaciones al acceso a la justicia, a las garantías del debido proceso y al derecho a la defensa, en un contexto de completa ausencia de un sistema de justicia imparcial e independiente y el quebrantamiento del principio de separación de poderes”, dice la declaración.
Entre las afectaciones mencionó la restricción del acceso a expedientes, la denegación de la tramitación de recursos, el hostigamiento y amenazas contra representantes legales, y la realización de procesos judiciales de manera virtual y sin presencia de la defensa legal.
En general, observó “la instrumentalización del derecho penal para criminalizar el ejercicio pleno del derecho a libertad de religión, de reunión, de expresión y aquellos que hacen parte del espacio cívico”.
La relatoría destacó en ese contexto allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias contra de periodistas, artistas y académicos. El 19 de mayo de 2024 se informó la detención del periodista Orlando Chávez Esquivel, director del noticiero El Metropolitano, en la occidental ciudad de León.
Ese mismo día, el profesor y escritor Pedro Alfonso Morales Ruiz fue detenido en Telica como represalia por su participación en la presentación de un libro.
El periodista Víctor Ticay ha permanecido más de un año en prisión, condenado por el delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas”, luego de transmitir una celebración religiosa.
La Cidh y la relatoría urgieron al Estado a la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente desde el inicio de la crisis en 2018, e instaron a “cesar la persecución judicial y represión contra los diferentes actores de la sociedad civil, tanto en el entorno físico como digital”.
Nicaragua vive una crisis de derechos humanos y de cierre del espacio cívico acentuada desde la represión de las protestas populares de abril a julio de 2018, que dejaron más de 300 muertos según organizaciones humanitarias.
Desde entonces el gobierno del presidente Daniel Ortega, en el poder desde 2007, ha cerrado y proscrito a centenares de instituciones civiles, religiosas, de derechos humanos, de enseñanza, y medios de comunicación.
En febrero de 2023, expulsó hacia Estados Unidos a 222 presos políticos, y los despojó, junto a otro centenar de opositores, de la nacionalidad nicaragüense.
Ortega también rompió con la Organización de Estados Americanos (OEA), de cuyo sistema hace parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
A-E/HM
