NUEVA YORK – La vida, la salud y los ingresos de millones de personas están en riesgo en Paraguay debido a brechas profundas y desigualdades en el acceso al sistema público de salud, advirtió un nuevo informe de la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI).
Ana Piquer, directora para las Américas de AI, dijo que “el sistema público de salud está fallándole a todas las personas en el país, y es particularmente duro con grupos habitualmente discriminados, tales como mujeres trans y personas indígenas, quienes se enfrentan con múltiples barreras al intentar acceder a él”.
“Las autoridades paraguayas deben fortalecerlo y humanizarlo de manera urgente, a través de más y mejor inversión. El bienestar de más de cinco millones de personas depende de ello”, puntualizó Piquer.
El informe “La deuda de la salud” analiza la garantía de ese derecho en Paraguay, un país de 7,5 millones de habitantes, a partir de la situación del sistema público sanitario, y estudia las brechas de acceso a los servicios de salud.
Se centra en las dimensiones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, y calidad, con especial énfasis en la atención primaria a la salud porque ella es un elemento básico y obligatorio para todos los Estados parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual es parte Paraguay.
Sostiene que el país sudamericano no invierte el mínimo recomendado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para asegurar acceso a la atención médica para todas las personas, seis por ciento del producto interno bruto.
Paraguay ocupa los últimos lugares de inversión en salud, y ese desfinanciamiento “es grave en un país donde siete de cada 10 personas no tienen ningún seguro de salud y dependen del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para evitar gastos por enfermedad que comprometan su proyecto de vida”, dice el reporte.
AI utilizó estadísticas oficiales, indicadores internacionales en salud y desarrollo económico, 18 grupos focales en los que participaron 200 individuos y entrevistas en profundidad con personas impactadas por la precariedad del sistema de salud.
Por ejemplo, en una entrevista, Felipa (nombre modificado), les dijo que “no traté mi cáncer porque tenía que dar de comer a mis hijos y no podía dejar de trabajar. Si ahora tengo que elegir entre mi tratamiento y darles de comer, dejaré el tratamiento”.
Los ingresos de esa madre, habitante de un barrio periférico de Asunción, dependen de la venta de animales de granja, y con ellos enfrenta un cáncer de cuello uterino en estado avanzado.
El informe sostiene que la deuda del Estado con la salud de las personas paraguayas produce desigualdades que se expresan de distintas formas. En términos territoriales, la capital y zonas urbanas concentran la mayoría de la infraestructura y recursos frente al resto del país.
En términos poblacionales, la institución que atiende a más personas, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, recibe menos dinero por persona atendida que otras instituciones públicas.
Esas brechas se recrudecen considerando otros derechos relacionados: el informe identificó que la inseguridad alimentaria es mayor en hogares con menores de cinco años, y que es más probable que las personas sin seguro de salud tengan menos acceso a agua y saneamiento, lo cual las expone diferenciadamente a enfermedades.
Adicionalmente, existe una relación directa entre el estatus laboral y el acceso a un seguro médico. Las personas que se encuentran en situación de informalidad laboral suelen ser más vulnerables frente a emergencias médicas.
El trabajo informal suele ser feminizado -un porcentaje mayor de mujeres se encuentra en esa situación con respecto a los hombres- y la mayoría de esas personas se encuentran en los estratos de ingresos más bajos.
Las brechas para acceder a la salud se acentúan con la discriminación que frecuentemente viven las mujeres y personas indígenas. La inadecuada o falta de atención prenatal y frente a eventos obstétricos es una violencia que afecta directamente a las mujeres gestantes.
Asimismo, mujeres trans denunciaron a AI que padecen violencia transfóbica en los centros de salud por la falta de reconocimiento de su identidad de género, al punto de que algunas de ellas prefieren no acudir a las instituciones públicas, aún con enfermedades degenerativas.
Cifras del Instituto Nacional de Estadística indican que buena parte de las personas indígenas también desisten de la atención médica por falta de infraestructura en sus territorios o por los costos asociados a la atención, como la distancia física de los centros de salud o los frecuentes desabastecimientos de medicamentos o insumos.
Paraguay “es uno de los lugares más caros del mundo para enfermarse”, dice AI. Casi cuatro de cada 10 dólares del gasto anual en salud vienen directamente de los bolsillos de la gente por falta de abasto de medicamentos, insumos o atención.
AI recuerda que el derecho a la salud es un derecho humano reconocido por el derecho internacional y debe garantizarse sin discriminación. Eso implica que el Estado paraguayo debe adoptar todas las medidas necesarias para asegurar de forma gradual el acceso a los servicios de salud de todas las personas.
Según la organización, el urgente fortalecimiento del sistema sanitario público pasa, en buena medida, por implementar políticas fiscales progresivas que permitan una mayor y más justa recaudación de fondos públicos.
Recomienda considerar, entre otras, elevar el impuesto a la renta corporativa, fortalecer el combate a la evasión fiscal y gravar bienes con impactos directos sobre la salud de las personas, como tabaco, alcohol, alimentos con bajo aporte nutricional o bebidas azucaradas.
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